Judicial
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia», dice un panadero condenado a 10 años por cobrar una extorsión
Diez años de prisión fue la condena impuesta a un panadero que aseguró haber sido obligado por unos amigos de la infancia que se convirtieron en pandilleros y que lo amenazaron con matar a toda su familia en caso de no querer cobrar una extorsión.
Un angustiado Juan, de 24 años de edad, entró a la sala de audiencias en las que se desarrolló el juicio en su contra al ser señalado como el que recibió $2,000 producto de una extorsión que recibió en el centro comercial Plaza Mundo en Soyapango.
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia, esa fue la amenaza en la que colapsé”, fueron parte de las palabras con las que el joven se defendió ante la jueza que conoció el caso y que poco le creyó.
“En los últimos días de octubre de 2017 yo empecé a recibir unas amenazas de muerte, amenazas que iban hacia mi familia sino hacía lo que ellos decían. Yo siempre les decía que yo no podía hacer eso; que podía tener otro tipo de colaboración diferente, si querían dinero yo se los podía dar no importaba si eran $10, con tal de evitar ese acercamiento mi familia”, agregó.
Pese a haber crecido juntos, Juan tenía claro lo violento que estos pandilleros eran ya que había visto la forma en la que estos atemorizaban a vecinos por lo que tomó en serio las amenazas y decidió colaborar.
“Créame señora jueza yo provengo de una familia cristiana. Dios nos bendice, no tengo la necesidad de andarle haciendo daño alguno a nadie. Fue algo intimidante, ellos llegaban consecutivamente, me presionaban e incluso las llamadas ellos las elaboraron a mí solo me dieron mi teléfono para que me pusiera en contacto con la víctima”, relató.
La extorsión
Un empresario denunció ante las autoridades haber recibido la visita de un sujeto quien apuntándole con un arma de fuego le exigió el pago de $5,000 a cambio de no destruir el establecimiento con una granada.
Ante la amenaza, la víctima le alegó no tener el dinero exigido pero le pidió tiempo para reunirlo. El delincuente aceptó pero antes de retirarse le pidió un número para comunicarse con él. Al día siguiente, los delincuentes llamaron en varias ocasiones al extorsionado para pedirle dinero.
Tras las llamadas, el empresario decidió interponer la denuncia en una delegación policial en la que se montó un operativo para dar con los delincuentes que le señalaron que a las 11:45 de la mañana debía llevar el dinero a Plaza Mundo.
Cinto minutos antes de la hora señalada, uno de los agentes se comunicó con Juan quien horas antes había recibido el celular desde el que dio sus características físicas para ser reconocido.
«Dame el dinero rápido porque va a venir la jura y aquí vas a quedar”, fueron las palabras que un policía dijo escuchar del imputado quien rapidamente se alejó de la zona con el dinero en mano.
Minutos más tarde, Juan fue detenido por los agentes que lo siguieron y a quienes entregó el paquete. El señalado intentó justificar los motivos que lo llevaron a estar cobrando la extorsión pero los policías no lo escucharon.
«Yo he sido víctima, el día de mi captura declaré, se lo dije incluso a la persona que le di el paquete: yo soy víctima, no tengo nada que ver en eso fue una persona que se presentó”, declaró ante la jueza quien lo observaba y escuchaba atentamente.
Un último intento de demostrar su inocencia
Para contrarrestar la acusación, el abogado defensor llevó a un conocido de la familia que aseguró haber escuchado una conversación entre dos pandilleros y Juan donde le exigían a participar del hecho delictivo.
El testigo de la defensa explicó que quienes involucraron en el caso a Juan murieron meses más tarde durante un enfrentamiento con la policía. Algo que convertía al panadero en el único responsable a quien se podía juzgar.
Durante toda la audiencia, el padre del imputado fijó la mirada en su hijo mientras susurraba oraciones.La atmósfera cambió cuando la juez consideró a Juan como el autor material de la entrega del dinero sin haberse comprobado si realmente había realizado las amenazas.
“Todo va a estar bien papá”, fueron las últimas palabras que Juan le dijo a su angustiado padre mientras se alejaba con un guardia que lo llevaba esposado a un destino que trató de evitar llevando a su hijo a la iglesia pero que sus supuestas amistades le mal obraron.
“Hemos sufrido tanto por todo esto que ha sucedido, nuestros planes eran otros nunca pensamos en la traición que nos iba a poner todo estos grupos que tanto daño hacen”, señaló el hombre quien con una apelación mantiene la ilusión que su hijo saliera libre.
NOTA DE El Salvador TIMES
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
