Internacionales
Cuestionan la advertencia de la presidenta Castro a EEUU sobre retirar base militar en Honduras
La oposición hondureña criticó el viernes la amenaza de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de cerrar la base militar de Estados Unidos en ese país centroamericano si el presidente electo Donald Trump inicia deportaciones masivas de hondureños.
“La presidenta Castro nos ha puesto en grave peligro, porque lo que ha hecho es hacer una declaración de guerra por temas ideológicos y personales y eso es un error”, dijo a AP el precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Jorge Cálix.
Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre.
El miércoles, en un mensaje a la población con motivo del Año Nuevo, Castro sostuvo que “frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un solo centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”.
La mandataria dijo que esperaba que Trump sea tenga un diálogo constructivo y amistoso con su gobierno.
Cálix destacó la labor de la base militar estadounidense y recordó que en la de Palmerola, en el departamento de Comayagua, hay unos 1.000 efectivos de Estados Unidos y Honduras que coordinan operativos antinarcóticos no sólo en el país sino en toda la región de Centroamérica.
En la misma línea se expresó el analista Olban Valladares, quien analiza buscar la candidatura a la presidencia por el Partido Innovación y Unidad (PINU) y calificó de imprudente e inoportuna la reacción de la presidenta.
“Ella sabe que no tenemos la capacidad para amenazar a Estados Unidos de ninguna manera, que los perjuicios que se ocasionarían para Honduras serían terribles”, manifestó y consideró que la advertencia de la mandataria afecta no sólo a los migrantes sino también a los hondureños que reciben remesas de sus familiares en Estados Unidos.
“Ella debe pensar en la población hondureña y apegarse a los principios de la diplomacia. La interpretación de doña Xiomara es absurda”, agregó.
“¿Cómo es posible que ellas esté argumentando que está defendiendo a los migrantes, cuando lo que está haciendo es poniéndolos en peligro de que más rápido los deporten de Estados Unidos?”, subrayó Valladares.
Por su parte, Cálix sostuvo que amenazar a Estados Unidos, donde viven más de dos millones de hondureños, «es un acto supremo de irresponsabilidad, porque con una orden ejecutiva Estados Unidos puede cerrarnos la llave de las remesas”.
El Banco Central de Honduras reportó en agosto que en 2023 los hondureños habían recibido 9.177 millones de dólares en remesas y que en el 91,1 % de estos envíos de dinero el origen fue Estados Unidos.
Cálix apuntó que la amenaza de Castro también podría estar vinculada con la protección de “su familia y los negocios familiares” y sostuvo que «todo esto comenzó con la eliminación de la extradición para proteger a su cuñado”.
El 28 de agosto de 2024 la presidenta Castro ordenó denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. Días más tarde su cuñado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y esposo de la mandataria, apareció en un video en el que presuntamente negociaba un soborno con varios reconocidos narcotraficantes.
En el video, grabado hace 11 años, se escucha cuando los narcotraficantes, la mayoría actualmente pagando penas de cárcel en Estados Unidos, ofrecen dinero a Carlos Zelaya y éste responde que “la mitad será para el comandante”, en alusión a su hermano, el expresidente
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
