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Autoridades verifican el cumplimiento de la veda del camarón en Puerto El Triunfo, Usulután
El personal del Centro Nacional de la Pesca y Acuicultura (Cendepesca), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se encuentra verificando que los pescadores de Usulután cumplan la veda de camarón.
José Alberto Valle, director de la oficina zonal 3 de Cendepesca en Puerto El Triunfo, mencionó que han comenzado a verificar que los barcos pesqueros de camarón marino estén en muelle.
Con las primeras verificaciones han constatado el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno por parte de los pescadores. Las medidas tienen el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la pesca y una mejora en la producción.
«Aquí, en la zona de Puerto El Triunfo, son 39 barcos. Seguiremos con las verificaciones en los desembarcaderos para ver qué producto traen», informó Valle.
El MAG ha informado que la veda de camarón marino estará vigente hasta el 31 de mayo; en el caso de que se les encuentre producto a los pescadores, les será decomisado y deberán pagar una multa de entre 20 y 50 salarios mínimos.
De la misma forma, durante las verificaciones también han constatado que los barcos pesqueros tengan el sistema excluidor de tortugas TED, requerido internacionalmente para exportar nuestros productos.
«Se ha hecho una medición de la TED, si es adecuada, si tiene las medidas correctas y si la solapa está bien ubicada. Todo esto sirve para que la tortuga salga libremente por la TED. Estamos dando seguimiento; al no cumplir, pueden incurrir en una multa», expresó Valle.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
