ENTREGA ESPECIAL
A Esmeralda le robaron su inocencia y quedó embarazada; mientras «El Moro», el hombre que la violó sigue libre porque nunca lo denunciaron, por ignorancia; y para el sistema de salud, la menor nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más
Esmeralda, una niña de 14 años de edad a quien le arrebataron su inocencia y su virginidad, descubrió que estaba embarazada cuando la familia la llevó al centro de salud que está a la vuelta de su casa, ellos lo descubrieron por lo abultado de su vientre, pero nadie se sorprendió.
Ninguno de los médicos o enfermeras se detuvo a observar los detalles del embarazo. Nadie dio importancia a su retraso cognitivo y de aprendizaje, tampoco se fijó en la talla de la niña: mide un metro con 32 centímetros, pesa 37 kilos; la pequeñez de su cabeza y sus manos dan la apariencia de tener menos edad, pero ninguno observó la desnutrición ni su contexto de pobreza.
Nadie se cuestionó si una niña como Esmeralda decidió su embarazo o era víctima de violación. Era la primera consulta y tenía 20 semanas de gestación.
Del centro de salud la remitieron al hospital Donato Alarcón por el alto riesgo que representaba su estado de gravidez. Cuando llegó ahí, Esmeralda comenzó su control prenatal, y otra vez ninguno de los médicos y/o trabajadoras sociales observó los detalles de su embarazo.
La familia de Esmeralda la integran sus abuelos, su madre Rosa Elena y sus hermanos Margarita, de 14 años, y Vinicio, de 11. Todos son analfabetas.
Del agresor
“El Moro”, es el apodo de aquel hombre que violó a Esmeralda, la niña de 14 años. Era del pueblo donde viven la niña y su familia.
Cada que quería llegaba a la casa de Esmeralda y amenazaba con que se la llevaría. Una vez lo intentó. Los abuelos la escondieron y le prohibieron que se le acercara. Entonces amenazó con que si le negaban verla los mataría o los enterraría vivos.
Los abuelos le dijeron a Rosa Elena, la madre de Esmeralda, que tenía que irse de la casa y del pueblo para evitar que El Moro cumpliera su amenaza.
Rosa Elena buscó opciones, pero no tuvo dinero para sobrevivir sola con sus hijos, tampoco encontró refugio con un familiar, así que se quedaron, sin saber cuál sería su destino.
Cuando Esmeralda estaba embarazada, ninguno de los médicos dio importancia a su retraso cognitivo ni a que medía 1.32 metros y pesaba 37 kilos
Una tarde de marzo de 2018, en la casa estaban sólo Esmeralda y sus dos hermanos menores, Vinicio y Margarita. Se estaba bañando cuando El Moro llegó, fue al baño y se la llevó.
Vinicio corrió a buscar ayuda. Encontró a un primo. Fueron a buscarla por el rumbo que tomó El Moro. No tardaron: los hallaron en una barranca cercana. El hombre violaba a Esmeralda.
Vinicio y su primo le tiraron piedras hasta que la dejó. El Moro huyó y dejó a Esmeralda tirada en la barranca, desnuda y temblando.
Vinicio tiene muy nítida la escena. No la olvida. Esmeralda, en cambio, nunca ha podido contar lo que pasó.
Vulnerables
Para el sistema de salud en Guerrero, Esmeralda nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más. La médica Cristina Romero fue quien notó la vulnerabilidad de la niña.
Cristina formaba parte del equipo de Médicos Sin Fronteras que ofrecía ayuda a mujeres violentadas en el hospital de Renacimiento. El caso de Esmeralda llamó su atención. Hizo lo que otros ignoraron: observó su vulnerabilidad.
A dos años de haber sido víctima de abuso, la adolescente sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima.
Intentó acercarse a Esmeralda, no quiso hablar, entonces lo hizo con Rosa Elena, quien le contó lo que hizo El Moro con su hija.
La atendió para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual. Después le explicó a la madre que la menor necesitaba atención sicológica y médica, también le habló de la interrupción del embarazo. Rosa Elena descartó la posibilidad; ella —dijo— no sería capaz de “matar” a su nieta.
Cristina descubrió que en el control prenatal les realizaron ultrasonidos, y en alguna ocasión a las dos las dejaron escuchar el latido del corazón de la niña. Eso, dice Cristina, estableció un lazo sentimental.
En el sistema de salud en Guerrero hay resistencia para aplicar la interrupción del embarazo, incluso, en casos de violación, pese a la vigencia de la Norma Ocial Mexicana para la violencia familiar, sexual contra las mujeres, (NOM046).
La norma indica que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de servicios médicos deberán interrumpir el embarazo.
El problema, dice Cristina, es que muchos médicos no están capacitados para aplicar el precepto y han normalizado la violencia contra la mujer.
“Muchos ven normal que una niña se embarace de un hombre mayor, justifican que son usos y costumbres”, comenta Cristina.
Además, señala, hay médicos que prefieren acatar el Código Penal de Guerrero, que condiciona la interrupción de embarazo por violación, a la autorización de un Ministerio Público (MP).
El problema de violencia sexual contra mujeres en Guerrero es profundo.
En 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 345 denuncias por violación. Una mujer fue violada al día.
Esmeralda estudió hasta quinto de primaria, pero la sacaron por inquieta, dice su madre; mientras que su hermano Vinicio quiere estudiar la secundaria.
