ENTREGA ESPECIAL
A Esmeralda le robaron su inocencia y quedó embarazada; mientras «El Moro», el hombre que la violó sigue libre porque nunca lo denunciaron, por ignorancia; y para el sistema de salud, la menor nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más
Esmeralda, una niña de 14 años de edad a quien le arrebataron su inocencia y su virginidad, descubrió que estaba embarazada cuando la familia la llevó al centro de salud que está a la vuelta de su casa, ellos lo descubrieron por lo abultado de su vientre, pero nadie se sorprendió.
Ninguno de los médicos o enfermeras se detuvo a observar los detalles del embarazo. Nadie dio importancia a su retraso cognitivo y de aprendizaje, tampoco se fijó en la talla de la niña: mide un metro con 32 centímetros, pesa 37 kilos; la pequeñez de su cabeza y sus manos dan la apariencia de tener menos edad, pero ninguno observó la desnutrición ni su contexto de pobreza.
Nadie se cuestionó si una niña como Esmeralda decidió su embarazo o era víctima de violación. Era la primera consulta y tenía 20 semanas de gestación.
Del centro de salud la remitieron al hospital Donato Alarcón por el alto riesgo que representaba su estado de gravidez. Cuando llegó ahí, Esmeralda comenzó su control prenatal, y otra vez ninguno de los médicos y/o trabajadoras sociales observó los detalles de su embarazo.
La familia de Esmeralda la integran sus abuelos, su madre Rosa Elena y sus hermanos Margarita, de 14 años, y Vinicio, de 11. Todos son analfabetas.
Del agresor
“El Moro”, es el apodo de aquel hombre que violó a Esmeralda, la niña de 14 años. Era del pueblo donde viven la niña y su familia.
Cada que quería llegaba a la casa de Esmeralda y amenazaba con que se la llevaría. Una vez lo intentó. Los abuelos la escondieron y le prohibieron que se le acercara. Entonces amenazó con que si le negaban verla los mataría o los enterraría vivos.
Los abuelos le dijeron a Rosa Elena, la madre de Esmeralda, que tenía que irse de la casa y del pueblo para evitar que El Moro cumpliera su amenaza.
Rosa Elena buscó opciones, pero no tuvo dinero para sobrevivir sola con sus hijos, tampoco encontró refugio con un familiar, así que se quedaron, sin saber cuál sería su destino.
Cuando Esmeralda estaba embarazada, ninguno de los médicos dio importancia a su retraso cognitivo ni a que medía 1.32 metros y pesaba 37 kilos
Una tarde de marzo de 2018, en la casa estaban sólo Esmeralda y sus dos hermanos menores, Vinicio y Margarita. Se estaba bañando cuando El Moro llegó, fue al baño y se la llevó.
Vinicio corrió a buscar ayuda. Encontró a un primo. Fueron a buscarla por el rumbo que tomó El Moro. No tardaron: los hallaron en una barranca cercana. El hombre violaba a Esmeralda.
Vinicio y su primo le tiraron piedras hasta que la dejó. El Moro huyó y dejó a Esmeralda tirada en la barranca, desnuda y temblando.
Vinicio tiene muy nítida la escena. No la olvida. Esmeralda, en cambio, nunca ha podido contar lo que pasó.
Vulnerables
Para el sistema de salud en Guerrero, Esmeralda nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más. La médica Cristina Romero fue quien notó la vulnerabilidad de la niña.
Cristina formaba parte del equipo de Médicos Sin Fronteras que ofrecía ayuda a mujeres violentadas en el hospital de Renacimiento. El caso de Esmeralda llamó su atención. Hizo lo que otros ignoraron: observó su vulnerabilidad.
A dos años de haber sido víctima de abuso, la adolescente sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima.
Intentó acercarse a Esmeralda, no quiso hablar, entonces lo hizo con Rosa Elena, quien le contó lo que hizo El Moro con su hija.
La atendió para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual. Después le explicó a la madre que la menor necesitaba atención sicológica y médica, también le habló de la interrupción del embarazo. Rosa Elena descartó la posibilidad; ella —dijo— no sería capaz de “matar” a su nieta.
