ENTREGA ESPECIAL
Justicia Española condena a excoronel salvadoreño a 133 años de cárcel por matanza de jesuitas
El Tribunal Supremo de España ha confirmado la condena a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, lo que califica de “crimen de Estado”.
Apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional condenase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la sentencia sobre lo que denomina “auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado”.
De 78 años y con un delicado estado de salud, Montano fue condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista, los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba; y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos.
A más de 31 años de la matanza
La sentencia, que llegó más de 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, al que formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.
Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el Alto Mando decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.
Siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides -único condenado en El Salvador- de ejecutar al jesuita “sin dejar testigos vivos de ello”, y pusieron bajo su mando a cuarenta soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de los Estados Unidos, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor.
Fue, deja claro el Supremo, una decisión “tan grave” como la de “ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado”, es decir, se adoptó “desde el poder establecido y utilizando ‘las armas del poder’ frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública” y que “nada pudieron hacer para defenderse”.
En el fondo subyacía el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil, que les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocó especialmente en la figura de Ellacuría.
Como ocurrió con la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ha dictado una contundente sentencia donde afirma que el Alto Mando utilizó “el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado”.
Pero en realidad -prosigue- lo que se perpetró fue “un auténtico asesinato con modalidad amparada en el ‘terrorismo de Estado’ para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo ‘crímenes de Estado’”.
Fue “un acto alevoso tendente a asegurar el crimen y a evitar cualquier opción de defensa” desde el mismo momento en que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas “participó en la decisión de ordenar” asesinar tanto a Ellacuría como a los que se encontrasen allí, sin importar quienes, para que no hubiera testigos.
Las víctimas, que se encontraban durmiendo cuando fueron a asesinarlas, no tuvieron ninguna capacidad de defensa. No eran parte del conflicto armado, subraya el Supremo, de modo que el crimen “fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado” contra su vida “pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna”.
El tribunal destaca que Montano, en prisión desde 2017, estuvo presente en todas las reuniones donde se decidieron los asesinatos y señala que los cuerpos de seguridad dependían directamente de él, al tiempo que rechaza que concurra la eximente de estado de necesidad o miedo insuperable.
Mientras, en El Salvador la Corte Suprema ha cerrado recientemente la causa penal contra el resto de los autores intelectuales a los que señala la sentencia española -dictada en virtud del principio de justicia universal-. La Fiscalía ha recurrido la decisión y ha pedido la recusación de los magistrados que acordaron el archivo.
En medio de los escombros y la tragedia en Cali, una historia de esperanza conmovió a la comunidad luego de que Bomberos de Cali rescataran con vida a un perrito que permaneció atrapado durante más de 24 horas.
De acuerdo con el relato, al sentir la presencia de los rescatistas, el animal comenzó a ladrar repetidamente, como si intentara alertarlos de que se encontraba bajo los escombros y necesitaba ayuda.
Los equipos de rescate, junto con miembros de la comunidad, trabajaron para llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado y finalmente lograron sacarlo con vida y ponerlo a salvo.
La mirada del perrito, marcada por el miedo, pero también por la esperanza, se convirtió en uno de los momentos que recuerdan que, en medio de una tragedia, cada vida importa.
El animal permaneció más de 24 horas entre los escombros antes de volver a estar a salvo y recibir nuevamente el contacto de las personas que participaron en su rescate.
ENTREGA ESPECIAL
De fuente protegida de El Faro a capturado: cae “Little Man”, pandillero que acusó a Bukele de pactos con la 18
Remberto Ismael Colindres Rajo apareció en una investigación periodística haciendo graves señalamientos sobre supuestos acuerdos políticos con pandillas. Más de un año después, fue localizado en México y trasladado nuevamente a El Salvador. Su captura ha reabierto una polémica que ahora también alcanza al papel de los periodistas que lo entrevistaron.
La historia de Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, dio un giro que difícilmente pasará inadvertido en la discusión política salvadoreña. El hombre que en 2025 apareció como una de las fuentes utilizadas para sostener explosivas acusaciones sobre supuestos pactos entre políticos y la Pandilla 18 fue localizado en México y terminó nuevamente bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que Colindres Rajo, de 37 años, se encontraba entre cinco salvadoreños entregados por autoridades mexicanas en la frontera de El Carmen, San Marcos. La institución guatemalteca los identificó como presuntos integrantes de estructuras de pandillas y posteriormente los trasladó hacia la frontera con El Salvador. En el caso de “Little Man”, Guatemala indicó que registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.
Pero el nombre de Colindres Rajo ya había trascendido mucho antes de esta operación.
En 2025, “Little Man” apareció como fuente en una investigación difundida por El Faro y N+ Univision sobre presuntos acuerdos entre dirigentes políticos y miembros de la Pandilla 18. En aquel trabajo, el pandillero sostuvo que la estructura criminal había utilizado su control territorial para presionar a comunidades y conseguir respaldo electoral para Nayib Bukele durante su ascenso político.
Su testimonio fue particularmente polémico. “Little Man” afirmó que desde la estructura se giraban instrucciones para obligar a familiares y habitantes de comunidades controladas por la pandilla a votar por Bukele bajo amenazas. También aseguró que durante determinados períodos existió un entendimiento para reducir enfrentamientos y que Carlos Marroquín, funcionario vinculado a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, habría tenido contacto con integrantes de la organización. Bukele negó públicamente aquellas acusaciones.
