Internacionales
ALERTA: Famosos pañales desechables para bebés estarían contaminados, la propia marca lo ha hecho oficial
La marca Huggies es propiedad de la empresa Kimberly-Clark y comercializa pañales desechables, además de otros productos relacionados, todos relacionados con los bebés. Para 1988 la firma internacional comenzó a comercializar estos productos de higiene personal para restaurantes, hospitales y hoteles en México.
Actualmente, tiene una participación de más del 50 por ciento en pañales, toallitas, pañuelos, servilletas y papel higiénico en México.
Las marcas tienen una enorme responsabilidad con la calidad de sus productos porque pueden determinar la salud de los consumidores, en el caso de esta empresas, que sea utilizados en bebés la hace destacar mucho más.
Es por ello que una falla con ellos alertó a miles de padres de familia. La propia compañía Kimberly Clark alertó el pasado jueves por la presencia de la bacteria Enterobacter Gergoviae en ciertos lotes específicos comercializados únicamente en Colombia, Perú y Brasil; por lo que la empresa aclaró que los demás pañales y otros productos de Kimberly-Clark, y de la marca Huggies, no se verían afectados por este retiro y los mismos cumplen con los más altos estándares de calidad internacionales y locales.
«En Kimberly-Clark el bienestar de la población es nuestro mayor compromiso. Es por esto por lo que estamos comprometidos en hacer lo necesario para garantizar la seguridad de todos nuestros consumidores», aclaró el ejecutivo de ventas de Kimberly-Clark.
Los bebés
El mercado global de productos para el cuidado del bebé se valoró en más de 73 mil millones de dólares durante 2018, con miras a crecer la cifra a 77.56 millones de dólares durante este año.
Esto significa una enorme cantidad de compañías aportando a la cifra, pero también enfrentándose al gran reto de que sus artículos pueden definir la vida de un pequeño, como en el caso de Huggies.
Entre otros casos de este tipo, pero con consecuencias fatales, destaca uno de los más graves de los últimos años, el caso de la marca Fisher-Price, de Mattel, porque autoridades de Estados Unidos señalaron que un modelo de sus sillas pudo ser la causa de una treintena de muertes de bebés en una década, según Consumer Reports.
El producto está relacionado con 30 decesos de pequeños, aunque las autoridades no pueden asegurar que la causa sea la silla en sí, sino que pudo ser un uso incorrecto de la misma, pero mientras se define la causa en cada uno de los casos, desde abril la compañía lucha con aminorar el tema ante el consumidor, contención de crisis de marca y tratar limpiar su nombre.
Las compañías no deben olvidar jamás que los consumidores confían en ellas y en sus productos y que deben ser cuidadosas con los mismos.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