Cristina descubrió que en el control prenatal les realizaron ultrasonidos, y en alguna ocasión a las dos las dejaron escuchar el latido del corazón de la niña. Eso, dice Cristina, estableció un lazo sentimental.
En el sistema de salud en Guerrero hay resistencia para aplicar la interrupción del embarazo, incluso, en casos de violación, pese a la vigencia de la Norma Ocial Mexicana para la violencia familiar, sexual contra las mujeres, (NOM046).
La norma indica que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de servicios médicos deberán interrumpir el embarazo.
El problema, dice Cristina, es que muchos médicos no están capacitados para aplicar el precepto y han normalizado la violencia contra la mujer.
“Muchos ven normal que una niña se embarace de un hombre mayor, justifican que son usos y costumbres”, comenta Cristina.
Además, señala, hay médicos que prefieren acatar el Código Penal de Guerrero, que condiciona la interrupción de embarazo por violación, a la autorización de un Ministerio Público (MP).
El problema de violencia sexual contra mujeres en Guerrero es profundo.
En 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 345 denuncias por violación. Una mujer fue violada al día.
Esmeralda estudió hasta quinto de primaria, pero la sacaron por inquieta, dice su madre; mientras que su hermano Vinicio quiere estudiar la secundaria.
Para las niñas es más agudo. En octubre de 2019, Inmujeres reportó que en México 11 mil menores de 14 años se convertían en madres al año; 32 menores se embarazaban al día. La mayoría, dijo el instituto, producto de violación.
En 2017, la OCDE colocó a México en el primer lugar en abuso sexual, violación y homicidios contra los niños y niñas: registró 4.5 millones de menores violentados.
La cifra puede ser mucho mayor mucho En México el principal violador de los niños y niñas está en su círculo íntimo: son los papás, tios, primos, y esas agresiones casi no se denuncian.
Cadena de desamparo
La familia de Esmeralda la integran su madre, Rosa Elena, de 37 años, y sus hermanos Margarita, de 14, y Vinicio, de 11. Los cuatro tienen discapacidad intelectual. Ninguno sabe leer ni escribir. Todos tienen problemas de desnutrición y viven en la casa de los abuelos.
La vivienda es un cuarto de ocho por cuatro metros. Una parte del techo es de lámina de cartón, otra de bolsas de plástico. No tienen cocina ni refrigerador. Cuentan con dos camas para todos.
Se mantienen con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador, pero no es suficiente.
Otra parte del ingreso lo obtienen de los programas sociales que reciben los niños y Rosa Elena, pero hay riesgo de que se los quiten porque los menores dejaron la escuela.
Vinicio quiere estudiar la secundaria; Rosa Elena no lo inscribió porque no pudo pagar las cooperaciones, los útiles y los uniformes, aunque se sincera: tampoco iba a poder pagar los pasajes.
Hay otra razón importante: Vinicio no sabe leer ni escribir.
Esmeralda estudió hasta el quinto grado de primaria. Su madre dice que la sacaron porque era muy inquieta y la mandaron a terapias psicológicas.
A las sesiones fue un tiempo, después ya no se pudo, pues llevarla costaba 200 pesos, así que no titubearon en decidir entre las terapias o la comida.
La familia vive con los abuelos desde hace cuatro años, cuando Rosa Elena decidió dejar a su esposo. El hombre no trabajaba y casi siempre que llegaba borracho la golpeaba. Huyó cuando la familia de su esposo lo ingresó a un centro de rehabilitación.
Desde hace cuatro años la familia de Esmeralda se fue a vivir con sus abuelos porque Rosa Elena, la madre, sufría violencia por parte de su esposo
La historia de Rosa Elena también es de violencia y violación: su esposo se la robó, se la llevó a vivir con él y la puso a trabajar en una cantina.
En estos tres años, los abuelos se han hecho cargo de los cuatro, pero la abuela ya se va porque su esposo la maltrata.
