Nacionales
$7.7 millones se ahorraría el estado salvadoreño al reducir 20 diputados de la Asamblea Legislativa
Si bien el diputado independiente Leonardo Bonilla no tiene el ahorro como tema principal en su campaña de disminución de legisladores, El Salvador Times hizo un cálculo basándose en los salarios actuales, sumados al monto que tiene cada diputado para contrataciones de sus asesores y empleados.
Estado salvadoreño se ahorraría $7.7 millones en salarios al reducir 20 diputados de la Asamblea
El Estado salvadoreño se ahorrará $7.7 millones en salarios si reduce de 84 a 60 diputados. Ese es el cálculo que sacó El Salvador Times, tomando como referencia el salario actual de los diputados de la Asamblea Legislativa y la asignación que tienen actualmente para contratar asesores y su personal.
La semana pasada el diputado independiente Leonardo Bonilla introdujo una propuesta ante la Asamblea para que se redujeran los legisladores de 84 a 60. Aunque el legislador no ha estudiado el impacto financiero que esto podría tener al Estado. El Salvador Times se dio a la tarea de trabajar un escenario hipotético en el que solo existieran 60 diputados para sacar el ahorro que tendría el erario público en remuneraciones.
Según los datos colgados en el sitio de Transparencia Fiscal del Estado, se puede consultar el salario de los 84 diputados de la Asamblea. En total, el salario de los 84 legisladores, incluidos los gastos de representación y de transporte y comunicación de cada uno, le cuestan actualmente al Estado $3,719,765.28.
Esta cifra se toma de sumar los salarios mensuales de los 11 miembros de la junta directiva que suelen ser más elevados, al igual que los siete jefes de fracción y los 61 diputados de llanura. La sumatoria se multiplica por 14 que son los salarios que reciben en total al año, pues se suman los dos bonos que reciben, uno en junio y el otro en diciembre.
Si por el contrario, solo existieran 60 diputados, en un escenario hipotético también tendrían que reducirse los directivos. Este periódico estimó que bajo esta propuesta, podrían existir cinco directivos (un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios). También se mantendrían cinco jefes de fracción y quedan 50 diputados de llanura.
Esto en suma, sería un total de $1,509,102.24 solo en el pago de estos 60 legisladores, bajo los mismos términos de los sueldos actuales de los diputados.
En este caso el ahorro en salarios si solo existieran 60 diputados es de $2,210,663.04.
Reducción en asesores y empleados
Cada grupo parlamentario recibe un presupuesto para que los diputados funcionen en el pleno y estos lo distribuyen a cada uno de diputados. Cuando ingresó la nueva legislatura el 1 de mayo de 2018 de determinó establecer un techo para que cada legislador hiciera sus contrataciones, entre ellos hay asesores, comunicadores, secretarias, y personal de apoyo.
Según el acuerdo de junta directiva que aprobó cuando se instaló esta legislatura, se estimó un límite de $15,000 para que cada diputado de la llanura contratara a sus asesores y demás personal. Así, actualmente los 61 diputados de llanura al año gastan $12,810,000 en contrataciones.
Con la reducción a 50 diputados de llanura, estos gastarían en contrataciones $10,500,000 anuales.
En el caso de las jefaturas y subjefaturas actuales tienen un límite de $18,000. Actualmente son 12 diputados que tienen estos cargos que al año gastan en sus empleados $3,024,000. Con el escenario hipotético de El Salvador Times los cinco jefes gastarían solo $1,260,000 en sus empleados.
Por otro lado, para el caso de los directivos. Actualmente, se ha destinado para los vicepresidentes $18,374.58 y los cuatro que existen actualmente gastan $1,028,976.48. Si estos se reducen a dos, el gasto sería de $514,488.24.
Los secretarios actuales de junta directiva son seis que tienen disponibles $16,590.69 para contratar a su persona. Al año suman $1,393,617.96. Con la reforma, si solo existieran dos secretarios, el monto anual seria de $464,539.32 para contrataciones.
En estos momentos, las contrataciones totales que hacen los 84 diputados para sus asesores y asistentes alcanzan la cantidad de $18,256,593.96 anuales. Con la reducción a 60 diputados y manteniendo los mismos techos para emplear personal el costo sería de $12,739,027.56, representando un ahorro de $5,517,566.4.
Si se hace un ejercicio de sumar el ahorro que se generaría de los salarios de los legisladores que es de $2,210,663.04 y el ahorro de las contrataciones de personal, el Estado deja de gastar un estimado de $7,728,329.44.
