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Francisco Alabi: «Diputados dejarían al país sin Régimen de Excepción debido a que se irán de vacaciones»
El ministro de Salud, Francisco Alabi, lamentó que la Asamblea Legislativa no haya aprobado aún la propuesta de implementar un Régimen de Excepción para cumplir una cuarentena estricta por 15 días que permita aplanar la curva de casos positivos de COVID-19 en El Salvador.
El próximo miércoles los legisladores podrían mantener al país sin herramientas legales para enfrentar los efectos del nuevo coronavirus, dado que se celebra la última plenaria previo a las vacaciones agostinas.
“El 52% de los casos registrados hasta la fecha, se originaron desde que la Asamblea y la Sala de lo Constitucional quitaron las herramientas legales al ejecutivo para combatir la enfermedad”, señaló el funcionario.
La iniciativa de Régimen de Excepción, propuesta por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, se presentó hace más de un mes, el miércoles 24 de junio, para dar cumplimiento a una resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que le ordenó al órgano Ejecutivo presentar una propuesta, y al Legislativo avalar una normativa para seguir enfrentando la pandemia del nuevo coronavirus, que ha afectado a todos los países del mundo.
Es de destacar la celeridad con la que los diputados de la subcomisión política han evacuado la ronda de entrevistas de los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas; mientras que, en un tema de máxima urgencia como es la lucha contra el COVID-19, los legisladores han mostrado desinterés y falta de prioridad.
Alabi ha denunciado que el mayor número de casos de COVID-19 se ha reflejado tristemente en los hospitales nacionales. Destacó que durante la presente semana, por 3 días se registraron máximos picos consecutivos de la pandemia: el domingo 19 de julio se registraron 375 casos; el lunes 20 subió a 375 y el martes 21, las pruebas del Ministerio de Salud sumaron 393 salvadoreños.
Para el miércoles 21 de julio el país rompió la barrera de los cuatrocientos casos: 402 infectados. El jueves recién pasado fueron 415 y el viernes fue el día con mayor registro de contagios en el país, con 429 positivos.
Seis días en los que se rompió récord de contagios de forma consecutiva. El balance total en los siete días es de 2,784 casos positivos, la semana con mayor número de víctimas desde que se registró el primer caso en El Salvador.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