Piden alerta de género
Viridiana Gutiérrez es la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero. Desde hace años centra su energía para que se homologue el artículo 159 del Código Penal con la NOM046.
El año pasado, el Observatorio solicitó la segunda Alerta de Género en Guerrero, esta vez, por agravio comparado, para que las autoridades homologuen el código con la norma. La alerta fue admitida, pero las reformas no llegan.
Hace dos años, propusieron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pinto, que dé certeza jurídica a los médicos para aplicar la NOM046 ante el temor de meterse en problemas legales, con una circular en la que autorice la interrupción del embarazo.
“Nosotros hemos dicho que apliquen el criterio pro-persona, que cuando se cruzan dos leyes, se le dé preferencia a la ley que más protege a las personas. Es decir, si el Estado no pudo evitar que las violaran, por lo menos que las atienda adecuadamente”, dice Viridiana.
En octubre de 2017 entregaron al funcionario la circular redactada para que sólo fuera firmada, incluso, ofrecieron capacitar al personal de salud de forma gratuita. Siguen sin respuesta.
De parte del secretario han encontrado resistencia. Viridiana cuenta cómo en un taller que impartían a personal de salud le explicaron la necesidad de rmar la circular. El secretario se negó: “En Guerrero no se hacen abortos si no vienen con denuncia”, recuerda la respuesta del funcionario.
Hasta ahora, pese a que está activa la segunda Alerta de Género, lo que han logrado es que en Guerrero apliquen la NOM046 dos hospitales, el Donato Alarcón, en Acapulco, y el Raymundo Abarca, en Chilpancingo.
Esto, dice Viridiana, es importante pero insuficiente: de 81 municipios que tiene Guerrero, sólo en dos se aplica la norma; y población, como la indígena, sigue sin ese derecho.
La familia se mantiene con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador. Vinicio ayuda en la recolección.
La resistencia no sólo es del Sector Salud, también de los ministerios públicos. Viridiana recuerda el caso de una chica de 16 años que fue violada en el municipio de Ometepec. Decidió abortar y junto con sus padres asistió al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.
La agente trató de convencerla y puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó: si descubrían que no fue violada la iban encarcelar. Tras la autorización, la agente envió patrullas al domicilio de la chica hasta que se realizó la interrupción.
“En estos dos años, el Estado es el responsable de que niñas y mujeres estén pariendo hijos de sus violadores”, reclama Viridiana, y añade que es importante la aplicación de la norma porque eso implica que el Estado asume la reparación del daño de las mujeres violadas.
En Guerrero, que las mujeres violadas queden embarazadas es una realidad y eso lo sabe la Secretaría de Salud.
A través de una solicitud de información, la dependencia informó que en hospitales y centros de salud de Guerrero, en 2019 se realizaron 29 interrupciones de embarazo, nueve fueron niñas de entre 13 y 17 años.
Las 29 mujeres fueron violadas.
Niña dando a luz en su casa
Eran las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 2018. Esmeralda comenzó a sentir dolores, estaba en trabajo de parto. Despertó a su mamá y a su abuela. Las dos ayudaron a Esmeralda, quien se convirtió en madre a los 14 años.
Rosa Elena tomó a Esmeralda y a la niña, salieron caminando a la carretera federal Acapulco-Oaxaca para encontrar un taxi que las llevara al hospital. Era urgente: Esmeralda tenía una crisis de pulmonía y la bebé se ponía “morada”. Las dos niñas estuvieron internadas cuatro días.
El último día, los médicos informaron a Rosa Elena que su nieta había muerto. Murió, según el acta de defunción, de un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Tenía 27 semanas de gestación. Midió 37 centímetros y pesó un kilo 185 gramos. La nombraron Karla.
Los médicos también pidieron que buscara una funeraria. La mujer no contaba con el dinero para ese servicio.
Médicos y trabajadores se cooperaron para pagarle un taxi que las llevara hasta su casa de forma clandestina. Rosa Elena, Esmeralda y la niña salieron por la puerta trasera del hospital.
