Internacionales
Perdió a su marido, fue torturada y violada por policías para que confesara que era del cártel de Los Zetas
Mónica Esparza Castro fue víctima de tortura y abuso sexual por parte de las autoridades mexicanas; la obligaron a declararse miembro de un cártel de las drogas.
El 12 de febrero de 2013 la vida de Mónica Esparza Castro cambió para siempre luego de que policías municipales detuvieran la camioneta donde viajaba porque la identificaron como miembro del crimen organizado, y decidieron utilizar varias técnicas de torturapara ‘sacarle’ una confesión.
Lo que sería una revisión de rutina se convirtió en un infierno;: fue violada por varios agentes, recibió descargas eléctricas en los genitales, fue asfixiada con una bolsa de plástico, sometida a intentos de ahogamiento en una tina con agua y amenazada con ser descuartizada.
El día de su detención, Mónica viajaba en compañía de su hermano y su esposo; se dirigían a una ferretería en el municipio de Torrerón, Coahuila. Luego de su detención, los policías trasladaron a los tres detenidos a una bodega de la Dirección de Seguridad Pública. En el sitio los interrogaron sobre su supuesta vinculación con Los Zetas.
Al no obtener respuesta, los agentes empezaron a golpear a la jóven y sus familiares. Según su testimonio, primero fue golpeada en el rostro para luego ser ahogada en un tambo. Además fue golpeada en los glúteos con un trozo de madera y amenazada de muerte.
Los policías la obligaron a presenciar cómo torturaban a su hermano y a su esposo, quien fue abusado sexualmente y murió a consecuencia de las heridas que la policía le ocasionó.
Tras haber sido abusada sexualmente por siete agentes, Mónica y sus familiares fueron trasladados a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, donde fue violada por segunda ocasión y amenazada de muerte.
Luego fueron enviados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde su hermano y ella fueron obligados a firmar una confesión en la que se declaraban culpables por los delitos de secuestro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
«El Ministerio Público de la Ciudad de México le enseñó a Mónica fotos de sus hijos y de su madre. La amenazaron con matar a todos si no confesaba que era miembro de Los Zetas, por ese motivo actualmente está encerrada», dijo Rogelio Menchaca, padre de la víctima, en entrevista para El Universal.
A pesar de que en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un examen que confirmó que Mónica fue víctima de torturas por parte de las autoridades, hasta ahora no se han formulado cargos contra ninguno de los agresores y ella sigue en prisión.
Mientras la averiguación previa sigue abierta, Mónica está recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (Cefereso 16), en Morelos.
Rogelio Menchaca comentó que debido a sus intentos por liberar a su hija, él y otros miembros de su familia han recibido amenazas por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón a fin de que detengan su investigación sobre lo que ocurrió en el día de la detención.
Hace tres años, otro de mis hijos, el mayor, fue detenido por unos policías para advertirle que nos dejáramos de chingaderas, que dejáramos de buscar información al respecto y que nos fuéramos de aquí. También se molestaron porque buscamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vivir en Torreón se ha vuelto algo muy complicado para nosotros
El testimonio del padre fue recogido este lunes por el periódico nacional, sin embargo, ésta no es la primera vez que la historia de Mónica sale a la luz. En 2016, una investigación elaborada por Amnistía Internacional recopiló 100 casos de víctimas de tortura por parte de la policía; el de Mónica fue uno de ellos.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
