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CAMPO PAGADO: HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Hace unos días hice pública una denuncia en contra del Señor Fiscal General de la República Lic. Douglas Meléndez Ruiz; que abusando de su poder irrestricto, con la capacidad de girar órdenes de captura sin ningún fundamento y más grave aún, utilizando la figura penal de Lavado de Dinero y Activos, simultáneamente sin haber sido condenado ni vencido en juicio aplica la ley de extinción de dominio y la mantiene aún cuando en otros juicios civiles, los denunciados hayan sido declarados inocentes, eso es doble persecución.
Hago este llamado en vista que hemos sido notificados por el Lic. Jorge Orlando Cortez, Jefe de la UIF, que el expediente 28-UIF–2016 que por más de dos años vienen investigando y pidiendo documentación a todos los Bancos del sistema, lo que ha provocado el cierre de todas las cuentas Bancarias de las empresas y de sus ejecutivos. El Lic. Cortez ha declarado reserva total del expediente y los abogados defensores en múltiples ocasiones han solicitado tener participación como la ley nos lo permite en el Art. 80 Pr.Pn y esto siempre nos ha sido negado. Esto es una muestra más que en nuestro país estamos viviendo una indefensión jurídica total, ya no existen garantías de ningún tipo.
Conocemos los motivos por lo cual han declarado reserva total, pues intenta a toda costa, encontrar cualquier invento para iniciarme un proceso penal por lavado de dinero y con ello aplicar la extinción de dominio. Caso imposible de sustentar ya que a pesar de tantas denuncia que han presentado en contra de la Empresa y de mi persona, todos nuestros ingresos son de origen lícito proveniente de las alcaldías. Corte de Cuentas ya ha dado los resultados del examen de auditoría especial dando como resultado que todas las operaciones son lícitas y no hay ningún reparo que presentar.
Plan que existe desde un primer momento en que se fabricaron todas las pruebas falsas en mi contra dentro del proceso penal que se ventila en el Juzgado 8 de Instrucción y como ese proceso está totalmente desenmascarado y es nulo, intentan otra ruta para que sigamos con procesos penales.
El Caso RAIS – MARTINEZ es tan falso y tan ilegal que hemos denunciado a los fiscales que se prestaron para esta burda fabricación y en estos momentos se están realizando dichas investigaciones.
La función de Fiscal General es una elección de 3 años y su mandato vence el 5 de enero 2019, le quedan 127 días de poder, si no es reelecto.
Pero los Fiscales auxiliares son de carrera y tienen responsabilidad penal por actos contrarios a la ley; y no pueden, aunque se les ordene irrespetar la ley y la Constitución, Art. 235 Cn.
El Magistrado Lic. Carlos Sánchez Escobar, candidato a Magistrado de La Sala de lo Constitucional, es testigo fidedigno de cómo los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Julio César Larrama y Xenia Lizeth Linares, le engañaron presentando información falsa que ya fue confirmada por el Señor Juez 8 de Instrucción y con esa falsedad, engañado, el Lic Sánchez ordenó mi captura.
Dejo Constancia de la nueva falsa imputación que se está gestando, pues es triste que en nuestro País el estado de Derecho ha sido pisoteado.
Enrique Rais,
Apoderados: Lic. Jose David Campos Ventura y Lic Hernan Cortez Saravia
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El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