Para las niñas es más agudo. En octubre de 2019, Inmujeres reportó que en México 11 mil menores de 14 años se convertían en madres al año; 32 menores se embarazaban al día. La mayoría, dijo el instituto, producto de violación.
En 2017, la OCDE colocó a México en el primer lugar en abuso sexual, violación y homicidios contra los niños y niñas: registró 4.5 millones de menores violentados.
La cifra puede ser mucho mayor mucho En México el principal violador de los niños y niñas está en su círculo íntimo: son los papás, tios, primos, y esas agresiones casi no se denuncian.
Cadena de desamparo
La familia de Esmeralda la integran su madre, Rosa Elena, de 37 años, y sus hermanos Margarita, de 14, y Vinicio, de 11. Los cuatro tienen discapacidad intelectual. Ninguno sabe leer ni escribir. Todos tienen problemas de desnutrición y viven en la casa de los abuelos.
La vivienda es un cuarto de ocho por cuatro metros. Una parte del techo es de lámina de cartón, otra de bolsas de plástico. No tienen cocina ni refrigerador. Cuentan con dos camas para todos.
Se mantienen con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador, pero no es suficiente.
Otra parte del ingreso lo obtienen de los programas sociales que reciben los niños y Rosa Elena, pero hay riesgo de que se los quiten porque los menores dejaron la escuela.
Vinicio quiere estudiar la secundaria; Rosa Elena no lo inscribió porque no pudo pagar las cooperaciones, los útiles y los uniformes, aunque se sincera: tampoco iba a poder pagar los pasajes.
Hay otra razón importante: Vinicio no sabe leer ni escribir.
Esmeralda estudió hasta el quinto grado de primaria. Su madre dice que la sacaron porque era muy inquieta y la mandaron a terapias psicológicas.
A las sesiones fue un tiempo, después ya no se pudo, pues llevarla costaba 200 pesos, así que no titubearon en decidir entre las terapias o la comida.
La familia vive con los abuelos desde hace cuatro años, cuando Rosa Elena decidió dejar a su esposo. El hombre no trabajaba y casi siempre que llegaba borracho la golpeaba. Huyó cuando la familia de su esposo lo ingresó a un centro de rehabilitación.
Desde hace cuatro años la familia de Esmeralda se fue a vivir con sus abuelos porque Rosa Elena, la madre, sufría violencia por parte de su esposo
La historia de Rosa Elena también es de violencia y violación: su esposo se la robó, se la llevó a vivir con él y la puso a trabajar en una cantina.
En estos tres años, los abuelos se han hecho cargo de los cuatro, pero la abuela ya se va porque su esposo la maltrata.
Piden alerta de género
Viridiana Gutiérrez es la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero. Desde hace años centra su energía para que se homologue el artículo 159 del Código Penal con la NOM046.
El año pasado, el Observatorio solicitó la segunda Alerta de Género en Guerrero, esta vez, por agravio comparado, para que las autoridades homologuen el código con la norma. La alerta fue admitida, pero las reformas no llegan.
Hace dos años, propusieron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pinto, que dé certeza jurídica a los médicos para aplicar la NOM046 ante el temor de meterse en problemas legales, con una circular en la que autorice la interrupción del embarazo.
“Nosotros hemos dicho que apliquen el criterio pro-persona, que cuando se cruzan dos leyes, se le dé preferencia a la ley que más protege a las personas. Es decir, si el Estado no pudo evitar que las violaran, por lo menos que las atienda adecuadamente”, dice Viridiana.
En octubre de 2017 entregaron al funcionario la circular redactada para que sólo fuera firmada, incluso, ofrecieron capacitar al personal de salud de forma gratuita. Siguen sin respuesta.
De parte del secretario han encontrado resistencia. Viridiana cuenta cómo en un taller que impartían a personal de salud le explicaron la necesidad de rmar la circular. El secretario se negó: “En Guerrero no se hacen abortos si no vienen con denuncia”, recuerda la respuesta del funcionario.
Hasta ahora, pese a que está activa la segunda Alerta de Género, lo que han logrado es que en Guerrero apliquen la NOM046 dos hospitales, el Donato Alarcón, en Acapulco, y el Raymundo Abarca, en Chilpancingo.
Esto, dice Viridiana, es importante pero insuficiente: de 81 municipios que tiene Guerrero, sólo en dos se aplica la norma; y población, como la indígena, sigue sin ese derecho.
La familia se mantiene con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador. Vinicio ayuda en la recolección.
La resistencia no sólo es del Sector Salud, también de los ministerios públicos. Viridiana recuerda el caso de una chica de 16 años que fue violada en el municipio de Ometepec. Decidió abortar y junto con sus padres asistió al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.
La agente trató de convencerla y puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó: si descubrían que no fue violada la iban encarcelar. Tras la autorización, la agente envió patrullas al domicilio de la chica hasta que se realizó la interrupción.
“En estos dos años, el Estado es el responsable de que niñas y mujeres estén pariendo hijos de sus violadores”, reclama Viridiana, y añade que es importante la aplicación de la norma porque eso implica que el Estado asume la reparación del daño de las mujeres violadas.
En Guerrero, que las mujeres violadas queden embarazadas es una realidad y eso lo sabe la Secretaría de Salud.
A través de una solicitud de información, la dependencia informó que en hospitales y centros de salud de Guerrero, en 2019 se realizaron 29 interrupciones de embarazo, nueve fueron niñas de entre 13 y 17 años.