El personaje utilizado como fuente tampoco fue presentado por los propios reportajes como un ciudadano ajeno a las estructuras criminales. Publicaciones de la época describieron a “Little Man”, también identificado con el alias “Tasmania”, como un integrante con peso dentro del Barrio 18 y señalaron que su rostro y ubicación no serían revelados durante la publicación del material.
Ese detalle cobra una dimensión distinta después de su captura.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó la detención para atacar directamente al medio que entrevistó al pandillero. El funcionario lo describió como uno de los sujetos a los que El Faro habría dado espacio en sus investigaciones y fue todavía más lejos: afirmó que periodistas involucrados en el reportaje supuestamente ofrecieron gestionar para Colindres Rajo asilo y tranquilidad en México a cambio de su participación.
Precisamente ahí aparece la nueva controversia.
Una cosa es que un periodista proteja la identidad o ubicación de una fuente —una práctica utilizada habitualmente cuando revelar esa información puede poner en peligro a quien proporciona datos— y otra muy distinta sería colaborar activamente para que una persona requerida por la justicia escape de las autoridades. La primera pertenece al terreno de la protección de fuentes; la segunda, de comprobarse, plantearía cuestionamientos de naturaleza completamente diferente. Por ahora, la acusación pública del ministro no permite confundir ambas situaciones.
La captura también coloca bajo una nueva lupa las declaraciones que “Little Man” realizó en 2025. Haber sido detenido o poseer antecedentes no demuestra por sí solo que aquello que declaró fuera falso; del mismo modo, que haya participado como fuente tampoco convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos comprobados. Su testimonio debía ser —y continúa debiendo ser— evaluado frente a documentos, otras fuentes y evidencias independientes.
El caso resulta todavía más explosivo porque El Faro ha publicado durante años investigaciones sobre supuestas negociaciones entre distintos gobiernos salvadoreños y estructuras criminales. En 2021, por ejemplo, el medio publicó información basada en documentos de una investigación de la Fiscalía denominada “Catedral”, en la que se señalaban reuniones entre funcionarios y representantes de las principales pandillas dentro de centros penitenciarios.
Ahora, sin embargo, uno de los hombres que apareció contando desde adentro su versión sobre esos supuestos entendimientos ya no está oculto ni fuera del alcance de las autoridades salvadoreñas.
“Little Man” pasó de fuente protegida a detenido.
Y con su regreso a El Salvador se abre una interrogante que probablemente continuará alimentando el enfrentamiento entre el Gobierno y uno de sus medios más críticos: ¿la captura servirá únicamente para procesar al presunto pandillero por los delitos que las autoridades le atribuyen, o también permitirá comprobar —o desmontar— algunas de las acusaciones que durante meses colocaron su testimonio en el centro de la tormenta política?
Por ahora hay una certeza: el hombre cuya identidad y ubicación fueron protegidas mientras hacía acusaciones capaces de sacudir al poder político salvadoreño ya está en manos de ese mismo Estado.
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Cinthya, una joven que venció el cáncer gracias al apoyo de la fundación donde era voluntaria
Hasta hace unos meses, Cinthya García dedicaba parte de su tiempo a acompañar y orientar a personas con cáncer como voluntaria de la Fundación Edificando Vidas. A sus 24 años, la residente de Soyapango y estudiante de Relaciones Públicas y Marketing conocía de cerca las historias de quienes enfrentaban la enfermedad, pero nunca imaginó que ella también recibiría ese diagnóstico.
«Me diagnosticaron cáncer de ovarios germinal. Este es un cáncer más que todo hormonal. Cuando recibí el diagnóstico fue tan de la nada, nunca me imaginé que me iban a decir eso», relató Cinthya.
La joven recordó que el primer síntoma que notó fue un inesperado brote de acné. Posteriormente, el tratamiento que recibió para esa condición le provocó gastritis, por lo que acudió a otros especialistas. Tras varias consultas y exámenes, fue diagnosticada con cáncer de ovarios germinal.
«Cuando recibí la noticia de que yo tenía cáncer fue un golpe realmente muy fuerte», expresó.
Cinthya señaló que inicialmente dudó en someterse a la cirugía y al tratamiento. Sin embargo, aseguró que encontró el apoyo necesario en la misma fundación donde colaboraba como voluntaria.
«Al principio pensé en no hacerlo, pero gracias a Marcella Carrillo, fundadora de Edificando Vidas, pude tener valor de someterme al tratamiento. Cuando me operaron, el cáncer ya estaba en etapa dos», contó.
La joven afirmó que el proceso no fue fácil, ya que recibió quimioterapia y experimentó el agotamiento físico y emocional que anteriormente había escuchado describir a otros pacientes. Además, indicó que uno de los momentos más difíciles fue aceptar la caída del cabello.
«Aprendí a tener más seguridad conmigo misma porque como mujer es un choque muy impactante que te digan que se te va a caer el pelo. Marcella siempre estuvo guiándome y diciéndome que el cabello no me define», manifestó.
La Fundación Edificando Vidas brinda atención integral a pacientes con todo tipo de cáncer y desarrolla iniciativas orientadas a promover la detección temprana, así como el acompañamiento durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
Entre los servicios que ofrece se encuentra una clínica especializada en diagnóstico temprano de cáncer. Además, proporciona apoyo emocional a pacientes y sus familias, ofrece apoyo espiritual e impulsa una clínica móvil de tamizaje y educación sobre el cáncer, la cual se desplaza a comunidades rurales y de difícil acceso para realizar pruebas de detección temprana y jornadas de sensibilización.
Con información de Diario El Salvador.
