Judicial
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 la Corte Suprema habilita el número telefónico 198 para ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó el número telefónico 198 para brindar orientación ciudadana en casos de violencia intrafamiliar.
En el comunicado, las autoridades de la CSJ aseguran que las víctimas podrán recibir orientación en materia especializada de violencia de género, violencia en niños, adolescentes y ancianos.
Según la Corte, al realizar una llamada al 198 varios profesionales en materia legal atenderán las denuncias para solventar de manera eficiente las consultas.
La institución informó que se establecerá una conexión que permitirá que mientras el ciudadano es atendido, el teleoperador se contactará directamente con la sede judicial más cercana según la ubicación y el tipo de requerimiento.
Se brindarán las direcciones y números telefónicos de las instancias vinculadas para que también puedan orientar de manera eficaz a la población, de esa forma se garantizará el buen uso del sistema de llamadas.
La CSJ dio a conocer en un comunicado que es un esfuerzo institucional con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano para una pronta justicia.
Esta iniciativa es un esfuerzo de la Corte Suprema en conjunto con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
La llamada es gratuita desde cualquier línea fija o celular, aún sin contar con saldo disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