Las 29 mujeres fueron violadas.
Niña dando a luz en su casa
Eran las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 2018. Esmeralda comenzó a sentir dolores, estaba en trabajo de parto. Despertó a su mamá y a su abuela. Las dos ayudaron a Esmeralda, quien se convirtió en madre a los 14 años.
Rosa Elena tomó a Esmeralda y a la niña, salieron caminando a la carretera federal Acapulco-Oaxaca para encontrar un taxi que las llevara al hospital. Era urgente: Esmeralda tenía una crisis de pulmonía y la bebé se ponía “morada”. Las dos niñas estuvieron internadas cuatro días.
El último día, los médicos informaron a Rosa Elena que su nieta había muerto. Murió, según el acta de defunción, de un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Tenía 27 semanas de gestación. Midió 37 centímetros y pesó un kilo 185 gramos. La nombraron Karla.
Los médicos también pidieron que buscara una funeraria. La mujer no contaba con el dinero para ese servicio.
Médicos y trabajadores se cooperaron para pagarle un taxi que las llevara hasta su casa de forma clandestina. Rosa Elena, Esmeralda y la niña salieron por la puerta trasera del hospital.
A dos años, Esmeralda sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima. Rosa Elena aún piensa que iba a “sacar adelante” a su nieta, pese a la pobreza en la que viven. El Moro sigue libre porque nunca lo han denunciado.
Por: Arturo de Dios Palma/El Universal,México/GDA
ENTREGA ESPECIAL
La casa verde de Nepal que resistió la avalancha: la familia que sobrevivió al desastre que ya supera los 600 muertos
#IMPACTANTE #MILAGRO La casa verde que se negó a caer.
Mientras el lodo, las rocas y el agua arrasaban pueblos enteros en Nepal, esta vivienda de color menta se quedó de pie. Adentro, una familia miraba desde el balcón cómo desaparecía todo a su alrededor. Horas después los… pic.twitter.com/RwIYV0IshU
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2026
ENTREGA ESPECIAL
El rastro de tres millones y un nombre: la filtración que reabre el debate sobre el laudo de Continental Towers
Hay conflictos empresariales que caben en un contrato. Este no es uno de ellos. Lo que empezó como una disputa entre socios por el control de Continental Towers LATAM Holdings —una plataforma de torres de telecomunicaciones con presencia en varios países de América Latina, El Salvador incluido— se convirtió en un litigio de años, con laudos en Nueva York, desacatos, órdenes de captura, extradiciones y una guerra de relatos que viaja de un expediente a un sitio web y de ahí a otra fiscalía.
Una carpeta de transferencias y correos —con sellos de Cayman National Bank, Credit Suisse y Charles Schwab— describe pagos fraccionados “a esta persona Goldstein” en el otoño de 2022. El hallazgo no anula por sí solo un laudo confirmado en Nueva York. Pero obliga a una pregunta que el arbitraje internacional no puede eludir: quién pagó, a quién y por qué, en medio de una guerra por torres de telecomunicaciones en América Latina.
En las últimas semanas, ese relato dio otro giro. Circulan, primero en publicaciones centroamericanas y ahora en una carpeta de doce páginas, documentos que pretenden reconstruir un circuito de dinero entre la Isla de Man, Suiza, Hong Kong y una cuenta en Charles Schwab & Co. El destinatario que aparece escrito en los correos no es un fondo ni una sociedad pantalla. Es un apellido: Goldstein.
Marc J. Goldstein, abogado de Nueva York, presidió el tribunal arbitral de tres miembros que, entre 2021 y 2025, emitió cinco laudos parciales y un laudo final en el caso Telecom Business Solution y otros contra Terra Towers Corp. y otros. Ese tribunal falló, de manera unánime, a favor de los inversionistas minoritarios —filiales de Peppertree Capital y AMLQ Holdings, vinculada a Goldman Sachs— y en contra de Terra Towers y de Jorge Hernández, el empresario que controla al grupo mayoritario.
Los papeles filtrados no prueban, por sí mismos, que Goldstein haya cobrado un soborno. Tampoco “destruyen” de manera automática la validez de los laudos, como han titulado algunos sitios. Un laudo arbitral no cae porque un PDF circule en internet. Cae, si es que cae, cuando un juez competente —en este caso, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que ya confirmó varios de esos laudos— declara fraude, cohecho o parcialidad evidente con el estándar exigente de la Federal Arbitration Act y de la Convención de Nueva York.
Eso no vuelve irrelevantes los documentos. Los vuelve más graves. Porque si son auténticos, obligan a una investigación formal sobre independencia del árbitro. Y si son fabricados, encajan en un patrón que el propio tribunal y el juez Lewis A. Kaplan ya describieron: una campaña para ensuciar al presidente del panel después de que el primer laudo ordenara poner en venta la compañía.
Quién pelea por qué
Continental Towers no es una empresa de escritorio. Opera infraestructura de telecomunicaciones —torres, sitios, contratos de arrendamiento— en una región donde ese activo vale porque concentra espectro, ubicación y flujo de caja. Según reportes del sector, el grupo controla o opera miles de sitios en América Latina, con un pie especialmente grande en Guatemala.