El presupuesto de la Asamblea para este año asciende a $58,300,000 y de estos $51 millones son destinados para el rubro de remuneraciones. En este sentido, esos $7.7 millones representan un 15% de ahorro en remuneraciones si se baja la cantidad de diputados a 60.
En este caso, no se han tocado otras prerrogativas que tienen los diputados como viajes, viáticos, entre otros gastos. Ni el gasto corriente, por ejemplo, en electricidad, agua, mantenimiento de oficinas u otras áreas que también tendrían una reducción significativa, pero que no podrían cuantificarse tan fácilmente.
Bonilla no busca ahorro sino representatividad
El diputado independiente aseguó que su propuesta de reducir la cantidad de diputados va más encaminada a alcanzar una Asamblea Legislativa más pluralista, más equitativa y con mayor representatividad.
Bonilla cree que si bien no es el fondo de la iniciativa, él estima que el ahorro podría incluso llegar a los $20 millones a nivel global, sumando energía eléctrica, papelería y hasta café.
«La propuesta no es populista, es fácil para alguien decir eso sin antes leerla, no estamos proponiendo 14 diputados, sino tener 60. Lo que queremos es una Asamblea más pluralista», comentó el legislador. Al tiempo que dijo que está tratando de cumplir una de sus promesas de campaña.
En caso de que la propuesta tenga eco y apoyo, el siguiente paso, según Bonilla, es evitar que con menos diputados, la Asamblea siga con la misma cantidad de presupuesto, ya que por lógica debería haber una reducción.
El único diputado independiente de la Asamblea agregó que lo que está haciendo en estos momentos es simplemente dar una respuesta al clamor popular, que es algo que le pidieron durante la campaña y que le siguen pidiendo cuando hablan con él.
«Bajar la cantidad es mi primer objetivo, luego ver lo del fuero con el que cuentan los funcionarios y otra serie de cambios que la gente quiere ver. La cantidad de 60 diputados no está amarrada, se han escuchado otras propuestas, pero es estudio que nosotros tenemos está en 60», apuntó.
Otros diputados se han unido a su esfuerzo, al menos han dando su firma de apoyo, pero Bonilla está consciente que es un camino cuesta arriba y incluso teme que pueda quedar engavetada. «Dar la firma no es todo. Hay dos diputados más que se quieren unir al esfuerzo, pero lo importante es tener los votos a la hora de llegar al pleno y votar por ella», agregó.
Diputados como Reynaldo Carballo, del PDC, y las diputadas de ARENA, Felissa Cristales y Milena Mayorga se han mostrado a favor de la reducción de legisladores de cara a las elecciones de 2021.
Si los dos diputados que han ofrecido el apoyo a Bonilla en los últimos días cumplen, el legislador alcanzaría un total de diez.
La pieza de correspondencia para analizar el tema de la reducción de diputados ingresó la semana pasada y ahora está en manos de la comisión correspondiente para que sea estudiada.
Nota tomada de El Salvador Times
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para América Central exhortó ayer a las autoridades de El Salvador a revisar la reforma constitucional ratificada la semana anterior, la cual permite la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas.
«Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos», señala en un comunicado la comisionado Marta Hurtado.
Con la reforma constitucional se aprobaron modificaciones a leyes secundarias, como la Ley penal juvenil, que indica que la cadena impuesta a un menor de edad podrá ser revisada cuando haya cumplido los 25 años de prisión.
De acuerdo con la ONU, «ese enfoque contraviene la convención sobre los derechos del niño», el cual expresa que los niños y niñas que tienen conflicto con la ley sean tratados de manera que se «priorice su rehabilitación y reintegración», y que la condena de prisión se utilice solo como «medida de último recurso y durante el período más breve posible».
Según el organismo, la detención prolongada es profundamente «perjudicial», para los menores pues vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de su vida.
El presidente de la república, Nayib Bukele, reaccionó al comunicado, recordando las graves consecuencias que dejó la Ley del menor infractor, que fue aprobada después de la guerra civil, por recomendación de Naciones Unidas.
Señaló que tres años despúes fueron deportados miembros de pandillas de Estados Unidos, quienes reclutaron a todos los menores que fueran capaces de cometer crímenes, debido a que había una ley blanda que garantizaba la impunidad.
«El resto de la historia ya todos la conocen: esas pandillas se convirtieron en los grupos criminales más sangrientos del mundo», indicó el presidente.
«Así que no, muchas gracias. Llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido», agregó.
Atención más rápida a la población y un trabajo con mayor tranquilidad en las comunidades son algunos de los beneficios percibidos por el personal de la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) a cuatro años de la implementación del régimen de excepción.
