Internacionales
Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual
El futbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión sexual que cometió en la discoteca Sutton en la noche del 30 de diciembre de 2022. La jueza ha considerado probados los hechos y le ha impuesto además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas del juicio.
Desde el tribunal consideran probado que “el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir. Con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”, añaden.
La acusación particular, “satisfecha”
Una vez han salido de la Audiencia de Barcelona las diferentes partes, desde la acusación particular, un representante de la denunciante (Ester García se encuentra junto a la víctima), ha señalado que están “satisfechos” porque “se ha reconocido la verdad de la víctima, que hubo una agresión sexual”.
Durante la mañana del miércoles se conoció que Alves había sido citado por el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, aunque no se especificó la razón exacta. Podía tratarse de una resolución sobre la petición de libertad provisional hasta conocer la sentencia o, por el contrario, deberse a que el veredicto sobre el caso estaba ya decidido. Finalmente, ha sido esta última la razón, coincidiendo con los plazos que adelantaban muchos expertos en materia judicial.
Inés Guardiola: “Vamos a recurrir”
Inés Guardiola, la abogada de Alves, en su salida de la Audiencia de Barcelona, ha asegurado que “vamos a recurrir a la sentencia. Sigo creyendo en la inocencia de Daniel Alves. Vamos a recurrir en apelación. Ahora hay que estudiar la sentencia”. Además, ha señalado que “el señor Alves está entero. Ya sabe el resultado”.
Así fue el juicio
Entre el 5 y el 7 de febrero, cuando Alves ya llevaba más de un año en la cárcel de Brians 2, se celebró el juicio en el que comparecía como acusado. En la primera de las tres sesiones declararon la denunciante y cinco testigos: dos de ellos las acompañantes de la víctima y tres trabajadores de la discoteca Sutton. La declaración de la joven agredida fue a puerta cerrada y en todo momento hubo un biombo que le separó de Alves.
La comparecencia más esperada de la segunda fecha fue la de Joana Sanz, la mujer del futbolista. La expectación estaba en todo lo alto, pues su actitud para con Alves había cambiado a lo largo del tiempo e incluso se había llegado a deslizar la posibilidad de que testificase en su contra. No obstante, finalmente no fue así y se sumó a la versión de la defensa indicando que su marido llegó a casa muy borracho.
En la última jornada se mostraron las imágenes conseguidas por las cámaras del lugar, además de las pruebas periciales del caso. El último en dar su versión fue un Alves que impidió que su familia presenciase el juicio desde la tribuna de invitados. Alegó que las relaciones sexuales fueron consentidas y que estuvieron “disfrutando y ya está, nada más”.
Cuatro peticiones de libertad provisional
Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, la abogada de Alves, Inés Guardiola, elevó una nueva petición para que se le concediera a su cliente la libertad provisional a expensas del juicio. En esta ocasión, debido a la premura con la que se ha hecho oficial la sentencia, no ha hecho falta contestación.
Era la cuarta vez que Alves solicitaba esta medida liberatoria pese a que había recibido tres ‘noes’ como respuesta. El argumentario tanto de la Fiscalía como de la magistrada era el evidente riesgo de fuga provocado por el músculo económico del futbolista y por la inexistencia de un tratado de extradición con Brasil. De hecho, hace unos días un preso compañero de celda confesó que si le hubieran dado la provisional “coge y se va para Brasil”.
Lo que pedían las partes
El juicio contra Dani Alves es uno de los más mediáticos por violencia sexual desde la aprobación de la conocida ley del ‘Solo sí es sí’. En aplicación de la nueva legislación, el segundo futbolista más laureado de la historia se enfrentaba a una pena máxima de 12 años de prisión, además de a una importante indemnización. Ese mismo castigo era el solicitado por la acusación.
Por su parte, la Fiscalía rechazó la petición de la pena máxima y optó por una intermedia consistente en nueve años de cárcel. Alejados de ambas opciones, la defensa ejercida por Inés Guardiola solicitó una absolución previa búsqueda de una rebaja de pena justificada por el consumo elevado de alcohol de Alves en la noche de los hechos.
