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Internacionales

El cuerpo del joven misionero estadounidense asesinado por una tribu podría permanecer allí para siempre

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El cuerpo del joven «misionero» estadounidense asesinado por una tribu que vive aislada en una isla india podría permanecer allí para siempre, sugieren los expertos, que plantean el dilema de recuperar sus restos sin poner en peligro la supervivencia de estos indígenas.

El 16 de noviembre, el ciudadano de 27 años John Allen Chau murió al intentar entrar ilegalmente en contacto con esta tribu de cazadores y recolectores que vive en autarquía desde hace siglos en la isla Sentinel del Norte, del archipiélago indio de Andamán y Nicobar.

Las autoridades indias ni siquiera trataron de enviar agentes policiales al lugar para interrogar a los habitantes. En las últimas décadas, cualquier intento de contacto del mundo exterior ha terminado en hostilidades y en un rechazo violento por parte de esta comunidad.

La amenaza para los habitantes de esta isla es tal que los especialistas en derechos indígenas dicen que nunca se presentarán cargos de asesinato contra ellos y que el cuerpo de Chau tendrá que permanecer en la isla para proteger lo que probablemente sea la última tribu preneolítica del mundo.

La policía está hablando con antropólogos y expertos sobre la mejor manera de establecer contacto.

Este viernes, enviaron un barco cerca de la isla por segunda vez desde el asesinato de Chau. «El equipo tomó las debidas precauciones para garantizar que este grupo tribal particularmente vulnerable no se vea perturbado y angustiado durante el ejercicio», dijo la policía en una declaración.

El temor de que enfermedades tan comunes como un resfriado puedan hacer desaparecer a la tribu o que la electricidad o internet terminen con su estilo de vida han dejado a los habitantes de esta isla en total aislamiento.

Doble dilema 

Pankaj Sekhsaria, experto en derechos tribales y autor de investigaciones sobre las islas, dijo que sería «un ejercicio inútil» tratar de recuperar el cuerpo.

«No creo que sea una buena idea acercarse porque creará un conflicto con la comunidad», explicó a la AFP. El experto advirtió a las autoridades indias de que ahora podrían tener que reforzar la vigilancia alrededor de la isla para evitar que otra persona como Chau se acerque a la tribu.

«No creo que haya una manera segura de recuperar el cuerpo sin poner a los sentineleses o los otros en riesgo», agregó Sophie Grig, investigadora de Survival International, que hace campaña a favor de estos grupos aislados.

Anup Kapoor, profesor de antropología de la Universidad de Nueva Delhi, dijo que cualquier persona que quiera iniciar un diálogo con los sentineleses tenía que demostrar estar «al mismo nivel» que ellos.

El principal escollo es el desconocimiento sobre estos indígenas, probablemente descendientes de los primeros humanos que llegaron a Asia. «No tenemos ningún indicio sobre su sistema de comunicación, su historia y su cultura, cómo podemos acercarnos a ellos», cuestionó Kapoor.

«Lo que sabemos es que fueron asesinados y perseguidos por los británicos y los japoneses. Odian a cualquier persona en uniforme. Si ven a alguien en uniforme, lo matan enseguida», agregó.

El jefe de policía del archipiélago indio de Andamán, Dependra Pathak, dijo que no se podía dar un plazo para encontrar el cuerpo.

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Video muestra cómo un hombre fue salvado de morir electrocutado por la rápida acción de su amigo

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Un video que circula en redes sociales se ha viralizado al mostrar el momento en que un hombre interviene para auxiliar a un amigo que estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica.

En las imágenes se observa cómo la víctima permanece atrapada por la corriente eléctrica, mientras su compañero reacciona de inmediato e intenta apartarlo de la fuente de peligro.

El hecho quedó registrado en video y ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han destacado la rápida acción del rescatista durante la emergencia.

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Internacionales

Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump

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El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.

La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.

La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.

Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.

Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.

Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.

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Francia cuestiona su sistema judicial tras el presunto asesinato de una niña

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El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.

La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.

Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.

El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.

Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.

El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.

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