Judicial
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 la Corte Suprema habilita el número telefónico 198 para ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó el número telefónico 198 para brindar orientación ciudadana en casos de violencia intrafamiliar.
En el comunicado, las autoridades de la CSJ aseguran que las víctimas podrán recibir orientación en materia especializada de violencia de género, violencia en niños, adolescentes y ancianos.
Según la Corte, al realizar una llamada al 198 varios profesionales en materia legal atenderán las denuncias para solventar de manera eficiente las consultas.
La institución informó que se establecerá una conexión que permitirá que mientras el ciudadano es atendido, el teleoperador se contactará directamente con la sede judicial más cercana según la ubicación y el tipo de requerimiento.
Se brindarán las direcciones y números telefónicos de las instancias vinculadas para que también puedan orientar de manera eficaz a la población, de esa forma se garantizará el buen uso del sistema de llamadas.
La CSJ dio a conocer en un comunicado que es un esfuerzo institucional con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano para una pronta justicia.
Esta iniciativa es un esfuerzo de la Corte Suprema en conjunto con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
La llamada es gratuita desde cualquier línea fija o celular, aún sin contar con saldo disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
