Judicial
Fiscal general solicita desaforar al diputado Norman Quijano
Foto: Cortesía
El fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, ha presentado un escrito en la Asamblea Legislativa que retire el privilegio del fuero al prófugo diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano.
En la actualidad Quijano enfrenta un juicio por negociaciones ilícitas y fraude electoral, por comprar votos de los pandilleros en las elecciones presidenciales de 2014.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) advierte que esta es la segunda solicitud de este tipo que se hace contra Norman Quijano.
En el año 2020 “la anterior legislatura determinó que no había lugar a formación de causa en su contra”, ha recordado el fiscal general Rodolfo Delgado.
La semana pasada Norman Quijano ha juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (PALACEN) de forma virtual, ya que se niega a salir de Honduras.
Minutos después, con 60 votos a favor los diputados modificaron la agenda de la sesión plenaria para incorporar la citada solicitud
A 12 años de prisión fueron condenados Tomás Quintanilla Brizuela y Domingo Najarro Domínguez por intentar asesinar a un menor de edad.
La pena se las impuso el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, tras revisar la prueba presentada por la Fiscalía General de la República durante en la vista pública.
El hecho ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2023, en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima, con régimen de protección, recibió una golpiza después de asistir a una fiesta bailable.
Los agresores en estado de ebriedad, se fueron con la víctima hacia una tienda del sector donde la atacaron, el día siguiente, al llegar a su vivienda, el adolescente fue llevado a un hospital para que fuera atendido por la gravedad de las lesiones, sobre todo en el abdomen.
El juicio contra nueve integrantes de la clica y programa Hollywood de la MS, procesados por el delito de feminicidio agravado, inició este sábado, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, el 12 de octubre de 2021 los imputados citaron a la víctima a un inmueble ubicado en el cantón Las Pilas, en San Ignacio, Chalatenango. En ese lugar, presuntamente la acusaron de ser informante de las autoridades.
Según el fiscal del caso, la mujer fue agredida verbal y sexualmente y posteriormente estrangulada. La investigación también establece que los imputados arrojaron el cadáver a un pozo de la localidad, donde fue encontrado por las autoridades tres días después.
La Fiscalía indicó que cuenta con prueba documental, pericial y testimonial para sustentar la acusación, incluyendo declaraciones de varios testigos. Uno de ellos habría identificado la participación de los procesados en los hechos.
De los nueve imputados, siete se encuentran presentes en la vista pública: Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Yonathan Armando Ardón Rivera, Víctor Manuel Rivera Vásquez y José Ignacio López Vásquez.
La institución señaló que estos dos últimos también enfrentan cargos por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Asimismo, Óscar Arnoldo Huezo Mena, alias “Chiva”, y Giovanny de Jesús Vásquez Chavarría, alias “Curra”, fueron declarados rebeldes en el proceso y son procesados por los mismos delitos adicionales.
La representación fiscal informó que solicitará las penas máximas de prisión para los nueve acusados. La vista pública continuará el lunes con la declaración de otros testigos.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
