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407 jefes de la MS seguirán en prisión por 500 homicidios y un centenar de desapariciones

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Un total de 407 miembros de la ranfla nacional, o jefes de la MS 13 seguirán en prisión provisional por 500 homicidios y 91 desapariciones que la Fiscalía General de la República les atribuye. Así lo determinó el Tribunal Sexto contra Crimen Organizado de San Salvador.

El juez fijó el plazo de instrucción hasta agosto de 2025 para que la Fiscalía fortalezca las investigaciones y pueda demostrar un total de 37,402 hechos delictivos que se les atribuyen.

Entre los acusados se encuentran sanguinarios ranfleros como Borromeo Henríquez “El Diablito de Hollywood”; y Luis Ángel Turcios, “El Trece de Santa Tecla”. En el mismo caso se procesa a los corredores de los programas “Ahuachapán”, “Wester”, “Vatos Locos”, “Criminal”, “Stone”, “Sonsonate”, “Pinos Locos Salvatruchas”, “Libertad”, y Programa “Centrales”.

“Se ordena instrucción formal con la aplicación de la detención provisión en contra de los 407 imputados… se autoriza un plazo de instrucción basado en el decreto 803, en el cual el plazo de instrucción transcurriría de forma paralela, la cual iniciará del 9 de febrero del 2024 y finalizará el 25 de agosto del 2025”, señaló el juez.

Entre los procesados, 84 serán juzgados de forma ausente. Los presuntos terroristas son procesados por agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, rebelión, tráfico ilícito, tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de armas o explosivos, actos de terrorismo, homicidios agravados, privación de libertad, desaparición de personas, tentativa de homicidio agravado, y feminicidio.

Según la Fiscalía, los delitos fueron cometidos entre 2012 y 2022. En esta época habrían ordenado 29, 416 homicidios agravados, 907 desapariciones de personas y 492 extorsiones. De ser hallados culpables, las condenas mínimas que podrían recibir van desde 95 años de prisión.

La FGR cuenta con extracciones de teléfonos que les fueron incautados, donde hay registro de diversos crímenes, así como se cuenta con declaraciones de testigos criteriados, por lo que se espera que los sujetos paguen por sus crímenes a la sociedad.

 

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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