En 2015, inversionistas estadounidenses entraron al capital. Peppertree, a través de Telecom Business Solution LLC y LATAM Towers LLC, y AMLQ Holdings (Cay) Ltd. quedaron con cerca del 45 por ciento. Terra Towers Corp., sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y TBS Management, de Panamá, retuvieron la mayoría, alrededor del 55 por ciento, bajo el control de Hernández. El acuerdo de accionistas incluía una cláusula que, al vencer un período de bloqueo, permitía a los minoritarios forzar la venta de la compañía a un tercero.
Esa cláusula es el origen del arbitraje. Peppertree sostuvo que Terra se negó a contratar al banco de inversión y a poner la empresa en el mercado. Terra respondió que los minoritarios y ciertos ejecutivos habían cometido irregularidades, y que las autoridades de Guatemala, El Salvador y otros países estaban investigando fraudes. El tribunal arbitral, constituido ante el ICDR de la American Arbitration Association, con sede en Nueva York, no compró esa narrativa. En febrero de 2022 ordenó la venta. En agosto de 2022 sancionó a Terra por lo que describió como una campaña para construir “una narrativa falsa de criminalidad” contra el entonces CEO Jorge Gaitán y la COO Carol Echeverría. En marzo de 2025 cuantificó daños por más de 354 millones de dólares, con 25 millones en daños punitivos contra Hernández. En noviembre de 2025 emitió el laudo final.
Mientras tanto, en El Salvador avanza un proceso penal por administración fraudulenta. Hay exejecutivos detenidos en Guatemala cuya extradición pide San Salvador, y órdenes contra tres ejecutivos de Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri. Hay expedientes en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Cada uno tiene partes, hechos y jueces propios. Confundirlos con el arbitraje de Nueva York, o con la investigación financiera sobre Goldstein, es el primer error que comete quien quiere un titular limpio y no un mapa.
Lo que dicen los papeles: una cronología de otoño de 2022
El expediente que esta redacción examinó —doce páginas, con tachaduras de nombres, números de cuenta, códigos SWIFT e IBAN— no es un informe pericial. Es un collage de comprobantes de wire y de correos internos. Su valor periodístico está en la secuencia. Su límite está en que no hay, en el dominio público, una certificación bancaria independiente que los autentique página por página. Eso debe decirse antes de citarlos.
Hecha esa salvedad, el relato que construyen es este.
5 de septiembre de 2022: entran 3,47 millones
La primera hoja registra un incoming wire por 3.475.644 dólares. Fecha: 5 de septiembre de 2022. El banco de origen aparece como Cayman National Bank (Isle of Man) Limited. El banco receptor: Credit Suisse AG. Las cuentas, el IBAN británico, el IBAN suizo y los códigos SWIFT están tachados con rectángulos negros. No hay, en esa página, el nombre de un beneficiario final. Solo el corredor: de una entidad de la Isla de Man hacia un banco suizo que, para entonces, ya estaba en la recta final de su absorción por UBS.
12 de septiembre: “a esta persona Goldstein”
Siete días después aparece el documento más comprometedor de la carpeta. Un correo con fecha 12 de septiembre de 2022, 10:41 a.m., enviado desde una cuenta @caymannational.com hacia una cuenta @credit-suisse.com. Los nombres de remitente y destinatario están tachados. El texto, no:
Hello
Thank you for the call. In regards to the 3.4 million we sent last week. Three million is to be distributed in 4-8 payments in USD over six months to this person Goldstein. The transfer dates and amounts are at your discretion. I have attached instructions. Contact me only, no copies.
Regards,
La frase “this person Goldstein” no identifica a Marc J. Goldstein. Tampoco a Joel Goldstein, el nombre que aparecerá más adelante. Identifica un apellido. En un correo bancario que pide no hacer copias, esa vaguedad no es menor: o es un código interno, o es una instrucción deliberadamente opaca, o es un documento armado para que el lector complete el apellido con el árbitro del caso.
El pie de página reproduce el descargo estándar de Cayman National: el correo es confidencial, está dirigido solo al destinatario y el banco se reserva el derecho de no actuar sobre instrucciones financieras recibidas por email. Es el tipo de cláusula que los bancos ponen en todos sus mensajes. No prueba autenticidad. Tampoco la descarta.
30 de septiembre: otros 908.032 dólares
Dos hojas posteriores —casi idénticas— registran un segundo incoming wire: 908.032 dólares, el 30 de septiembre de 2022, otra vez de Cayman National Bank (Isle of Man) Limited hacia Credit Suisse AG. De nuevo, cuentas tachadas. Si se suman las dos entradas visibles hacia Suiza, el total supera los 4,38 millones de dólares en 25 días. El correo del 12 de septiembre hablaba de “los 3,4 millones que enviamos la semana pasada” y de tres millones a distribuir. El segundo wire no está explicado en esa instrucción.
25 y 26 de octubre: Schwab y el Joel Goldstein Trust
Aquí el circuito deja de ser un movimiento entre bancos corresponsales y apunta a un destinatario nominado. Una hoja de “CHF wiring instructions” —fotografía de un documento, con sombras de fotocopia— indica:
- Banco origen: Credit Suisse AG.
- Fecha: 25 de octubre de 2022.
- Monto: 625.045 dólares.
- Cuenta destino: Charles Schwab & Co., Inc.
- Banco beneficiario: Citibank NA.