A dos años, Esmeralda sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima. Rosa Elena aún piensa que iba a “sacar adelante” a su nieta, pese a la pobreza en la que viven. El Moro sigue libre porque nunca lo han denunciado.
Por: Arturo de Dios Palma/El Universal,México/GDA
ENTREGA ESPECIAL
Abogados denuncian presunta injerencia de juez de EE. UU. en proceso penal de El Salvador
Representantes legales vinculados a Terra Towers y TBS Management solicitaron la intervención de la Fiscalía y Cancillería ante decisiones del juez federal Lewis A. Kaplan que, según sostienen, han producido efectos sobre actuaciones judiciales y bienes relacionados con un proceso penal abierto en territorio salvadoreño.
Abogados acuden a Fiscalía y Cancillería
Dos abogados salvadoreños acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la intervención de ambas instituciones frente a una serie de decisiones adoptadas por el juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantearon mediante escritos formales lo que consideran una injerencia en la jurisdicción salvadoreña, al sostener que determinadas resoluciones dictadas en Estados Unidos han terminado repercutiendo sobre procedimientos judiciales que se desarrollan en El Salvador.
La controversia forma parte de una prolongada disputa empresarial por el control y eventual venta de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura de telecomunicaciones en varios países de América Latina.
Documentos del tribunal federal estadounidense identifican a Terra Towers y TBS Management como accionistas mayoritarios de Continental, mientras que Telecom Business Solution y Latam Towers —vinculadas a Peppertree— y AMLQ Holdings figuran entre los inversionistas minoritarios. El mismo expediente señala que AMLQ es una afiliada de Goldman Sachs.
Una disputa empresarial que llegó a los tribunales
El conflicto entre los socios terminó trasladándose a un arbitraje en Nueva York y posteriormente a los tribunales estadounidenses. Desde entonces, las partes han protagonizado una extensa batalla jurídica que ha producido laudos arbitrales, órdenes judiciales, sanciones por desacato y decisiones relacionadas con el control y las acciones de Continental Towers.
La protesta presentada en El Salvador sostiene que las consecuencias de algunas de esas decisiones habrían trascendido la controversia estadounidense y alcanzado a sociedades y procedimientos sometidos a la jurisdicción salvadoreña.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una resolución emitida en abril de 2025. Según los escritos de los abogados, Kaplan dispuso el desistimiento de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, además de la revocación de un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria del país.
La medida contemplaba multas coercitivas que comenzaban en $10,000 diarios y podían incrementarse cada 14 días mientras persistiera el incumplimiento. Los representantes legales salvadoreños sostienen que esa presión económica llevó a la representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
El traspaso de las acciones eleva la controversia
El conflicto escaló nuevamente en 2026.
De acuerdo con la documentación presentada por los abogados, el 21 de enero de 2026 se produjo una nueva decisión relacionada con la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings.
Posteriormente, el 7 de mayo, Kaplan declaró en desacato a las sociedades y estableció un plazo para concretar el traspaso. Ante el incumplimiento de la orden, el secretario del tribunal estadounidense quedó facultado para ejecutar los documentos necesarios para efectuar la transferencia.
Esta parte del conflicto también consta en el expediente federal de Nueva York. La resolución del 7 de mayo señala que Terra Towers y TBS Management habían incumplido una orden que exigía transferir sus acciones como satisfacción total o parcial de una sentencia superior a $300 millones a favor de los peticionarios. El tribunal estadounidense sostiene que las sociedades habían desobedecido reiteradamente resoluciones anteriores.
Esta última precisión resulta relevante porque muestra las dos posiciones enfrentadas: mientras los representantes salvadoreños cuestionan los efectos que las decisiones estadounidenses habrían producido sobre asuntos sometidos a la justicia de El Salvador, el tribunal de Nueva York sostiene que sus actuaciones forman parte de la ejecución de laudos arbitrales y sentencias previamente dictadas dentro de esa controversia.
