Judicial
Ayudante de soldador le cercenó el dedo a su jefe por no pagarle $10 de un trabajo mal hecho
Un descuento de $10 provocó la ira de un ayudante de soldador quien con un machete le arrancó un dedo a su jefe luego de ser acusado de un mal trabajo que realizaron en el municipio de San Martín.
Según el expediente judicial, Mario (nombre modificado por seguridad), un soldador con más de 40 años de experiencia, recibió la visita de Ricardo J. un jornalero que le pidió trabajo como ayudante debido a que no tenía una fuente de ingresos que le permitiera llevar dinero a su casa.
La situación de su vecino llevó a la víctima a acceder a la petición y descartar a otros auxiliares que también le pedían ser tomados en cuenta, esto pese a tener claro que su nuevo ayudante no tenía experiencia en el área que se iba a desempeñar.
Días después, Mario llamó a Ricardo para indicarle que tenían que realizar una obra para un ingeniero que identificó como Toño, y que a pesar de que no recibiría mucho dinero como paga, estaba dispuesto a entregarle un pequeño porcentaje de la ganancia. Algo a lo que el imputado aceptó.
La obra mal hecha
Ambos hombres trabajaron durante ocho días en una construcción en la que tenían que soldar varios metros de lámina. El trabajo estaba listo y fue entregado a los propietarios del inmueble.
Sin embargo, Toño llamó a Mario para reclamarle por la calidad del trabajo realizado, alegando que las láminas estaban mal colocadas y que esto provocó daños en la construcción, razón por la que optó por descontarle $40.
Sorprendido, Mario aceptó los errores cometidos y el descuento de su empleador. Además, el soldador se preocupó por la mala imagen que había dejado y de la que responsabilizó a su inexperto ayudante.
Por este motivo, se dirigió a la casa de su empleado para pedirle una explicación sobre lo sucedido y anunciarle que no le pagaría nada por. Sin imaginar lo que estaría a punto de suceder.
Luego de escuchar al soldador, Ricardo -quien es reconocido por sus vecinos como una persona violenta- optó por ingresar a su vivienda para sacar uno de sus corvos y atacarlo.
El ataque del jornalero era con la intención de matar al soldador que con sus manos y brazos evitaba que el filo del arma le provocara los daños que intentaba su agresor, quien en cada intento se enfurecía más.
Sin embargo, las fuerzas del soldador se fueron debilitando y esto fue aprovechado por su ayudante logrando hacer contacto con uno de los dedos de Mario, quien al ver cercenado su dedo comenzó a gritar de dolor.
Pese a esto, Mario seguía luchando con Ricardo y logró quitarle el arma la cual lanzó a un lado. Pero su agresor estaba dispuesto a seguir su ataque y tomó varias piedras para tirarlas a la cabeza de la víctima.
La riña entre los hombres se terminó cuando la víctima comenzó a correr. Buscó ayuda para curar su dedo y fue trasladado a un hospital de Apopa, en el que fue atendido. Las heridas recibidas tardaron 10 días en curar.
Los dos errores del caso
Durante la recuperación, Mario interpuso la denuncia en contra de su excompañero de trabajo por el delito de agresiones graves y pedía una indemnización por el servicio hospitalario que recibió y la pérdida de sus dedos, esenciales para el trabajo que realiza.
En la etapa de instrucción, Mario decidió darle una segunda oportunidad a Ricardo y llegó a un acuerdo de conciliación. Sin embargo, el imputado no respetó el acuerdo y volvió a agredir a su víctima.
Por esta razón, el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador celebró un juicio en el que se decidió absolver de los cargos al jornalero. La parte juzgadora alegó que las pruebas presentadas por Fiscalía eran insuficientes por lo que ordenó la libertad inmediata del imputado.
Desde la última semana de julio de 2018, Ricardo regresó a la vida de drogas y alcohol en la que ha estado sumergido durante muchos años. Además, sigue siendo una amenaza para Mario quien aseguró no ha vuelto a ser el mismo desde el ataque.
La agresión sufrida ha perjudicado al soldador quien manifestó que para hacer un trabajo que antes le llevaba una hora “hoy me tardo el doblo del tiempo”, lo cual le genera problema con sus patrones.
Nota de El Salvador Times. Vea más
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