Al día siguiente, 26 de octubre de 2022, a las 10:14 a.m. EDT, un correo desde @credit-suisse.com hacia @citigroup.com, asunto “Wiring Instructions”, dice:
Dear [tachado],
Sorry for the worries. The destination account is the Joel Goldstein Trust. Schwab account No [tachado]
Best Rgds,
Credit Suisse, AG
Joel, no Marc. El detalle importa. En inglés jurídico y bancario, un trust con nombre de pila no es una metáfora: es un vehículo. Puede ser un fideicomiso familiar, un vehículo de planificación patrimonial, una cuenta de corretaje a nombre de un tercero. Nada en la carpeta demuestra que Marc J. Goldstein sea el settlor, el trustee o el beneficiario del Joel Goldstein Trust. Nada lo descarta. Esa es, precisamente, la pregunta que una unidad de inteligencia financiera tendría que resolver con requerimientos a Schwab y a Credit Suisse, no con un titular.
3 de noviembre: “Stop!”
El 3 de noviembre de 2022, 11:02 a.m., otro correo de @caymannational.com a @credit-suisse.com corta la operación:
Hello
There was a problem with the Goldstein instructions. Stop! I will follow with new instructions.
Regards,
La palabra “Stop!” —con signo de exclamación— es inusual en la prosa burocrática de un banco. Puede ser urgencia real. Puede ser teatro. En cualquier caso, el mensaje admite dos lecturas: o el circuito se trabó y hubo que reencauzarlo, o alguien dentro de la cadena detectó un problema de compliance —nombre, cuenta, coincidencia con una persona expuesta— y frenó el giro.
9 de noviembre: “la situación complicada con el americano”
Seis días después, un correo interno de Credit Suisse, enviado a las 5:41 a.m. EDT desde una cuenta del banco hacia otras dos del mismo dominio, con copia a @caymannational.com, cambia el tono. El remitente se identifica al pie como IWM UK/International, Singapore —banca privada internacional—. El texto:
I am following up on the discussion we had last week concerning this tricky situation with the American. It was nice to talk to you indeed…
I am in receipt of the 2.4 million and will hold the funds in the Hong Kong branch. I will plan to be in London next week.
“This tricky situation with the American.” “Los 2,4 millones.” “Los tendré en la sucursal de Hong Kong.” El correo no nombra a Goldstein. Pero está grapado, en la misma carpeta, a los mensajes que sí lo nombran. Quien armó el dossier quiere que el lector haga la conexión: el americano es el árbitro; los 2,4 millones son el remanente de los 3 millones que debían fraccionarse; Hong Kong y Londres son la logística de una operación que ya no quería dejar huella limpia en Suiza.
Esa conexión es una hipótesis de trabajo. No es una sentencia.
La tabla que el expediente obliga a mirar
Si se ordenan las cifras visibles, sin inventar las que no están, queda este esquema:
| Fecha | Documento | Monto visible | Qué dice |
| 5 sep 2022 | Incoming wire | US$ 3.475.644 | Isle of Man → Credit Suisse |
| 12 sep 2022 | Correo CNB → CS | US$ 3.000.000 (orden) | 4-8 pagos a “Goldstein” |
| 30 sep 2022 | Incoming wire | US$ 908.032 | Isle of Man → Credit Suisse |
| 25 oct 2022 | Instrucción de wire | US$ 625.045 | CS → Schwab / Citibank |
| 26 oct 2022 | Correo CS → Citi | Mismo giro | Joel Goldstein Trust |
| 3 nov 2022 | Correo CNB → CS | — | “Stop!” instrucciones Goldstein |
| 9 nov 2022 | Correo interno CS | US$ 2.400.000 (retenidos) | Hong Kong; “the American” |
Elaboración propia a partir del dossier de 12 páginas examinado por esta redacción. Los montos son los que aparecen impresos; las cuentas y los nombres de operadores están tachados en el original.
La coincidencia temporal que persiguen los investigadores
El borrador de trabajo que circula en redacciones centroamericanas —y que Diario El Salvador resumió el 23 de julio— habla de una unidad especializada en delitos financieros que compara fechas de movimientos con el calendario de laudos. Esa es, de hecho, la única metodología seria en un caso así. No basta con un apellido en un correo. Hace falta superponer el reloj.
El Segundo Laudo Parcial Final se firmó el 12 de agosto de 2022. Goldstein, Mélida N. Hodgson y Richard F. Ziegler lo suscribieron. Ese laudo, de 54 páginas en su versión pública, impuso sanciones a Terra, ordenó el pago de cientos de miles de dólares en costos del tribunal y retrató como artificio la denuncia penal contra Gaitán y Echeverría. Veinticuatro días después entra el wire de 3,47 millones. Siete días más tarde, el correo habla de fraccionar tres millones “a esta persona Goldstein” en un plazo de seis meses.
Seis meses a partir de septiembre de 2022 cubren, grosso modo, hasta marzo de 2023. En ese intervalo el caso no estaba cerrado: había confirmaciones judiciales en el Distrito Sur de Nueva York, nuevos escritos, y la maquinaria de ejecución de la venta. Un esquema de pagos fraccionados —si existió— no tendría que coincidir con un solo fallo. Tendría que coincidir con la vida útil de un tribunal que seguía decidiendo.
Eso es exactamente lo que una investigación financiera busca: no la foto de un soborno, sino la correlación. Origen de fondos. Beneficiario final. Relación entre el pagador y una de las partes. Relación entre el cobrador y el árbitro. Y, sobre todo, si alguna de esas circunstancias debió revelarse al ICDR y a las contrapartes bajo las reglas de independencia y divulgación.