Denunciantes señalan efectos sobre un proceso penal salvadoreño
Para los abogados que acudieron a la FGR y Cancillería, el problema adquiere una dimensión mayor porque el traspaso de las acciones habría generado consecuencias sobre bienes relacionados con un proceso penal que permanece activo en El Salvador.
El expediente es conocido por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye señalamientos por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas contra cinco personas relacionadas con la disputa empresarial, según la documentación proporcionada por los denunciantes.
Los representantes legales afirman que existen órdenes de arresto contra los procesados y señalan que entre ellos figuran tres ejecutivos estadounidenses relacionados con Peppertree, a quienes describen como fugitivos. Asimismo, indican que esperan la tramitación de una difusión roja de INTERPOL para su localización y detención. La documentación base no señala que esa difusión roja ya haya sido emitida.
Terra Towers, TBS Management y las subsidiarias salvadoreñas aparecen, de acuerdo con los escritos, como víctimas reconocidas dentro de esa causa penal.
Piden valorar una protesta diplomática
Ante este escenario, los abogados solicitaron que las autoridades salvadoreñas informen al Gobierno de Estados Unidos sobre las actuaciones que cuestionan y que se valore la presentación de una protesta diplomática.
El argumento central de los denunciantes es que las resoluciones adoptadas por el tribunal de Nueva York podrían reducir la eficacia práctica de medidas dictadas por la justicia salvadoreña, especialmente aquellas relacionadas con consecuencias patrimoniales dentro del proceso penal.
El caso abre así un nuevo capítulo en una disputa corporativa que dejó de limitarse hace tiempo a un desacuerdo entre accionistas. El conflicto involucra ahora arbitraje internacional, resoluciones de una corte federal estadounidense, procedimientos judiciales en El Salvador y cuestionamientos sobre hasta dónde pueden extenderse los efectos de decisiones adoptadas en una jurisdicción extranjera.
Por ahora, la calificación de estas actuaciones como una “injerencia” corresponde a los abogados que presentaron los escritos ante las autoridades salvadoreñas. En paralelo, el expediente estadounidense muestra que el tribunal de Kaplan considera sus decisiones parte de la ejecución de obligaciones contractuales, laudos arbitrales y sentencias que ha confirmado durante el litigio. En junio de 2026, el mismo tribunal confirmó el laudo arbitral final y rechazó la solicitud presentada para anularlo.
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Marbeli, la niña que enseñó que los sueños también se caminan de la mano de papá
El 15 de septiembre de 2026, entre música de bandas y celebraciones por la Independencia, Marbeli protagonizó una escena que conmovió las redes sociales. Vestida de cachiporra, avanzaba acompañada por su padre, quien la sostenía para que pudiera participar junto a sus compañeras. Las imágenes se viralizaron y despertaron el interés por conocer a aquella niña. Detrás del momento había una decisión muy suya: quería desfilar, y estaba dispuesta a prepararse para hacerlo.
Dos días después, el 17 de septiembre, nuestro equipo fue a buscarla en Ciudad Arce. El Colegio Reforma y su banda habían sido invitados a participar en un nuevo desfile, y aprovechamos la ocasión para conocer a Marbeli, a sus padres y a su instructora. Allí descubrimos una historia que merecía contarse más allá del video viral: la de una niña que reconoce sus propios avances y encuentra alegría en cada nueva experiencia.
«Siento que voy avanzando un paso más», Marbeli, estudiante y cachiporra del Colegio Reforma.
Su deseo de desfilar nació al observar a otras niñas realizar sus pasos. Marbeli quiso estar allí también y se lo pidió a su papá. Miguel Ángel Ramírez contó que no quería responderle con un no, pero necesitaba encontrar una manera de acompañarla tomando en cuenta sus necesidades. Habló con su esposa y consultaron con la fisioterapeuta. Consideraron alternativas, escucharon la insistencia de su hija y buscaron cómo prepararla. Después, al recordar los aplausos que recibieron durante el recorrido, describió lo que había sentido:
«Sinceramente, muy emotivo, muy alegre», Miguel Ángel Ramírez, papá de Marbeli.
