La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.

La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.

Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.

Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.

El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.

La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.

Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.

La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.

El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.