Nacionales
Colegios privados destacan los beneficios de plan de seguridad en El Salvador
El presidente de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, destacó ayer la efectividad de los planes de seguridad que implementa el Gobierno Central para combatir la criminalidad, cuyos resultados han beneficiado a la comunidad estudiantil en el sentido de que el nivel de amenaza que los grupos terroristas representaban para los alumnos ha disminuido considerablemente.
Hernández incluso aseguró que existen condiciones de seguridad que les permite a los estudiantes asistir a centros educativos donde antes no se podía por el temor a las pandillas.
«Estas medidas que se tomado han sido muy buenas porque ya no hay el temor de que los territorios están siendo dominados y amenazados y los estudiantes que pueden llegar de estos territorios. Esto es un factor muy positivo», afirmó Hernández durante la entrevista de Diálogo de Canal 21.
El año anterior, cuando se instauró el régimen de excepción, por ejemplo, no hubo un solo asesinato de estudiantes ni profesores por primera vez en la historia de El Salvador, a pesar de que miles retornaron a las aulas tras haber estado en clases virtuales obligados por la pandemia.
El régimen de excepción ha permitido la captura de más de 61,500 pandilleros y colaboradores, lo que ha reducido no solo los asesinatos al mínimo, sino también todos los delitos de alto impacto, como desapariciones, robos, extorsiones y secuestros.
El representante de los colegios agregó que están agradecidos por las medidas implementadas por las autoridades de seguridad en función de garantizar la tranquilidad de la población.
«Como colegios privados agradecemos estas medidas que ahora nos están llevando a tener mayor seguridad y retornando los estudiantes que habían abandonado las aulas; esto es algo positivo», dijo.
Añadió que este clima de tranquilidad «contribuye a que podamos vivir en un ambiente con mayor certeza de lo que estamos haciendo, porque la inseguridad se veía venir en el trayecto que había al colegio, era algo que había que pensarlo dos veces para inscribir a un hijo».
Hernández agregó que en una visita a colegios privados en Guatemala hubo padres de familia que le externaron de forma positiva el esfuerzo que el Gobierno salvadoreño ha desarrollado para proteger a los estudiantes, maestros, padres de familia y empleados de centros educativos que forman parte de la comunidad escolar.
En décadas pasadas, los gobiernos de turno poco o nada hicieron para garantizar la protección de los alumnos, pues era común el asesinato de jóvenes estudiantes a manos de las pandillas o, en su defecto, el reclutamiento para que se incorporaran a estructuras criminales. El fracaso de los planes de seguridad de los gobiernos pasados, que se caracterizaron por favorecer a los pandilleros, se tradujo en el asesinato de más de 140 estudiantes entre 2015 y 2016.
Solo en este último año las condiciones de inseguridad provocaron la deserción estudiantil de un estimado de 15,000 estudiantes, lo que representó cerca del 50 % de los jóvenes que dejaron de estudiar en 2016, según el Ministerio de Educación.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Nacionales
Conductor sin licencia atropella a mujer de 81 años al no permitirle bajar del microbús en Mejicanos
Una mujer de 81 años resultó lesionada la mañana de este jueves tras ser atropellada por un microbús de la ruta 44 en la 29 Avenida Norte, frente al centro comercial Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el motorista del microbús no esperó a que la víctima descendiera completamente de la unidad, lo que provocó que cayera y sufriera lesiones en las piernas. Fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Carlos Elías Baires Flores, de 40 años, quien, según las autoridades, no posee licencia de conducir ni carnet de motorista. Por este motivo, será remitido a las instancias correspondientes por el delito de lesiones.
Las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas del transporte público a cumplir con los protocolos de seguridad y contar con los permisos requeridos para operar unidades.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
