Judicial
TRATO COMPLICADO: Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
La pareja de primas tuvieron una relación solidaria, pero el dinero y las propiedades hicieron que las cosas terminaran en un centro judicial.
Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
Por $1,500, una casa embargada y un automóvil sin entregar, un par de primas llegaron a instancias judiciales luego de que una de ellas le prometiera el pago de una deuda. La ruptura familiar será definida en los próximos meses.
Fabiola L., de 50 años de edad, y Mercedes, de 67, son primas y antes darse sus encontrones legales mantenían una buena relación de amistad y de confianza que iba más allá de un simple lazo familiar. Por su edad, guardaban decenas de recuerdos, pero nunca imaginaron que todo esto se desmoronaría tras cerrar un trato.
La relación que había perdurado por años se comenzó a romper en marzo del 2018 cuando Fabiola salió del hospital tras haber sido ingresada por varios días. Como era de esperarse, ella le pidió a Mercedes que fuera a traerla para que la llevara a su casa en una colonia de San Salvador.
Felices de reencontrarse, ambas se subieron al vehículo y comenzaron a ponerse al día.
Mercedes aprovechó la euforia del momento y le soltó la necesidad de dinero para pagar unas cuentas por lo que le pidió un préstamo de $1,500. Su prima comprometida por el favor de ir por ella, le dijo que no tenía dinero pero que le solicitaría a un pariente en Estados Unidos que le enviara el efectivo.
Fue hasta el 19 de marzo cuando ella le entregó el dinero a su prima y como muestra de confianza, y una promesa de pago, esta le explicó que le entregaría una Nissan Pathfinder de 1995 que iría acompañado de una casa legalmente establecida a su nombre.
El trato se terminó de consumar el 26 de marzo cuando ambas primas fueron a Sertracen para realizar el traspaso de la camioneta. Pero le aclaró que el vehículo, a pesar de que estaba a su nombre, no la podría ocupar “porque eso solamente lo hacía como garantía que le pagaría el dinero prestado”.
Hasta ese momento todo marchaba bien y Fabiola, como confiaba en ella, se entregó ciegamente a las cláusulas del trato.
Irregularidades en el inmueble
El 1 de abril se volvieron a reunir. Esta vez para ir al apartamento y entregarle los documentos que la hacían acreedora del inmueble.
Ella se sentía feliz por tener un vehículo y ahora una casa, pero el semblante le cambió cuando una de las personas que le acompañaba observó detalles extraños dentro de los papeles de la vivienda por lo que fue a un especialista, quien le afirmó que la propiedad tenía una orden de embargo por el Juzgado Sexto de lo Mercantil de San Salvador. Este mismo le recomendó que no se fuera a vivir al lugar.
Ahora todo le parecía extraño y lo único que necesitaba era la respuesta de su prima. Fabiola molesta le señaló que lo único que necesitaba era que le devolviera el dinero, pero ya era demasiado tarde porque esta ya se había gastado $500 en el pago de cuentas.
A los pocos días, el abogado de Mercedes se comunicó con ella para decirle que le iba a dar el vehículo. Sin embargo, hasta la fecha no se lo había entregado.
Ante la negativa de su familiar, la mujer decidió interponer una denuncia la cual llegó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde el juez deliberará un posible arreglo o una condena por el delito de apropiación indebida de vehículos.
Además, según el expediente judicial, Fabiola solicitó a su pariente $2,000 en compensación de responsabilidad civil por una serie de reparaciones que le había hecho a la casa, así como la entrega del carro más el dinero que le prestó.
Nota tomada de El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