Lo que el expediente de Nueva York ya dijo sobre el soborno
Aquí el reportaje se vuelve incómodo para quienes quieren un villano único. Porque esta no es la primera vez que el apellido Goldstein y la palabra “soborno” aparecen juntos en este caso. Es la segunda, y la primera ya fue litigada.
En marzo de 2022, pocas semanas después del primer laudo parcial, circuló en internet un texto atribuido a un “whistleblower” de Goldman Sachs. Decía que el banco había pagado 250.000 dólares a una cuenta de Goldstein en junio de 2021, el mes de su nombramiento como presidente del tribunal, y que el dinero era, en sustancia, un cohecho. El texto incluía los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del árbitro.
Goldstein lo negó bajo pena de perjurio. El tribunal, en el Quinto Laudo Parcial Final de marzo de 2025, concluyó que la acusación era falsa y que su publicación había sido un acto malicioso atribuible a Hernández. Impuso 25 millones de dólares en daños punitivos, entre otras partidas que sumaron más de 354 millones. El juez Kaplan confirmó laudos sucesivos y, en resoluciones de 2025 y 2026, describió las alegaciones de parcialidad evidente como una repetición de argumentos ya rechazados. En una opinión sobre el laudo final, el tribunal federal escribió que los intentos de anular el award por sesgo del presidente del panel carecían de mérito.
En noviembre de 2025, el propio Goldstein publicó en su bitácora Arbitration Commentaries una nota titulada “The Facts About the Alleged Corruption of Arbitrator Marc J. Goldstein”. Ahí sostiene que no recibió de la matriz de una de las demandantes ningún pago distinto de los honorarios y gastos de árbitro debidamente revelados, y que no tuvo relación ni comunicación con la persona señalada como desembolsadora del supuesto cohecho de 2021.
Ese historial no limpia, por arte de magia, los papeles de 2022 que ahora reaparecen. Un juez puede haberse equivocado. Un árbitro puede haber mentido bajo juramento. Un dossier nuevo puede ser verdadero aunque el anterior fuera falso. Pero un periodismo que ignore el expediente judicial y presente la filtración como la caída inevitable de los laudos está haciendo el trabajo de una de las partes, no el de una redacción.
Las dos publicaciones que anticiparon el dossier
El 17 de agosto, Hora 13 Noticias (h13n.com) publicó “Pruebas de sobornos a árbitro de New York destruye la validez de los laudos en el caso Continental Towers”. El texto reconstruye el mismo circuito —3,47 millones, la orden de fraccionar tres millones, los 625.045 dólares hacia Schwab, el Joel Goldstein Trust, el “Stop!” y los 2,4 millones en Hong Kong— y concluye que los laudos son nulos de pleno derecho, que Goldstein debe ser inhabilitado y que la ejecución sobre los activos de Continental debe revertirse.
Minuto 60 Panamá tituló en la misma línea: “Justicia a sueldo: laudos contra Terra Towers se derrumban tras filtración de pagos clandestinos al árbitro Goldstein”. Diario El Salvador, el 19 de agosto, recogió la tesis con menos cifras y más adjetivos: el supuesto soborno “opaca” la validez de las resoluciones; Goldstein “fue sobornado” para fallar a favor de Peppertree y Goldman Sachs.
Esas piezas hacen un servicio y un daño. El servicio: sacan de la oscuridad una carpeta que, si es genuina, merece fiscalías, no solo columnas. El daño: tratan como hecho consumado lo que es una cadena de indicios no peritados, y dan por “derrumbados” laudos que un juez federal de Estados Unidos ha confirmado. La Convención de Nueva York, que invocan, no opera como un interruptor mediático. El artículo V permite denegar el reconocimiento de un laudo cuando, entre otras causales, la composición del tribunal o el procedimiento se apartaron del acuerdo de las partes, o cuando el reconocimiento sería contrario al orden público del país donde se pide. Eso se litiga. No se declara en un lead.
Hay otro problema de oficio. Ninguna de esas notas responde, con nombre y apellido, una pregunta elemental: quién es el origen de los 3,47 millones. Cayman National Bank (Isle of Man) es un corredor, no un pagador último. Credit Suisse es un puente. Schwab es un destino. El beneficiario final del lado que envía —el cliente que ordenó el wire en la Isla de Man— no aparece. Sin ese nombre, el dossier describe una tubería. No describe un soborno.
Lo que falta para que esto sea un caso, y no un dossier
Una investigación financiera seria, de las que sí cruzan fronteras, tendría que responder al menos cinco preguntas antes de hablar de cohecho arbitral.
Uno. Autenticidad. ¿Los correos salieron de los servidores de Cayman National y de Credit Suisse? ¿Los metadatos, los encabezados, los hashes de los PDF coinciden con archivos nativos? Un collage de capturas con tachaduras es un punto de partida, no un hallazgo.
Dos. Identidad. ¿Quién es Joel Goldstein y qué relación, si alguna, tiene con Marc J. Goldstein? ¿El trust existe en Schwab? En un episodio anterior del mismo litigio, el tribunal dejó constancia de que una pesquisa sobre una cuenta fiduciaria atribuida al árbitro no halló tal cuenta. Esa historia no se borra. Se verifica otra vez.
Tres. Originador. ¿Qué cliente de Cayman National Bank (Isle of Man) mandó los 3,47 millones? ¿Es una parte del arbitraje, un afiliado, un intermediario, un tercero sin nexo? El cohecho exige un dador y un tomador. Hoy el dossier tiene un tomador presunto y un dador invisible.
