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Autoridades aclaran alerta y exhorta a la población a no caer en estafas telefónicas
Este sábado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador brindó una conferencia de prensa para alertar sobre una nueva modalidad de estafa que ha sido denunciada por la población y compartir los resultados que han sido obtenidos mediante una investigación.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que mediante la investigación se ha logrado identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas con amenazas falsas.
«Ayer se exponía en redes sociales una nueva modalidad de estafa telefónica, llaman a una persona que brinde servicios varios, los citan en algún lugar despoblado y cuando llegan, le hacen creer a otros familiares que los están secuestrando y piden cierta cantidad de dinero. Hemos detectado que esto proviene de una cárcel colombiana», explicó el ministro Villatoro.
El funcionario advirtió que se debe evitar solicitudes de servicios si el número telefónico cuenta con los códigos +57, que es código país de Colombia; código +52, que es de México; y código +502, de Guatemala.
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reiteró a la población salvadoreña que «denunciar sí funciona», y que la «Fiscalía General de la República está trabajando en colaboración con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, con inteligencia tecnológica y también hemos activado todos los canales de cooperación internacional».
Las autoridades han identificado más de 375 números telefónicos que pertenecen a la organización criminal que opera desde una cárcel colombiana.
«La última información que nos han dado los hermanos estadounidenses nos confirma que en esta cárcel colombiana hay más de 101 teléfonos encendidos de donde están haciendo este tipo de llamadas, como hermandad policial nos hemos comunicado con policías de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, donde está ocurriendo este mismo fenómeno», declaró Villatoro.
El titular de Seguridad aclaró que en El Salvador no existen cárteles de droga, ni secuestros, ni secuestradores, por lo tanto, no existe riesgo de daño físico, y por ende, se debe evitar pagar ante la amenaza de este tipo de llamadas.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
