Judicial
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 la Corte Suprema habilita el número telefónico 198 para ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó el número telefónico 198 para brindar orientación ciudadana en casos de violencia intrafamiliar.
En el comunicado, las autoridades de la CSJ aseguran que las víctimas podrán recibir orientación en materia especializada de violencia de género, violencia en niños, adolescentes y ancianos.
Según la Corte, al realizar una llamada al 198 varios profesionales en materia legal atenderán las denuncias para solventar de manera eficiente las consultas.
La institución informó que se establecerá una conexión que permitirá que mientras el ciudadano es atendido, el teleoperador se contactará directamente con la sede judicial más cercana según la ubicación y el tipo de requerimiento.
Se brindarán las direcciones y números telefónicos de las instancias vinculadas para que también puedan orientar de manera eficaz a la población, de esa forma se garantizará el buen uso del sistema de llamadas.
La CSJ dio a conocer en un comunicado que es un esfuerzo institucional con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano para una pronta justicia.
Esta iniciativa es un esfuerzo de la Corte Suprema en conjunto con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
La llamada es gratuita desde cualquier línea fija o celular, aún sin contar con saldo disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
