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CAMPO PAGADO: HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Hace unos días hice pública una denuncia en contra del Señor Fiscal General de la República Lic. Douglas Meléndez Ruiz; que abusando de su poder irrestricto, con la capacidad de girar órdenes de captura sin ningún fundamento y más grave aún, utilizando la figura penal de Lavado de Dinero y Activos, simultáneamente sin haber sido condenado ni vencido en juicio aplica la ley de extinción de dominio y la mantiene aún cuando en otros juicios civiles, los denunciados hayan sido declarados inocentes, eso es doble persecución.
Hago este llamado en vista que hemos sido notificados por el Lic. Jorge Orlando Cortez, Jefe de la UIF, que el expediente 28-UIF–2016 que por más de dos años vienen investigando y pidiendo documentación a todos los Bancos del sistema, lo que ha provocado el cierre de todas las cuentas Bancarias de las empresas y de sus ejecutivos. El Lic. Cortez ha declarado reserva total del expediente y los abogados defensores en múltiples ocasiones han solicitado tener participación como la ley nos lo permite en el Art. 80 Pr.Pn y esto siempre nos ha sido negado. Esto es una muestra más que en nuestro país estamos viviendo una indefensión jurídica total, ya no existen garantías de ningún tipo.
Conocemos los motivos por lo cual han declarado reserva total, pues intenta a toda costa, encontrar cualquier invento para iniciarme un proceso penal por lavado de dinero y con ello aplicar la extinción de dominio. Caso imposible de sustentar ya que a pesar de tantas denuncia que han presentado en contra de la Empresa y de mi persona, todos nuestros ingresos son de origen lícito proveniente de las alcaldías. Corte de Cuentas ya ha dado los resultados del examen de auditoría especial dando como resultado que todas las operaciones son lícitas y no hay ningún reparo que presentar.
Plan que existe desde un primer momento en que se fabricaron todas las pruebas falsas en mi contra dentro del proceso penal que se ventila en el Juzgado 8 de Instrucción y como ese proceso está totalmente desenmascarado y es nulo, intentan otra ruta para que sigamos con procesos penales.
El Caso RAIS – MARTINEZ es tan falso y tan ilegal que hemos denunciado a los fiscales que se prestaron para esta burda fabricación y en estos momentos se están realizando dichas investigaciones.
La función de Fiscal General es una elección de 3 años y su mandato vence el 5 de enero 2019, le quedan 127 días de poder, si no es reelecto.
Pero los Fiscales auxiliares son de carrera y tienen responsabilidad penal por actos contrarios a la ley; y no pueden, aunque se les ordene irrespetar la ley y la Constitución, Art. 235 Cn.
El Magistrado Lic. Carlos Sánchez Escobar, candidato a Magistrado de La Sala de lo Constitucional, es testigo fidedigno de cómo los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Julio César Larrama y Xenia Lizeth Linares, le engañaron presentando información falsa que ya fue confirmada por el Señor Juez 8 de Instrucción y con esa falsedad, engañado, el Lic Sánchez ordenó mi captura.
Dejo Constancia de la nueva falsa imputación que se está gestando, pues es triste que en nuestro País el estado de Derecho ha sido pisoteado.
Enrique Rais,
Apoderados: Lic. Jose David Campos Ventura y Lic Hernan Cortez Saravia
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El alumbrado público del municipio de San Salvador Centro se encuentra renovado en 82 %, con tecnología LED. En el distrito Capital solo resta cambiar el 5 % del parque lumínico, detalló a «Diario El Salvador» el gerente de Desarrollo Urbano de la alcaldía, Mario Escobar.
Con la implementación del proyecto San Salvador Centro 100 % Iluminado, la municipalidad cuenta con 52,000 luminarias distribuidas en los cinco distritos del municipio.
«Como municipalidad tenemos aproximadamente 52,000 luminarias; de esas, 32,000 se encuentran en el distrito Capital y el resto en los otros cuatro distritos. En algunos casos se han ejecutado proyectos de sustitución de luminarias de tecnologías antiguas por tecnologías más nuevas, como la tecnología LED», dijo Escobar.
Agregó que las reparaciones se enfocan principalmente en las lámparas de tecnologías antiguas, ya que, debido a su tiempo en uso, requieren mayor mantenimiento.
En cuanto a las intervenciones realizadas, detalló que en lo que va del año se han registrado 4,572.
«En el distrito de Ciudad Delgado registramos 489 atenciones, en el distrito de Mejicanos 220, en Ayutuxtepeque 360, y en Cuscatancingo 308, para un total de 1,377 atenciones. En lo que respecta al distrito Capital, hemos realizado 3,195 atenciones al parque lumínico», señaló.
Además, explicó que uno de los principales retos de la municipalidad para mejorar el parque lumínico se centra en dos aspectos: el cuidado del medio ambiente y la atención a la población que necesita iluminación adecuada.
«Los retos son mantener la iluminación con la tecnología existente y proyectar la sustitución hacia una tecnología más moderna. Recordemos que la tecnología antigua no solo representa un mayor consumo energético, sino también genera más calor. En ese sentido, se están buscando estrategias alternativas para avanzar en la sustitución de esas lámparas. Sin embargo, el enfoque principal es garantizar que la población cuente con iluminación», afirmó el gerente de Desarrollo Urbano.
Asimismo, señaló que las lámparas instaladas cumplen con parámetros específicos que establece la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, como la eficiencia energética y de consumo, resistencia de humedad y calor, entre otros aspectos técnicos.
Escobar hizo un llamado a la población para reportar cualquier problema relacionado con el alumbrado público, acercándose a las oficinas municipales del distrito correspondiente, o mediante las redes sociales de la alcaldía, o llamando al 2205-4000.
El director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador Centro, Francisco López, detalló que entre enero y mayo de este año se han impuesto 157 esquelas por el incumplimiento del artículo 32 de la Ordenanza Reguladora de los Residuos Sólidos, registrándose la mayoría de las infracciones en los distritos de Mejicanos y San Salvador.
«Es obligación de toda persona, natural o jurídica, mantener limpio frente a su inmueble, ya sea en pasaje, calle principal o eje preferencial. Lo mismo ocurre con los arriates, cunetas, aceras, se deben mantener libres de obstáculos», indicó durante una inspección de limpieza en la colonia Monserrat, distrito 5 de la capital.
López dijo que se están desarollando diversas inspecciones luego de detectar la falta de aseo frente a varias viviendas y acumulación de residuos en la zona.
«Quienes no cumplen con la limpieza frente a sus inmuebles podrían recibir multas desde $901 hasta $2,200. Se hacen tres prevenciones y a la cuarta vez se emplaza una esquela», detalló.
Las infracciones, según la autoridad, fueron detectadas mediante patrullajes preventivos realizados por elementos del CAM, o a través del monitoreo del sistema de video vigilancia Sívar Seguro y por denuncias ciudadanas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