Para Guadalupe Haydee Guevara, su mamá, acompañar ese deseo también significó organizar el tiempo y pensar en los apoyos necesarios. Marbeli tiene una rutina que incluye escuela, terapias y actividades de iglesia; incorporar la preparación del desfile requería dedicación. Su testimonio permitió conocer el trabajo que las imágenes virales apenas muestran: los horarios, los traslados y las decisiones de una familia que busca dar espacio a las aspiraciones de su hija.
«Se piensa primero cómo hacerlo», Guadalupe Haydee Guevara, mamá de Marbeli.
En esa preparación estuvo Adriana Bautista, conocida por Marbeli como Adri, instructora de cachiporras del Colegio Reforma. Ella explicó que se organizó con la mamá para realizar los ensayos. En el reportaje también la vemos peinar y maquillar a su alumna, compartiendo los preparativos de la presentación. Al hablar de sus cualidades, Adriana destacó su sonrisa y esa vitalidad que la acompaña. Marbeli, por su parte, reconoció en su instructora a alguien que la ayuda y la motiva.
«Siempre está con una energía increíble», Adriana Bautista, instructora de cachiporras del Colegio Reforma.
Durante el nuevo recorrido, Marbeli volvió a compartir las calles con sus compañeras, acompañada por sus padres y entre muestras de cariño del público. Sin embargo, su historia también abre una conversación sobre las oportunidades para participar. Miguel Ángel señaló que todavía existen barreras de accesibilidad y que la inclusión exige que el entorno responda a las necesidades de las personas con discapacidad. Su acompañamiento expresa amor familiar; su reflexión recuerda que las familias también necesitan condiciones que faciliten ese camino.
Marbeli tiene más sueños: durante la entrevista habló de ser actriz y pintora. El desfile es parte de una infancia con intereses, deseos y mucho por descubrir. Por eso, al recordarla como la princesa del 15 de septiembre, vale la pena escuchar lo que ella misma dice sobre su experiencia: siente que está avanzando. Su padre le ofrece las manos, su madre organiza y acompaña, su instructora enseña y anima. Marbeli pone el deseo de seguir.
Actualmente, Marbeli necesita una caminadora especial para continuar con su proceso de movilidad y rehabilitación. Por ello, las personas, empresas o instituciones interesadas en apoyarla mediante la donación completa de una caminadora médica y de rehabilitación neurológica pueden comunicarse con nosotros al teléfono 7599-9181.
Entre las especificaciones de la caminadora médica y de rehabilitación neurológica Dyaco Medical 8.0T, comercializada también bajo marcas como Spirit Fitness, se encuentran un motor de 3.0 HP de grado médico y capacidad de marcha bidireccional, tanto hacia adelante como en reversa. La velocidad hacia adelante puede regularse de 0.1 km/h a 22 km/h, en incrementos de 0.1 km/h, mientras que en reversa alcanza de 0.1 km/h a 8 km/h.
El equipo cuenta además con un rango de inclinación de -12 % hasta 25 %, regulable en incrementos de 0.5 % mediante dos motores independientes. Su superficie de cinta mide 22 por 60 pulgadas, equivalentes a aproximadamente 56 por 152 centímetros, e incluye marcas de seguridad visuales. También dispone de un sistema de elevación de plataforma con superficie autolubricada y una consola con pantalla táctil integrada de 10 pulgadas, que ofrece analítica en la nube y protocolos de pruebas de esfuerzo cardíaco.
Conoce la historia y escucha a sus protagonistas en el reportaje disponible en nuestras plataformas de Facebook, TikTok y YouTube.
