Internacionales
Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual
El futbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión sexual que cometió en la discoteca Sutton en la noche del 30 de diciembre de 2022. La jueza ha considerado probados los hechos y le ha impuesto además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas del juicio.
Desde el tribunal consideran probado que “el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir. Con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”, añaden.
La acusación particular, “satisfecha”
Una vez han salido de la Audiencia de Barcelona las diferentes partes, desde la acusación particular, un representante de la denunciante (Ester García se encuentra junto a la víctima), ha señalado que están “satisfechos” porque “se ha reconocido la verdad de la víctima, que hubo una agresión sexual”.
Durante la mañana del miércoles se conoció que Alves había sido citado por el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, aunque no se especificó la razón exacta. Podía tratarse de una resolución sobre la petición de libertad provisional hasta conocer la sentencia o, por el contrario, deberse a que el veredicto sobre el caso estaba ya decidido. Finalmente, ha sido esta última la razón, coincidiendo con los plazos que adelantaban muchos expertos en materia judicial.
Inés Guardiola: “Vamos a recurrir”
Inés Guardiola, la abogada de Alves, en su salida de la Audiencia de Barcelona, ha asegurado que “vamos a recurrir a la sentencia. Sigo creyendo en la inocencia de Daniel Alves. Vamos a recurrir en apelación. Ahora hay que estudiar la sentencia”. Además, ha señalado que “el señor Alves está entero. Ya sabe el resultado”.
Así fue el juicio
Entre el 5 y el 7 de febrero, cuando Alves ya llevaba más de un año en la cárcel de Brians 2, se celebró el juicio en el que comparecía como acusado. En la primera de las tres sesiones declararon la denunciante y cinco testigos: dos de ellos las acompañantes de la víctima y tres trabajadores de la discoteca Sutton. La declaración de la joven agredida fue a puerta cerrada y en todo momento hubo un biombo que le separó de Alves.
La comparecencia más esperada de la segunda fecha fue la de Joana Sanz, la mujer del futbolista. La expectación estaba en todo lo alto, pues su actitud para con Alves había cambiado a lo largo del tiempo e incluso se había llegado a deslizar la posibilidad de que testificase en su contra. No obstante, finalmente no fue así y se sumó a la versión de la defensa indicando que su marido llegó a casa muy borracho.
En la última jornada se mostraron las imágenes conseguidas por las cámaras del lugar, además de las pruebas periciales del caso. El último en dar su versión fue un Alves que impidió que su familia presenciase el juicio desde la tribuna de invitados. Alegó que las relaciones sexuales fueron consentidas y que estuvieron “disfrutando y ya está, nada más”.
Cuatro peticiones de libertad provisional
Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, la abogada de Alves, Inés Guardiola, elevó una nueva petición para que se le concediera a su cliente la libertad provisional a expensas del juicio. En esta ocasión, debido a la premura con la que se ha hecho oficial la sentencia, no ha hecho falta contestación.
Era la cuarta vez que Alves solicitaba esta medida liberatoria pese a que había recibido tres ‘noes’ como respuesta. El argumentario tanto de la Fiscalía como de la magistrada era el evidente riesgo de fuga provocado por el músculo económico del futbolista y por la inexistencia de un tratado de extradición con Brasil. De hecho, hace unos días un preso compañero de celda confesó que si le hubieran dado la provisional “coge y se va para Brasil”.
Lo que pedían las partes
El juicio contra Dani Alves es uno de los más mediáticos por violencia sexual desde la aprobación de la conocida ley del ‘Solo sí es sí’. En aplicación de la nueva legislación, el segundo futbolista más laureado de la historia se enfrentaba a una pena máxima de 12 años de prisión, además de a una importante indemnización. Ese mismo castigo era el solicitado por la acusación.
Por su parte, la Fiscalía rechazó la petición de la pena máxima y optó por una intermedia consistente en nueve años de cárcel. Alejados de ambas opciones, la defensa ejercida por Inés Guardiola solicitó una absolución previa búsqueda de una rebaja de pena justificada por el consumo elevado de alcohol de Alves en la noche de los hechos.
Durante los últimos meses previos al juicio, las tres partes implicadas en el caso trabajaron en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evitara ver a Alves sentado en el banquillo de los acusados. Todas las opciones de que ese pacto fructificase pasaban porque el futbolista admitiese su culpabilidad, algo que nunca se ha producido. Ester García, la abogada de la víctima, contó al finalizar la primera sesión del juicio que las negociaciones no llegaron a término porque hubo discrepancias con los años de cárcel.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
