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Autoridades desarticulan estructura que hacía «delivery» con paquetes de drogas
Durante la madrugada de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), en trabajo coordinado con la Policía, ejecutó un operativo para desmantelar una estructura dedicada al tráfico de drogas.
Esta delinquía a través de una plataforma que ofrecía el «servicio de entrega de mercadería». Los imputados simulaban la entrega de paquetes para movilizar la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
«Esta noche estamos ejecutando un operativo junto con la División Antinarcóticos —DAN— de la Policía, en el cual se están ejecutando 24 registros con prevención de allanamiento», indicó el fiscal del caso.
«El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo a sus familiares, quienes también han sido detenidos», indicó el fiscal del caso.
Las autoridades realizaron los registros en Santa Tecla y Lourdes, en La Libertad; y en Soyapango, en San Salvador, lu gares en los que la droga se distribuía y se comercializaba.
«Como resultado de los registros, se han decomisado varias porciones de cocaína y crac listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información importante para las investigaciones y más de $3,000 en efectivo», detalló el fiscal.
Las autoridades reportaron la captura de 17 imputados, quienes fueron identificados como José Antonio Pérez Montoya, Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete y Bryan Moisés Pérez Valladares.
Además, William Alexánder Rivera Huezo, Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Mirón Noyola, Pamela Sa raí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel Ángel González Villarán.
HAY MÁS IMPLICADOS
«El objetivo es capturar a un total de 34 personas que forman parte de una estructura que se dedica a distribuir cocaína en Santa Tecla y Lourdes», detalló el fiscal. La fuente aseguró que las de tenciones son producto de una investigación ejecutada desde enero de 2025.
«La investigación ha permitido determinar el modo de operar de esta estructura, logrando identificar a todos sus integrantes», señaló el funcionario.
La Fiscalía explicó que las personas que apoyaban a Pérez Montoya se ha cían pasar por «Ubers» para ingresar a diferentes lugares, simulando que iban a entregar paquetes comerciales.
«Sin embargo, lo que están entregando es droga, cocaína. Toda la estructura opera de la misma forma en la zona de Santa Tecla y Lourdes», destacó la fuente de la Fiscalía.
El pasado 25 de febrero, las autoridades también desarticularon una estructura criminal dedicada al contra bando de mercaderías que delinquía en el territorio nacional.
La investigación, que se desarrolló durante aproximadamente dos años, permitió identificar a los criminales.
De acuerdo con las investigaciones, la banda tenía distintos niveles de operación. Existían líderes, proveedores, encargados de introducir el producto por puntos fronterizos no habilitados —puntos ciegos— en la zona limítrofe con Guatemala y Honduras.
Luego, la mercadería era trasladada hacia San Salvador y distribuida a municipios de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión. Finalmente, vendedores al detalle comercializaban los cigarrillos en mercados urbanos, completando así la cadena de distribución ilegal.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