Cuatro. Contraprestación. Los honorarios de un presidente de tribunal en un arbitraje ICDR de esta envergadura no son secretos para las instituciones que los administran. El ICDR registra depósitos y desembolsos. Si los 625.045 dólares —o los tres millones— coinciden con honorarios legítimos, el escándalo se desinfla. Si no coinciden, y no fueron revelados, el problema se agranda.
Cinco. Nexo decisorio. Aunque el dinero exista y el apellido coincida, falta demostrar que una decisión concreta del tribunal —la orden de venta, las sanciones de agosto de 2022, los 354 millones de 2025— fue comprada. Los tres árbitros firmaron en unanimidad. Hodgson fue nombrada por Terra. Anular un laudo unánime por el supuesto vicio de uno de los tres exige un listón alto: no basta la sospecha; hace falta la evidencia que mueva a un juez federal.
Mientras esas cinco preguntas no tengan respuesta en un expediente, lo responsable es decir lo que hay: una filtración grave, una coincidencia de apellido y de calendario, un patrón offshore que incluye Isla de Man, Suiza, Hong Kong y una casa de bolsa estadounidense, y un conflicto de control corporativo que ya produjo procesos penales en cuatro países y un juicio de ejecución en Manhattan.
Por qué el caso no cabe en Nueva York
El atractivo del arbitraje internacional es, en teoría, la neutralidad: un panel privado, una sede acordada, un laudo exportable. El riesgo, cuando el activo está en tierra latinoamericana y las partes se odian, es que el laudo se convierta en un artefacto que una jurisdicción no reconoce y la otra ejecuta.
En las Islas Vírgenes Británicas, sede de la matriz de Continental, equipos legales vinculados a Terra preparan —según el material de trabajo de esta investigación— acciones para cuestionar la validez y los efectos de los laudos. El argumento que se proyecta no es solo el de la parcialidad. Es el de la extralimitación: que el tribunal habría dispuesto sobre infraestructura y operaciones sujetas a regulaciones de telecomunicaciones de países que no fueron parte del compromiso arbitral. Ese planteo tampoco anula nada por el hecho de formularse. Pero explica por qué el caso “salió” de Nueva York.
En El Salvador, el expediente penal por administración fraudulenta vive una vida paralela. Los fiscales no están juzgando a Goldstein. Están juzgando, o persiguiendo, a ejecutivos. Mezclar ambos procesos es útil para la propaganda y tóxico para la prueba. Un juez salvadoreño no confirma ni vacía un laudo del ICDR. Un juez de Manhattan no absuelve ni condena por administración fraudulenta en San Salvador. La conexión es política y narrativa: la misma compañía, los mismos apellidos, dos teorías del caso que no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo.
Una teoría dice: Hernández y Terra sabotearon la venta, fabricaron denuncias, acosaron a árbitros y a ejecutivos, y ahora reciclan una acusación de soborno que ya fue desestimada. La otra dice: Peppertree y sus aliados compraron un tribunal, usaron el laudo como ariete para tomar una empresa latinoamericana y dejaron a los fundadores a merced de un procedimiento extranjero. Los papeles de septiembre-noviembre de 2022 son el intento más reciente de hacer prevalecer la segunda teoría. El expediente del juez Kaplan es el muro más alto que esa teoría ha encontrado hasta ahora.
El estándar que sí importa
En Estados Unidos, la Federal Arbitration Act permite vaciar un laudo cuando hay “evident partiality” del árbitro o cuando el award se obtuvo por corrupción, fraude o medios indebidos. La jurisprudencia del Segundo Circuito —el que revisa al Distrito Sur de Nueva York— ha sido consistentemente restrictiva: el sesgo tiene que ser claro, no inferido del simple hecho de que una parte perdió. La Convención de Nueva York, en paralelo, deja a cada Estado la puerta del orden público.
Eso significa dos cosas a la vez. Primera: si una fiscalía o una unidad de inteligencia financiera demuestra que Goldstein recibió fondos ocultos de una parte, o de un intermediario de una parte, durante el procedimiento, el edificio de los laudos se agrieta de verdad. No en un portal. En un tribunal. Segunda: mientras esa demostración no exista, ejecutar la empresa, bloquear la venta o desacreditar en bloque a Hodgson y a Ziegler —que también firmaron— es una operación política vestida de reportaje.
Hay un tercer estándar, menos jurídico y más profesional. Un árbitro internacional vive de su reputación de independencia. Goldstein lo sabe: lleva años escribiendo sobre arbitraje. Precisamente por eso, la aparición de un trust con su apellido —aunque el nombre de pila no coincida— en una cadena Isle of Man–Credit Suisse–Schwab, en las semanas posteriores a un laudo controvertido, no es un asunto que pueda despacharse con un comunicado. Tampoco con una filtración anónima. Exige, de bancos y de autoridades, la trazabilidad que los propios correos dicen querer ocultar: “Contact me only, no copies.”
Coda
Las torres de Continental Towers seguirán emitiendo señal aunque este dossier sea auténtico o sea un montaje. Lo que no puede seguir emitiendo, sin costo, es la ficción de que el arbitraje internacional es un recinto inmune a la política, al dinero opaco y a la guerra sucia entre socios.
