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Abogada pide autopsia de menor fallecida en Patrulla Fronteriza en Texas
La abogada sénior de Texas Civil Rights Project, Karla Vargas, que representa a la familia de la niña panameña de ocho años, que falleció el 17 de mayo bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en Harlingen, Texas, solicitó una autopsia para determinar las causas de su muerte y dijo que está preparada para presentar una demanda si así lo desean los progenitores.
Vargas compartió al periódico Border Report que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés), a la que pertenece la Patrulla Fronteriza, no debería «encarcelar» a los hijos y señaló que la agencia tiene «problemas sistemáticos».
«Es muy desafortunado. La madre abogaba porque su hija recibiera atención médica. Dijo que no solo preguntó al personal médico, sino a los agentes», manifestó la defensora.
Anadith Tanay Reyes Álvarez presentó el día de su muerte dolor de estómago, náuseas y dificultad para respirar, pero no fue hasta la cuarta vez que el personal de CBP decidió enviarla de emergencia en una ambulancia.
La menor registró fiebre de máxima de 40.5 grados C un día antes, había dado positivo a influenza A y también documentaron el padecimiento de cardiomiopatía. Sin embargo, el personal no actuó de inmediato para un traslado al hospital.
La población de los países más pobres sufre desproporcionadamente la contaminación del aire provocada por los incendios forestales y en campos en todo el mundo, según una investigación publicada el miércoles.
Los incendios de bosques, pastos y tierras agrícolas, ya sean planificados o no controlados, generan humo que puede viajar miles de kilómetros, con un impacto apreciable en la salud pública, incluido un aumento de la mortalidad y el empeoramiento de enfermedades relacionadas con el corazón y los pulmones.
La contaminación del aire causó unos 4,5 millones de muertes en 2019, según un estudio publicado en Lancet Planetary Health el año pasado.
En un nuevo estudio publicado en la revista Nature, los investigadores calcularon las cantidades diarias globales de partículas finas (conocidas como PM2,5) y las concentraciones de ozono superficial emitidas por los incendios no urbanos entre 2000 y 2019.
La contaminación atmosférica anual provocada por los incendios en bosques y campos en los países de bajos ingresos es aproximadamente cuatro veces mayor que en las naciones ricas.
África central, el Sudeste asiático, Sudamérica y Siberia experimentaron los niveles más altos.
Esa contaminación «podría ser peor en el futuro» a causa del cambio climático, según Shandy Li, profesora asociada de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, coautora del estudio.
Unos 2,180 millones de personas al año en promedio estuvieron expuestas a al menos un día de contaminación atmosférica «sustancial» proveniente de focos de incendio en bosques y campos entre 2010 y 2019, un aumento de casi el 7% con respecto a la década anterior.
Eso incluye niveles promedio diarios de PM2,5 por encima de las pautas de la OMS (de 2021) de 15 microgramos por m3 de aire, allá donde la contaminación proveniente de focos de incendio representa al menos la mitad del total.
África tuvo el promedio más alto de días de exposición a una contaminación atmosférica «sustancial» por persona cada año, con 32,5, seguida de Sudamérica con 23,1.
Por el contrario, los europeos estuvieron expuestos a alrededor de un día de contaminación sustancial por año en promedio durante la década.
Los cinco países con el mayor promedio anual de días de exposición por persona a una importante contaminación provocada por incendios son todos africanos: Angola, República Democrática del Congo, Zambia, Congo-Brazzaville y Gabón.
Para muchas personas lo dicho por el juez el día de su boda, “hasta que la muerte los separe” es un compromiso que tratan de cumplir, pero algunas llegan a los extremos al intentar salvar sus matrimonios, cayendo en delitos, como ocurrió en Arizona, cuando una mujer le disparó a su esposo que le solicitó el divorcio.
Christina Pasqualetto, de 62 años, llevaba varios meses separada de su esposo Jon Pasqualetto, de 80 años, ella estaba en Gilbert y él en Prescott, pero una noche la mujer hizo un viaje de dos horas y entró al hogar de su cónyuge, quien le había solicitado el divorcio, para pedirle que reconsiderara la decisión.
De acuerdo con True Crime Daily, el hombre había cambiado las cerraduras de su casa, pero sospechaba que su aún esposa había robado las llaves, algo que comprobó el día del ataque cuando ella irrumpió en su hogar, mientras él estaba acostado en su cama.
Charlaron por un momento, pero él dijo que no reconsideraría su decisión y que quería divorciarse, momento en que, según la Policía de Prescott, la mujer sacó una pistola y disparó en contra de su esposo, quien recibió un balazo en la muñeca, pese a estar herido pudo derribar y golpear a la mujer para después escapar y llegar a casa de un vecino desde donde llamó al 911.
Según indica People, cuando la policía llegó al lugar determinó que Jon había sufrido una herida de bala en la muñeca, por lo que le brindaron atención en el sitio para luego trasladarlo a un hospital local y después, en avión, a un hospital en el área de Phoenix con “heridas que no ponen en peligro su vida”.
Cabe señalar que Jon Pasqualetto también acusó a su esposa Christina de robarle sus cheques y falsificar uno por valor de 10,000 dólares. Según los informes, la policía encontró un comprobante de depósito en su bolso por la misma cantidad.
Lanzacohetes, granadas y municiones de alto calibre, máquinas para minar criptomonedas, drogas y motos de lujo fueron exhibidas como parte de lo incautado en el centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, que funcionaba como centro de operaciones de la banda criminal Tren de Aragua.
Es un reflejo del nivel de control que tenía en la cárcel esta temida agrupación criminal nacida en Venezuela y que actúa en varios países de América Latina.
«Ha sido una operación exitosa, impecable, que nos ha permitido dar un duro golpe contra grupos criminales», se felicitó en rueda de prensa el ministro del Interior, Remigio Ceballos, al ofrecer balance de la intervención de ese centro penitenciario, el miércoles, con un enorme despliegue de 11,000 militares y policías, apoyados por tanquetas y vehículos blindados.
A un costado de Ceballos en la entrada del penal eran expuestas a manera de «botín de guerra» montañas de municiones de alto calibre y armamento de guerra: fusiles de francotiradores y granadas de mano estaban sobre una mesa y en el suelo se exhibían dos lanzacohetes antitanques y explosivos y detonantes.
El ministro no precisó cantidades, tampoco alguna teoría de cómo entró ese armamento a Tocorón o del control del Tren de Aragua en ese penal. Adelantó que cuatro funcionarios fueron arrestados durante la toma y acusados de complicidad con los criminales que dominaban la cárcel y que hay varias investigaciones en curso para «establecer responsabilidades».
«No habrá impunidad. Vamos contra todos los criminales y cómplices», prometió Ceballos.
Máquinas para minado de bitcoin fueron exhibidas en medio del arsenal, custodiado por miembros de la brigada de acciones especiales de la Policía Nacional.
Los «pranes», como llaman en Venezuela a los líderes de los reclusos en las atestadas cárceles del país, tenían tal control del lugar que habían construido una especie de ciudadela en la que tenían una piscina, un campo de béisbol, un zoológico, una discoteca e incluso una agencia bancaria.
Tocorón tenía unos 1,600 privados de libertad que están siendo trasladados a otros penales, pues el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que el penal entrará en un «proceso de reestructuración» tras su desalojo.
Ceballos lamentó la muerte de un militar durante la operación, preparada por las fuerzas de seguridad durante un año.
Señaló que «más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal» fueron identificados sin mencionar expresamente al Tren de Aragua o a su líder Héctor Guerrero Flores, condenado a 17 años de prisión por múltiples homicidios y tráfico de drogas.
