Internacionales
Fiscal es asesinado a tiros en Ecuador
Un fiscal de Ecuador fue asesinado por pistoleros en una de las ciudades más violentas del país el jueves, en la misma jornada en la titular de la Fiscalía General del Estado recibió amenazas de muertes, informó el ente investigador.
El agente fiscal Leonardo Palacios falleció «tras un ataque perpetrado hoy en su contra» en la localidad de Durán, cercana a Guayaquil, señaló la Fiscalía a través de Twitter.
Agregó que el funcionario fue atacado tras asistir a «una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato». Mientras conducía unos sujetos lo interceptaron y abrieron fuego. Las autoridades han reunido más de 40 indicios balísticos en el lugar del crimen.
Jorge Hadathy, jefe policial de Durán, precisó a periodistas que en el auto también estaba una secretaria de la fiscalía, quien resultó ilesa.
El asesinato de Palacios ocurrió el mismo día que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió amenazas de muerte a través de un video enviado por Whatsapp y que fue divulgado por medios locales.
En él aparecen al menos seis personas armadas con fusiles y vestidas de negro y con gorras que impiden ver sus rostros.
«Ya vas a cumplir años, no quiero arruinar tu fiesta matándote a tu hija», dice la voz de hombre en el video que recibió la fiscal, conocida por haber procesado por corrupción al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017).
Mientras los hombres armados apuntan sus fusiles contra el suelo también se escucha: «Si no te vas por las buenas, te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno».
Ecuador enfrenta un aumento de la violencia criminal y el narcotráfico, con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.
El año pasado dos fiscales y un juez fueron asesinados a balazos en diferentes partes del país.
Tras la denuncia de las amenazas de muerte contra Salazar, el ministerio del Interior ordenó reforzar la seguridad de la funcionaria.
Internacionales
Bank of America acepta pagar $72,5 millones para cerrar un proceso civil vinculado a Epstein
Bank of America aceptó pagar 72,5 millones de dólares para cerrar una causa civil colectiva en la que se le acusaba de haber facilitado el «tráfico sexual» del financista Jeffrey Epstein, según documentos judiciales consultados por AFP.
«Esta resolución nos permite dejar el asunto atrás y le ofrece un cierre a los demandantes», indicó un portavoz de Bank of America, que de todos modos niega haber ayudado a Epstein en la comisión de delitos.
El acuerdo entre las partes debe aún ser ratificado por un juez de Nueva York.
Las demandantes, presentadas como víctimas sin identificar del fallecido financista, acusaban al banco estadounidense de haber «participado consciente e intencionalmente en la red de trata sexual de Jeffrey Epstein» al prestarle servicios bancarios a pesar de las «señales de alerta».
En el texto del acuerdo, Bank of America reiteró que impugna todas las acusaciones en su contra.
El banco específicamente negó «haber participado de cualquier manera» en la red criminal de Epstein.
Es el más reciente de los acuerdos de bancos con víctimas de Epstein, después de un acuerdo por 75 millones de dólares con JP Morgan y un pago reportado por 75 millones de dólares por parte de Deutsche Bank, ambos en 2023.
Epstein fue arrestado y acusado en julio de 2019 por explotación sexual de menores y conspiración. Fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de ese año, mientras esperaba ser juzgado. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en línea más de tres millones de archivos relacionados con la investigación en su contra. Los documentos muestran el alcance de sus vínculos con importantes personalidades en todo el mundo.
Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.
Ese archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los más jóvenes de los efectos perjudiciales de la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.
Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en redes consideradas «de alto riesgo», entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox.
X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años, respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, justo antes de que se aplicara la prohibición.
Las demás plataformas digitales deben «adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente», añadió la funcionaria en una conferencia de prensa.
Advirtió que no habrá «margen para concesionesv» para las redes sociales que operan en Indonesia.
TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la medida, incluyendo «tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años».
Sin embargo, el gobierno indonesio no ha indicado cómo piensa controlar su veto.
La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.
México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y exigió investigar las «graves omisiones» del centro de detención donde se hallaba el migrante.
Con este caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.
La institución exhortó a Estados Unidos a que «estos lamentables casos no continúen» y demandó «una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia».
Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos «para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas» al deceso.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. «Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención», declaró en rueda de prensa.
En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con «complicaciones médicas» y cuatro más fueron catalogados como «suicidio».
Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.
El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.
