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Empleados de alcaldía de San Salvador no recogen basura por falta de combustible en camiones
Por segundo día consecutivo sigue suspendida la recolección de basura en varios puntos de la capital, luego que no salieran a trabajar los empleados del área de desechos sólidos por falta de combustible en los camiones que utilizan para ese trabajo.
Empleados de esa unidad manifestaron que las gasolineras que les proveen de combustible diésel se negaron a seguir proporcionando ese producto por falta de pago de facturas vencidas y que estarían acumuladas desde hace seis meses.
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La situación se ha complicado, dijeron, porque la empresa que también proporciona en transporte de la basura en góndolas desde la planta Aragón a MIDES, desde este lunes pararon operaciones por falta de pago de facturas vencidas.
“No hemos salido a trabajar por falta de pago a proveedores de diésel. La alcaldía no les ha pagado las facturas vencidas y el lunes ya no nos dieron combustible”, detallaron los empleados.
Los camiones están estacionados en la planta de transferencia Aragón cargados con basura, “no podemos depositar los desechos a las góndolas porque no están proporcionando ese servicio”, indicaron.
Se dijo que en San Salvador a diario se recogen unas 720 toneladas de basura y que en esa tarea se involucran unas 47 unidades, muchas de ellas estacionadas en la planta Aragón.
Esta problemática ocurre a pocos días que la alcaldía de San Salvador recibió una parte de los 75 millones de dólares que el Gobierno central destinos para que con criterio FODES se repartiera a los 262 municipios, cuyo dinero serviría para la recolección de la basura, pago de proveedores y para realizar acciones para enfrentar la pandemia de Covid-19, como también para el pago de empleados.
Desde el día que se entregaron los fondos, el Presidente de la República Nayib Bukele, manifestó a los alcaldes que hicieran buen uso de ese dinero y que no tenían la necesidad de rendir cuentas al Gobierno.
La situación del alcalde Ernesto Muyshondt se le complica con el tema de la recolección y disposición final de la basura, ya que por un lado los empleados mantienen un descontento por el despido de algunos de sus compañeros para ceder la recolección de los desechos a una empresa privada, reclaman el pago de descuentos que les han realizado de Seguro Social, AFP, renta, Fondo Social para la Vivienda y de algunas obligaciones con bancos y casas comerciales.
Por otra parte, la empresa MIDES reclama aproximadamente cuatro millones de dólares como pago por la recolección de la basura y tras recibir tres cheques sin provisión de fondos, los apoderados legales de Manejo Integral de Desechos Solidos llegaron a la Fiscalía General de la República a interponer una demanda contra el tesorero de la alcaldía de San Salvador, Fernando Portillo Linares, por los delitos de estafa y actos arbitrarios.
En el documento que MIDES presentó este martes a la FGR se detalla que Portillo Linares quien es nombrado por acuerdo del Concejo Municipal, actuó con dolo al entregar en tres ocasiones cheques sin fondos para supuestamente cancelar lo adeudado, que asciende a casi $4 millones, según la empresa.
Se aseguró que el tesorero hizo la “argucia” de sustituir los cheques en nuevas fechas, pero los mismos no podían cobrarse porque continuaban sin fondos suficientes.
La denuncia advierte que el tesorero municipal, al momento de entregar los cheques, sabía que la alcaldía carecía de los fondos, ya que desde octubre de 2018 había cedido para el pago de una titularización, por un plazo de 15 años, los ingresos percibidos en concepto de tasas por recolección de basura.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
