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COVID | “Preferí perder mi trabajo antes que vacunarme”

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Danielle Thornton estaba en la fila afuera del colegio esperando a sus hijos cuando supo que se enfrentaría a una decisión que le alteraría la vida: o ponerse la vacuna del Covid-19 o perder su trabajo de casi 9 años en el Citigroup.

Ella y su esposo vieron durante meses cómo jefes alrededor de Estados Unidos implementaban mandatos de vacunas, sabiendo que su familia podría enfrentar este momento. Entonces, la noticia le llegó a través de un correo electrónico a su teléfono.

“Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema”, dice. “Pero al final decidimos que nuestra libertad era más importante que una nómina“.

Danielle es una de las miles de personas alrededor de EE.UU. que han optado por perder su trabajo en vez de recibir las vacunas contra el Covid. 

Representan una pequeña minoría. Muchos de los empleadores que han introducido tales reglas -aproximadamente un tercio de las compañías más grandes del país y 15% de pequeños negocios- dicen que la gran mayoría de sus empleados han cumplido.

En Citi, empresa que permite excepciones médicas y religiosas, más del 99% de los empleados ha cumplido con los requerimientos que aplican para la plantilla de más de 65,000 trabajadores que tiene el banco en EE.UU.

Los expertos aseguran que las vacunas son seguras y que son la mejor manera para prevenir una infección grave. Pero los mandatos -vistos como factor clave a la hora de impulsar al 25% de los estadounidenses que aún no se han vacunado para que se inoculen- enfrentan una fuerte resistencia alrededor del país, donde las personas los ven como una afrenta a amados ideales nacionales como la libertad personal y la privacidad.

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Este mes, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una orden del presidente Joe Biden que hubiera requerido que los estadounidenses en sitios de trabajo con al menos 100 personas se vacunaran o que usaran máscara y se hicieran exámenes semanales, todo pago por ellos.

Los jueces en la máxima corte del país se refirieron a la regulación como una “invasión significativa” en las vidas de millones de trabajadores, y eliminaron las posibilidades de implementar reglas nacionales como aquellas planeadas por países como Alemania.

Aunque las cortes estadounidenses han estado más abiertas a aceptar que los estados y los negocios introduzcan requerimientos propios, el rechazo popular se mantiene alto.

Miembros del sindicato de los bomberos de la ciudad de Nueva York, trabajadores municipales y otros protestan contra los mandatos de vacunación de la ciudad en Manhattan.

Aproximadamente el 55% de los trabajadores apoya la implementación de mandatos de vacunación por parte de los empleadores, pero más de un tercio aún los rechaza, según sugiere una encuesta Gallup de diciembre.

El pasado otoño boreal, miles marcharon en contra de los requerimientos estatales de vacunación para trabajadores de la salud, profesores y empleados del gobierno  en la ciudad de Nueva York.

Al final, la ciudad, que desde entonces ha expandido la regla a los empleadores privados, suspendió a 9,000 trabajadores cuando entró en vigor el mandato, mientras que varios hospitales en el estado también perdieron empleados.

“No creo que le corresponda al gobierno dictar cosas que son entre un ser humano y su creador”, dice Donna Schmidt, quien vive en Long Island y trabajó como enfermera neonatal durante 30 años antes de parar debido a los requerimientos de vacunas.

La mujer de 52 años dice que amaba su trabajo, pero rechaza la vacuna por razones religiosas y de preferencia personal. Está ahora reinventándose como activista, organizando el grupo New Yorkers Against Medical Mandates (neoyorquinos en contra de los mandatos médicos).

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Foto de Donna Schmidt

“No lo pensamos 2 veces. Lo que ha habido aquí es duelo”, dice. “Realmente me importan mis pacientes, así que ser vetada por una entidad del gobierno que dice ‘ya no tienes lugar aquí’, es difícil”.

Libertad personal

Danielle, quien trabajó de manera remota para Citigroup desde Misuri como administradora de riesgos operacionales, dice que ella no es política o “alguien que esté en contra de las vacunas”.

Pero la madre de 33 años, que tiene cuatro hijos, ha rehusado ponerse una vacuna que, según ella, “no pareciera estar parando este virus”.

Su último día fue el 14 de enero. Dice que tiene suerte de estar en una posición financiera que le permite renunciar a su trabajo sin tener planes, por ahora, de conseguir otro.

No se molestó en buscar una excepción médica o religiosa.

“Yo debería tener el derecho de escoger”, dice. “Pero claro, hay muchas emociones… es un gran cambio para nuestra familia”.

Las compañías con mandatos de vacunas dicen que esas medidas lograron convencer a gran parte de su fuerza de trabajo para vacunarse.