Durante los últimos meses previos al juicio, las tres partes implicadas en el caso trabajaron en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evitara ver a Alves sentado en el banquillo de los acusados. Todas las opciones de que ese pacto fructificase pasaban porque el futbolista admitiese su culpabilidad, algo que nunca se ha producido. Ester García, la abogada de la víctima, contó al finalizar la primera sesión del juicio que las negociaciones no llegaron a término porque hubo discrepancias con los años de cárcel.
Los abogados del ex mandatario estadounidense Donald Trump interrogan nuevamente a David Pecker, ex editor de The National Enquirer, con el propósito de desacreditar el testimonio del principal testigo de la Fiscalía en el juicio por “dinero en secreto”. El ex jefe de Estado está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar dinero que habría pagado para silenciar a dos mujeres durante su campaña presidencial en 2016.
La defensa de Trump buscó este viernes socavar el testimonio de Pecker de que la práctica de un tabloide ayudó a enterrar historias vergonzosas sobre Trump como “parte de un plan” para colaborar en la campaña republicana de 2016.
David Pecker, ex editor del National Enquirer, regresó al estrado de los testigos por cuarto día consecutivo mientras los abogados defensores intentaban encontrar lagunas en su testimonio sobre los esfuerzos de su tabloide para proteger a su viejo amigo.
El testimonio de Pecker es crucial para los fiscales, quienes alegan que el esfuerzo fue una forma de influir ilegalmente en las elecciones de 2016.
Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Trump están tratando de demostrar que cualquier trato que Trump haya tenido con Pecker tenía como objetivo proteger a Trump, su reputación y su familia pero no su campaña.
Pecker ha testificado que tramó un plan con Trump y el entonces abogado del ex mandatario Michael Cohen, en agosto de 2015, para que el National Enquirer ayude en la campaña presidencial de Trump.
Pero, al ser interrogado por el abogado de Trump, Emil Bove, Pecker reconoció que en esa reunión no se mencionó el término “atrapar y matar”, que describe la práctica de los tabloides que compran los derechos de las historias para que nunca vean la luz del día.
En la reunión tampoco se discutió ninguna “dimensión financiera”, como que el National Enquirer pagara a personas en nombre de Trump por los derechos de sus historias, dijo Pecker.
Bove también confrontó a Pecker con las declaraciones que hizo a los fiscales federales en 2018 que, según el abogado defensor, eran “inconsistentes” con el testimonio del ex editor a principios de esta semana. Pecker testificó anteriormente que Trump le agradeció durante una visita a la Casa Blanca en 2017 por su ayuda.
Sin embargo, según notas citadas por Bove en el tribunal, Pecker había dicho previamente a las autoridades federales que Trump no le expresó ningún agradecimiento durante la reunión.
Pecker se ciñó a la historia que contó en el tribunal. “El FBI observa que alguien que está escribiendo aquí podría estar equivocado”, dijo; y agregó: “Sé cuál es la verdad”.
El contrainterrogatorio de Pecker culmina una semana trascendental en los casos penales que enfrenta el ex presidente mientras compite por recuperar la Casa Blanca en noviembre.
“Disgustado”
Este jueves, David Pecker recordó a un iracundo Donald Trump llamándole un día después de que The Wall Street Journal publicara un artículo poco antes de las elecciones de 2016 que denunciaba el pago de USD 150.000 del tabloide National Enquirer a Karen McDougal por los derechos de la historia de la ex modelo de Playboy que afirmaba haber tenido un affaire con el candidato presidencial.
“Donald Trump estaba muy disgustado, diciendo: ‘¿Cómo ha podido pasar esto? Creía que lo tenías bajo control. O tú o uno de los tuyos filtró la historia’”, declaró Pecker. Dijo que le respondió a Trump que tal vez McDougal o alguien relacionado con ella había avisado al Journal. “Nuestra llamada terminó muy abruptamente. No se despidió, lo que fue muy inusual”, testificó Pecker.
El periodista declaró también que la respuesta del propietario del National Enquirer, American Media, al Journal de que la compañía “no había pagado a gente para matar historias perjudiciales sobre el señor Trump” era mentira. “Quería proteger a mi empresa, quería protegerme a mí mismo y quería también proteger a Donald Trump”, explicó Pecker en el estrado.