La institución de ayuda humanitaria aclaró, que a pesar de no haber sido víctimas de la violencia de pandillas que afectó a El Salvador, no dejaron de tomar acciones necesarias para el cuido del personal, como: la creación del protocolo de Acceso Más Seguro, implementación de talleres para atender lesiones por violencia; unificación de luces rojas para las ambulancias (para no confundirse con la PNC) y hasta dejar de colocar los números de 2013 y 2018 en los carnés del personal para evitar problemas con las maras.
«Por la credibilidad institucional, nosotros no tuvimos restricción de acceso a comunidades complicadas, pero sí tomábamos nuestras precauciones, incluso acá la Cruz Roja, uno de los requisitos previos para poder ser carnetizado era el curso Acceso Más Seguro, que era el tema de ver las condiciones, las situaciones del entorno, para poder ingresar a hacer una atención», mencionó el director de voluntariado y seccionales de la CRS, René Aparicio.
El colaborador explicó que, en ocasiones, la condición para ingreso fue el apagar las luces de la ambulancia, «prácticamente esa era como la única restricción que se nos ponían».
Con respecto al color de las luces, el director de la institución, Rigoberto Hernández, explicó que, en 2016, mediante el Acceso Más Seguro unificaron ese aspecto. «Una de las cosas que se reivindicó bastante en ese tema de la ahora norma ministerial es el color de las luces. Antes era indistinto, por ejemplo, había ambulancias que tenían luces rojas combinadas con azules o con blancos. Entonces, se dejó al final que las ambulancias solo utilizan luces rojas, para no confundir con las luces azules de la Policía».
Aparicio recuerda como en dos años no colocaron los años de vigencia 2013 y 2018 para evitar complicaciones con los grupos terroristas, de igual forma tomaron la medida de no mostrar a la seccional a la que pertenecían los voluntarios con el fin de no ser cuestionados por el lugar de origen.
«Antes aquí decía de la seccional de Zacatecoluca, por ejemplo. Entonces le quitábamos eso, porque como ellos (mareros) andaban verificando en qué zona las personas vivían. Imagínese, que, con la credibilidad, con que nos permitían el acceso, todavía teníamos que tener estas restricciones en ese aspecto por un número. Entonces sí, hoy se vive un clima de mayor tranquilidad», reiteró el director de voluntarios.
El colaborador manifestó que durante una emergencia en la colonia Montreal de Mejicanos andaban con una ambulancia placas CR113 y los pandilleros de la 18 llegaron a decir «que les faltaban el respeto». Agregó que a raíz de esa situación pidieron la Viceministerio de Transporte (VMT) que sacara de circulación esa placa.
«Pedimos al VMT que nos cambiaran algunas placas, las que terminaban en uno y ocho; y las que terminaban en uno y tres», indicó.
Trabajo en clima de seguridad
En la actualidad, Aparicio y Hernández concuerdan que los cambios en seguridad permiten desempeñar las funciones en un ambiente de tranquilidad y sin el acoso de las estructuras terroristas.
«Ahora usted con toda tranquilidad puede ir a una colonia a altas horas de la noche. O sea, usted sabe que ya si le pasa algo es porque es una cosa muy fortuita… Hoy con toda tranquilidad se coordina con los parientes de algún paciente, y ya ellos nos esperar afuera, llega la ambulancia, se da el servicio, se traslada al hospital, pero ya sin aquel temor del personal», destacó Aparicio.
Hernández aseguró que, en la actualidad, con el buen clima de seguridad logran llegar más rápido a las emergencias, «Entonces, eso es una ventaja para quien necesita el servicio».
El Salvador pasó 30 años de violencia durante los gobiernos de los partidos ARENA y el FMLN, como si se tratara de un verdadero Via Crucis, señala el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín informativo 29.
«En retrospectiva, puede afirmarse que el pueblo salvadoreño vivió un auténtico Vía Crucis durante las tres décadas de la posguerra, marcado por la expansión de las pandillas y diversas expresiones de violencia criminal y terror», expone el grupo.
Analistas que integran dicho círculo hacen un símil entre las estaciones que conforman el Via Crucis y algunos momentos trágicos del país producto de la violencia.
«Fueron miles de estaciones, inscritas en la memoria colectiva como recordatorio de un dolor histórico que dejó más de100,000 víctimas mortales y una secuela profunda de horror y descomposición social», indican.
Plantean que la primera estación sería «el asesinato de inocentes, incluidos niños»; la segunda, «Políticas públicas fallidas de supuesta “mano dura”, que agravaron la crisis», entre otras
