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Diputados advierten posible complot para privatizar el agua
Bajo las algas que proliferan en el Río Lempa, muy cercanas a planta de purificación de agua Las Pavas, podrían esconderse intereses obscuros y perversos de privatización del agua según ha trascendido la noche de este sábado 18 de enero en redes sociales.
Y es que para la oposición resulta duro aceptar los altos niveles de aprobación de este gobierno, por lo que muchos sectores se han activado para confundir, mentir y llevar noticias falsas a la población. Asimismo, otros parlamentarios han decidido no callar ante estos movimientos perversos, que fueron prácticas de gobiernos anteriores similares a los famosos «madrugones».
Uno de los que ha denunciado desde su cuenta de twitter, es el diputado Arturo Simeón Magaña, quien afirmó que ha recibido llamadas pidiendo que les apoye para privatizar el agua.
“Este fin de semana he recibido algunas llamadas para pedirme apoye la privatización del agua. Me dicen habrán intentos oscuros de retomar -para amañar- el debate sobre la Ley de Agua”, expresó el parlamentario.
Magaña afirmó que por respeto se reserva nombres, pero fue claro y contundente en que él no se prestará para este nuevo complot contra los salvadoreños y reafirmo que no cuenten con él. “Eviten gastar saldo, soy diputado del pueblo”, expresó.
Otro parlamentario que también se sumó a las denuncias de su homólogo por Ahachapán fue el diputado Gustavo Escalante. El diputado fue más allá y puso nombre sobre quienes estarían interesados en privatizar el vital líquido.
“ARENA debería explicar ¿por qué un sábado por la noche están buscando cabildear entre algunos diputados la privatización del agua?”, cuestionó el diputado Escalante, quien preguntó también al Presidente de ARENA , Gustavo López Davison, si tenía algún plan que quisiera revelar.
Asesores de ARENA recurren a «Fake News»
Recordemos que ARENA recibe medio millón de dólares mensuales, para contratar a su grupo de asesores, entre los miembros que figuraban en el anterior COENA y que aparecen contratados en la planilla de ARENA se encuentra: Norma Carolina Ramírez, Rolando Alvarenga Argueta (asesores) y Selim Ernesto Alabí Mendoza (analista de fracción), con salarios de $3,500; Rafael Antonio Lemus Gómez (asesor), $4,400; y Claudio Manuel de Rosa Ferreiro (asesor), con $3,500.
La señora Carolina Ramírez recientemente se sumó a las críticas contra el gobierno y los esfuerzos por solventar la problemática del agua en el área metropolitana, exigiendo aclaraciones e investigaciones inmediatas sobre el tema, haciendo uso de fotografías FALSAS que corresponden a otro país y de años anteriores.
Muchos usuarios, no dudaron en dejar expuesta a la asesora arenera, mostrando las fotografías reales con su respectivo contexto y fuente. Esto, sin duda demuestra que hay intereses oscuros que buscan crear caos, desinformación y dañar la imagen del gobierno, de la autónoma y los ministerios que se han unido para juntos resolver el problema que afecta a la población de una manera pronta y efectiva. Todo esto motivado por intereses de grupos de poder que buscan sacar ganancia de esta situación para justificar la Privatización del Agua, situación que sería un duro golpe a la población.
ANDA continúa, junto a la Fuerza Armada, trabajando para mitigar la problemática de la población mientras la solución definitiva está terminada.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