Poco después, el tribunal hizo una pausa para almorzar y Trump abandonó la sala sin dirigirse a los periodistas en el pasillo.
Escépticos sobre la inmunidad
Por otro lado, en Washington, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró el jueves escéptico ante el pedido de Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido presidente del país, pero hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores.
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados (seis conservadores y tres progresistas) interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del republicano.
El alto tribunal debe decidir si debe anularse el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington sobre Trump por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio. La mayoría de los jueces se mostraron escépticos al pedido de Trump de inmunidad absoluta al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas y no aquellas que tienen carácter personal.
Pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
Tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona.
«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, que se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.
Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.
La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.
El atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.
«No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.
Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.
El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de «usurpación violenta de predio», hurto y «atentado contra la autoridad» a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.
Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.
«Terrible crimen»
Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, «se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros».
«Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados», agregó Tohá, que también viajó a la zona.
La camioneta en que se trasladaban los policías era blindada. Los cuerpos fueron hallados en la parte posterior del vehículo y habrían sido dejados allí tras recibir ráfagas de disparos en la ruta, donde cayeron abatidos, de acuerdo a la investigación preliminar.
«Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen», aseguró Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como «terroristas».
Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.
«Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país», agregó el mandatario.
Al arribar a Concepción, Boric informó que no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el más alto organismo consultivo en estas materias.
En Santiago, en tanto, centenares de personas se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, para protestar por el asesinato de los tres policías.
Boric decretó hace casi dos años la militarización de la provincia de Arauco, junto a otras localidades de la vecina región de la Araucanía, en un intento de contener los frecuentes ataques incendiarios registrados allí, sobre todo en contra de las actividades de la industria forestal.
Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión de Boric, en marzo de 2022.
Algunas comunidades radicales mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. En la zona también se han desbaratado a bandas dedicadas al robo de madera.
Unos diez mil militantes y simpatizantes socialistas de toda España, según fuentes del partido, se congregaron este sábado (27.04.2024) en los alrededores de la sede central del PSOE en Madrid, para demostrar su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su decisión de reflexionar durante cinco días sobre su futuro al frente del Ejecutivo.
La concentración, en la que se oyeron gritos de «Pedro quédate» y «democracia sí, fascismo no», coincidió con la celebración del Comité Federal de la formación, máximo órgano del partido entre congresos, al que no asiste Sánchez, a pesar de ser su secretario general, y que tenía en un principio como objetivo ratificar la lista para las elecciones europeas del 9 de junio, encabezada por la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera. «Pedro, merece la pena, quédate, contamos contigo para los grandes desafíos que tenemos que superar juntos», dijo la ministra de Transición Energética.
En la inauguración del mitin, transmitido a través de pantallas instaladas en la calle, la vicesecretaria general del partido y también vicepresidenta del Gobierno, María José Montero, denunció la «guerra sucia» contra Sánchez y su familia por el Partido Popular y asociaciones de extrema derecha, comparándolo con fenómenos y campañas que tuvieron lugar en Brasil, Estados Unidos, Argentina y «muchos países europeos». «Begoña, compañera, estamos todas contigo», dijo en referencia a la esposa de Sánches. «Las mujeres sabemos lo que cuesta construir una carrera profesional, ser miradas siempre con lupa y exigirnos siempre más», añadió.
El Comité se reconvirtió en una reunión de apoyo al presidente del Gobierno, que el pasado miércoles comunicó, en una carta a la ciudadanía, su intención de retirarse a reflexionar sobre si merecía la pena continuar en el cargo después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia presentada contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. El denunciante es el autodenominado sindicato «Manos Limpias», de ultraderecha, cuyo secretario general, Miguel Bernad, admitió poco después que su acción se basó en informaciones periodísticas que no había comprobado y cuya veracidad deberán, dijo, investigar los jueces.
El PP y Vox acusan a Pedro Sánchez de victimizarse y montar «un espectáculo» que avergüenza al país a nivel internacional, desviar la atención de sospechas de corrupción y de hacer una campaña electoral en vísperas de varias elecciones
