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El cuerpo del joven misionero estadounidense asesinado por una tribu podría permanecer allí para siempre

El cuerpo del joven «misionero» estadounidense asesinado por una tribu que vive aislada en una isla india podría permanecer allí para siempre, sugieren los expertos, que plantean el dilema de recuperar sus restos sin poner en peligro la supervivencia de estos indígenas.
El 16 de noviembre, el ciudadano de 27 años John Allen Chau murió al intentar entrar ilegalmente en contacto con esta tribu de cazadores y recolectores que vive en autarquía desde hace siglos en la isla Sentinel del Norte, del archipiélago indio de Andamán y Nicobar.
Las autoridades indias ni siquiera trataron de enviar agentes policiales al lugar para interrogar a los habitantes. En las últimas décadas, cualquier intento de contacto del mundo exterior ha terminado en hostilidades y en un rechazo violento por parte de esta comunidad.
La amenaza para los habitantes de esta isla es tal que los especialistas en derechos indígenas dicen que nunca se presentarán cargos de asesinato contra ellos y que el cuerpo de Chau tendrá que permanecer en la isla para proteger lo que probablemente sea la última tribu preneolítica del mundo.
La policía está hablando con antropólogos y expertos sobre la mejor manera de establecer contacto.
Este viernes, enviaron un barco cerca de la isla por segunda vez desde el asesinato de Chau. «El equipo tomó las debidas precauciones para garantizar que este grupo tribal particularmente vulnerable no se vea perturbado y angustiado durante el ejercicio», dijo la policía en una declaración.
El temor de que enfermedades tan comunes como un resfriado puedan hacer desaparecer a la tribu o que la electricidad o internet terminen con su estilo de vida han dejado a los habitantes de esta isla en total aislamiento.
Doble dilema
Pankaj Sekhsaria, experto en derechos tribales y autor de investigaciones sobre las islas, dijo que sería «un ejercicio inútil» tratar de recuperar el cuerpo.
«No creo que sea una buena idea acercarse porque creará un conflicto con la comunidad», explicó a la AFP. El experto advirtió a las autoridades indias de que ahora podrían tener que reforzar la vigilancia alrededor de la isla para evitar que otra persona como Chau se acerque a la tribu.
«No creo que haya una manera segura de recuperar el cuerpo sin poner a los sentineleses o los otros en riesgo», agregó Sophie Grig, investigadora de Survival International, que hace campaña a favor de estos grupos aislados.
Anup Kapoor, profesor de antropología de la Universidad de Nueva Delhi, dijo que cualquier persona que quiera iniciar un diálogo con los sentineleses tenía que demostrar estar «al mismo nivel» que ellos.
El principal escollo es el desconocimiento sobre estos indígenas, probablemente descendientes de los primeros humanos que llegaron a Asia. «No tenemos ningún indicio sobre su sistema de comunicación, su historia y su cultura, cómo podemos acercarnos a ellos», cuestionó Kapoor.
«Lo que sabemos es que fueron asesinados y perseguidos por los británicos y los japoneses. Odian a cualquier persona en uniforme. Si ven a alguien en uniforme, lo matan enseguida», agregó.
El jefe de policía del archipiélago indio de Andamán, Dependra Pathak, dijo que no se podía dar un plazo para encontrar el cuerpo.
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Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína

Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
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¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
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Presidente de Colombia prohíbe la entrada a la fiscal general de Guatemala

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.