Los documentos de septiembre a noviembre de 2022 merecen ser peritados, no canonizados. El laudo de Nueva York merece ser defendido o atacado con prueba, no con adjetivos. Y las fiscalías de El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica merecen que nadie use sus expedientes como eco de un conflicto que se decide, para bien o para mal, en otra latitud.
Entre el wire de 3,47 millones y la frase “tricky situation with the American” hay un relato. Entre ese relato y un soborno demostrado hay un abismo de diligencia. Esta nota se queda en el borde de ese abismo, donde debe quedarse un periódico: con los papeles sobre la mesa, con el expediente judicial a la vista, y con la única certeza que el caso permite por ahora. Alguien movió millones en nombre de un Goldstein, en el otoño en que un Goldstein decidía el destino de una empresa latinoamericana. Quién, para quién y a cambio de qué es, todavía, el trabajo que falta.
NOTA DE MÉTODO Y USO DE LAS PRUEBAS
Aquí compartimos una breve guía de dónde entra cada pieza del PDF en esta nota, para quien desee ampliar con estos documentos y entender toda la investigación:
Archivos en PDF para consultar
Páginas 1 del PDF. Wire del 5 de septiembre de 2022 por US$ 3.475.644. Se cita en el subapartado “5 de septiembre de 2022: entran 3,47 millones” y en la primera fila de la tabla.
Páginas 2 y 3. Correo del 12 de septiembre y descargo de Cayman National. Es el corazón de la pieza. Va citado íntegro en “12 de septiembre: a esta persona Goldstein”. El descargo se menciona para no presentar el correo como un acto notarial.
Páginas 4 y 6. Wire duplicado del 30 de septiembre por US$ 908.032. Se usa en el subapartado correspondiente y en la tabla. La duplicación sugiere que el dossier fue armado con copias, no con un expediente bancario continuo.
Página 5. Instrucción de wire del 25 de octubre por US$ 625.045 hacia Charles Schwab / Citibank. Se describe en “25 y 26 de octubre”.
Página 7. Correo de Credit Suisse a Citi que nombra el Joel Goldstein Trust. Es la única identificación de un destinatario. Debe ir siempre con la advertencia de que Joel no es Marc.
Página 8. Correo del 3 de noviembre (“Stop!”). Cierra el tramo operativo y abre la hipótesis de un problema de compliance.
Páginas 9, 10 y 12. Descargos de Credit Suisse (Hong Kong / Singapur). No aportan hechos nuevos; sirven para geolocalizar la cadena en Asia y para no recortar el documento.
Página 11. Correo del 9 de noviembre sobre “the American” y los 2,4 millones retenidos en Hong Kong. Es el cierre narrativo del dossier y debe editarse con el mismo cautela que el correo del 12 de septiembre: sugiere, no demuestra.
Fuentes abiertas contrastadas para esta nota: laudos parciales del ICDR (caso 01-21-0000-4309); resoluciones del juez Lewis A. Kaplan en Telecom Business Solution, LLC et al. v. Terra Towers Corp. et al., 1:22-cv-01761 (S.D.N.Y.); bitácora de Marc J. Goldstein en lexmarc.us (11 de noviembre de 2025); coberturas de Inside Towers, Wireless Estimator y Global Arbitration Review; piezas de Hora 13 Noticias (17 de agosto de 2026), Diario El Salvador (23 de julio y 19 de agosto de 2026) y el material de trabajo de Minuto 60 Panamá.
ENTREGA ESPECIAL
Mujer de 84 años sobrevive tres días bajo los escombros tras terremoto en Indonesia
Una mujer de 84 años fue hallada con vida tres días después de que un fuerte terremoto destruyera por completo su vivienda en una isla de Indonesia, informó este miércoles un funcionario local, mientras el número de fallecidos por el sismo aumentó a 73.
Más de 900 personas resultaron heridas y cerca de 60.000 fueron desplazadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado las aguas frente a la isla indonesia de Flores, según la Agencia de Mitigación de Desastres (BNPB).
La vivienda de Paulina Pobi, ubicada en una pequeña isla al norte de Flores, fue una de las cientos de casas destruidas por el terremoto. La mujer quedó sepultada bajo las paredes de bambú que colapsaron durante el movimiento telúrico.
Pobi permaneció bajo los escombros hasta que su familia regresó a buscarla el martes. Inicialmente, sus familiares creían que había sido rescatada y trasladada a un refugio.
«Estaba como paralizada, no podía moverse ni hablar, así que su familia recién la encontró el cuarto día», declaró a la AFP el funcionario local Rudolfus Riba.
Riba indicó que la mujer se encontraba en buen estado de salud y no sufrió lesiones. «Solo estaba un poco débil porque llevaba días sin comer ni beber nada», explicó. «Parece irreal, casi como un milagro», agregó.
Desde el sábado se han registrado más de 3.000 réplicas, de las cuales al menos 86 fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por los residentes, según la agencia geológica BMKG.
Los constantes movimientos telúricos han provocado que muchas personas tengan demasiado miedo de regresar a sus viviendas. La BNPB informó que desde el sábado se han distribuido casi 400 toneladas de ayuda, incluidos alimentos, agua y medicamentos.
Indonesia registra terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el denominado «Anillo de Fuego» del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y cruza el océano Pacífico.
En 2004, un terremoto de magnitud 9,1 ocurrido frente a la costa de Sumatra provocó un tsunami que dejó unas 220.000 personas fallecidas en toda la región, incluidas aproximadamente 170.000 en Indonesia.