En la fábrica de alimentos Tyson Foods, unas 60,000 personas -o más del 40% de su fuerza laboral en EE.UU.- se apuntaron a la vacuna luego de que la compañía instituyera el requerimiento en agosto, llamándolo la “cosa más efectiva que podemos hacer para proteger a los miembros de nuestro equipo”.

En United Airlenes el jefe ejecutivo Scott Kirby dijo que la política de su compañía redujo el número de empleados en el hospital, notando que, antes del mandato, moría al menos un empleado a la semana en promedio.

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Fiscalía de Guatemala allana sede de Save the Children por investigación de abusos contra niños

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La Fiscalía guatemalteca allanó el jueves las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children como parte de la investigación transnacional de abusos contra la niñez de este país centroamericano.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó, a través de un video en las redes sociales de la institución, que se llevó a cabo «la inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento» a la pesquisa, luego de una denuncia de «carácter transnacional que abarcan acciones que podrían estar relacionadas con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».

«También se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estado Unidos… Y unir esfuerzos para abordar de manera integral para la investigación», detalló.

La organización rectificó en un comunicado de prensa que durante casi 50 años ha trabajado en Guatemala en diferentes programas de salud y nutrición para la niñez, adolescencia y sus familias durante emergencias, y se desvinculó de los señalamientos del traslado de menores de edad fuera del país.

«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», señala en el escrito.

«Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala (fiscalía).  No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida», indica.

La organización, con sede en el Reino Unido, asegura que trabaja apegada «a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera. También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes».

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Aumenta a 70 cifra de muertos por fuertes lluvias persistentes en Kenia

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La cifra de muertos a causa de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Kenia aumentó a 70, informó hoy viernes un funcionario del Gobierno.

El impacto humanitario de las fuertes lluvias, que han afectado a por lo menos 23 de los 47 condados, sigue aumentando. Las fuertes lluvias, desbordamientos e inundaciones repentinas han afectado a la mayor parte de Kenia, dijo el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura.

En el condado de Makueni, en el sur del país, se teme que otras 10 personas se hayan ahogado hoy al intentar cruzar un río desbordado.

El vicepresidente Rigathi Gachagua anunció el jueves que el Gobierno estableció un equipo nacional de emergencia de múltiples agencias para hacer frente a las inundaciones y un centro de respuesta para ayudar a gestionar las inundaciones.

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Al menos 10 muertos en incendio de albergue de sintecho en sur de Brasil

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Al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas en un incendio que se desató la madrugada del viernes en una posada que funcionaba como albergue de personas sin hogar en Porto Alegre, en el sur de Brasil, informaron autoridades.

«Se confirmaron 10 víctimas y el lugar operaba de manera irregular»,señaló en un comunicado el cuerpo de bomberos del estado de Rio Grande do Sul.

Los forenses trabajan en el lugar para identificar a los fallecidos, agregó.

El gobernador del estado, Eduardo Leite, dijo en la plataforma X estar «profundamente consternado» por la tragedia y señaló que las autoridades trabajan en averiguar las causas del fuego.

Nueve personas rescatadas fueron trasladadas a dos hospitales de la zona, dijo la coordinadora de Defensa Civil de Porto Alegre, Bárbara Barbieri.

«Fue muy rápido, gritaron ‘Fuego’ y el fuego ya estaba a dos cuartos al lado del mío y salí corriendo porque ya había mucho humo», contó al portal G1 un residente del albergue, que no se identificó.

«Con tristeza y preocupación me enteré de la muerte de al menos 10 personas en un incendio en una casa de huéspedes en Porto Alegre», escribió en X el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se solidarizó con los allegados de las víctimas.

Irregularidades

El director de Defensa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira, dijo que un equipo evalúa los daños en las estructuras del inmueble, que pertenece a una red de posadas de bajo costo en Porto Alegre.

Las autoridades municipales autorizaron a las otras personas que residían en el edificio para retirar algunas pertenencias y ser llevadas a otros albergues.

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Según los bomberos, la posada no contaba con permiso de funcionamiento ni plan de prevención de incendios.

El diputado de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul Matheus Gomes denunció que el establecimiento recibe recursos de la alcaldía pese a que existen denuncias de «irregularidades» desde hace «años».

«Es necesario investigar no sólo el incendio, sino toda la trama de una tragedia anunciada», señaló en X.

En 2013, la ciudad de Santa Marta, también en Rio Grande do Sul, fue escenario de un incendio en una discoteca que dejó 242 muertos.

La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas por la nube tóxica despedida por el material inflamable del techo del local, que carecía de extintores que funcionaran y con solo dos puertas frontales para evacuar a una multitud, según la investigación.

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