👑🇸🇻 Todo comenzó con una pequeña princesa que conquistó las redes este 15 de septiembre. Pero detrás de aquel momento había una historia que merecía ser contada. ❤️
Hoy queremos que conozcas a Marbeli: sus sueños, su familia y a las personas que la acompañan en cada paso.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
ENTREGA ESPECIAL
Audios confirmados reabren cuestionamientos sobre negocios de Roberto Arzú con señalado líder de “Los Caradura” en Guatemala
El escenario político guatemalteco rumbo a las elecciones de 2027 vuelve a colocar bajo escrutinio a Roberto Arzú García-Granados. El excandidato presidencial, quien actualmente participa en la estructura del partido Cabal como secretario de Formación Política y busca reposicionarse de cara al próximo proceso electoral, ha enfrentado cuestionamientos tras la difusión de conversaciones con Francisco Edgar “Paco” Domínguez Higueros, señalado por autoridades e investigaciones como una figura vinculada a la estructura conocida como “Los Caradura”. Arzú confirmó públicamente a La Hora que una de las conversaciones divulgadas es auténtica.
En la grabación, Domínguez reclama a Arzú por una deuda millonaria, mientras el político hace referencia a un contrato mediante el cual un “canal” realizaría un pago. Consultado por La Hora, Arzú explicó que la conversación estaba relacionada con negocios de venta de publicidad en televisión abierta y negó que se tratara de operaciones con dinero ilícito. Según su versión, ha trabajado en el sector publicitario desde joven y desconocía los señalamientos criminales contra Domínguez cuando mantuvo relaciones comerciales con empresas relacionadas con él.
La figura de “Paco” Domínguez adquirió relevancia después de su muerte en 2025 y de la circulación de distintos audios en redes sociales. Investigaciones periodísticas han relacionado a Domínguez con “Los Caradura”, estructura señalada por actividades de narcomenudeo y otros delitos en la capital guatemalteca. República publicó posteriormente una extensa investigación en la que afirma haber revisado audios y documentos relacionados con deudas y operaciones comerciales entre Arzú y Domínguez; sin embargo, algunas de las conclusiones más graves planteadas por ese medio —como un eventual uso de dinero vinculado al narcotráfico para financiar la campaña de 2019— aparecen formuladas como señalamientos o hipótesis periodísticas y no como una sentencia judicial firme.
También han circulado versiones según las cuales Arzú habría utilizado certificados o contratos publicitarios que posteriormente no podían hacerse efectivos, e incluso acusaciones de una supuesta estafa. Sin embargo, la revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no permitió confirmar mediante resoluciones judiciales, documentos oficiales o testimonios independientes suficientes que esos certificados fueran falsos, que Arzú supiera de antemano que no podían utilizarse o que existiera un esquema comprobado de fraude. Tampoco se encontró respaldo independiente suficiente para afirmar como hecho que un supuesto intermediario identificado como “Pablo Santos” formara parte de una trama de sobornos con una televisora.
En los multiples audios Roberto habla abiertamente de un señor Pablo y la conexión directa que existe es entre Pablo Santos que es el personaje que conecta a los políticos con una famosa televisora, lo cual evidencia no solo su vínculo directo con Los “Cara dura”, si no también sobornos y corrupción en la industria televisiva, que al final esos certificados jamás sus víctimas pudieron monetizar y esos mismos certificados los usaba para salir de sus múltiplos deudas, lo que constuía una gran estafa porque la televisora siempre ponía excusas para no dar nada, poniendo restricciones según fuentes que ayudaron a la investigación periodística.
En los mismos audios Roberto Arzú admite que en una de sus crisis económicas, desesperadamente fue con «Los Caradura» a “venderles” los cerficados publicitarios que él desde ya sabía, que jamás los iban a poder utilizar y lo usa como estrategia para sacarles dinero en efectivo.
El llamado «Junior» por sus amigos ya compitió por la Presidencia en 2019 mediante la coalición PAN-Podemos, cuando obtuvo 267,049 votos, equivalentes al 6.09 % de los sufragios válidos, según los resultados recogidos por la misión electoral de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral mantiene además disponibles los informes financieros correspondientes a PAN y Podemos de aquella campaña. De cara a 2027, los audios, las relaciones comerciales reconocidas y las investigaciones periodísticas forman parte de los antecedentes que rodean su regreso a la actividad política; establecer si alguna de esas operaciones derivó en delitos corresponde, en todo caso, a las autoridades competentes y no puede darse por probado únicamente a partir de grabaciones difundidas en redes sociales.
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