Judicial
#LOMÁSLEÍDO | Así fue cómo se planificó y asesinó a la enfermera de Metapán por su excompañero de estudios
Un capricho sexual de un excompañero de bachillerato y la coartada planificada por la madre del asesino mantuvieron durante dos meses con incertidumbre a los pobladores de Metapán quienes lloraron la muerte de una joven enfermera quien se destacaba por su labor en el servicio humanitario dentro del Hospital Nacional de Metapán,
Lo que fue alertado en una llamada anónima como un accidente de tránsito terminó siendo en realidad un brutal crimen ejecutado Víctor Alfonso Vides Valle, un hombre que en 2012 había sido procesado por el delito de violación y quien recibió la colaboración de su progenitora para despistar a las autoridades.
El ministerio público presentó el caso y señaló que se tiene un 90% de claridad en los hechos ocurridos durante la tarde y noche del pasado27 de septiembre cuando la enfermera fue interceptada por el que hasta ese entonces llamaba su amigo.
A las 2:08 de la tarde, la enfermera Ruth Esther Rivas Mojica junto a su novio enfermo abordaron un mototaxi para dirigirse al hospital en el que ella laboraba para que él fuera atendido por complicaciones en su estado de salud que provocaron que quedara ingresado.
A eso de las 6:58 de la tarde y con la noche por caer, Rivas Mojica se despidió de su pareja y salió del centro de salud con la promesa de regresar al día siguiente a primera hora para ver como seguía de salud.
La enfermera camino tres cuadras adelante, sin percatarse se alguien le estaba siguiendo los pasos.Eran las 7:13 de la noche cuando giró su vista y observó que una motocicleta se le había colocado a su lado, era Vides con quien comenzó a conversar con ella sin bajarse del vehículo.
El reloj marcaba las 7:33 de la nochecuando el imputado logró convencer a su víctima de que se subiera a la moto y partir con rumbo al caserío Mal Paso ubicado en el kilómetro 117 de la carretera que conduce a la frontera de Anguiatú.
El recorrido realizado por ambos fue de aproximadamente 40 minutos, Vides Valle intentó persuadir a la mujer para poder tener relaciones sexuales, algo a lo que la enfermera se negó y que provocó el enojo del hombre de quien se desconoce si años atrás tuvo alguna relación sentimental con la mujer.
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Eran cerca de las 8:13 de la nochecuando el acusado agarró a la fuerza a su víctima a quien introdujo en unos matorrales para violarla. La enfermera se defendió de la agresión pero las características físicas de él no le dieron ventaja.
Consumada la agresión sexual que duró aproximadamente 10 minutos y en medio de la oscuridad, el hombre procedió a golpear con el casco de su motocicleta y también con sus puños lo que provocó que quedara inconsciente.
A las 8:24 de la noche, Vides, sucio y desprolijo, dejó a su víctima entre los arbustos y caminó hacia su motocicleta y como si nada, comenzó a manejar hasta llegar hasta su casa, ubicada en el centro de Metapán, donde llamó a su madre para comentarle lo que había ocurrido.
La investigación fiscal estima que en las conversaciones entabladas con la progenitora se comenzó a fraguar una coartada para hacer creer que lo ocurrido fue un accidente de tránsito.
A las 11:40 de la noche, tres horas después de abandonar a Ruth agonizando, el agresor regresó al lugar de los hechos para mover el cuerpo hacia la orilla de la carretera creyendo que estaba muerta.
Ejecutado el movimiento clave para la coartada, el hombre regresó a su casa y avisó a su madre sobre lo realizado con ayuda de otro sujeto. Eran las 12:15 de la media noche cuando una llamada anónima al 911 avisó de una persona atropellada en el caserío Mal Paso.
Fue hasta las 2:00 de la madrugada del 28 de septiembre que una patrulla policial llegó al lugar señalado para encontrar a la mujer agonizando, algo que llevó a los agentes a trasladarla al hospital donde está ingresado su novio.
Tres días después, el 1 de octubre de 2018, Ruth murió debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en el cráneo y que la mantuvieron ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.
La investigación que esclareció la misteriosa muerte
Las dudas sobre la muerte de la enfermera llevaron a las autoridades a indagar sobre lo ocurrido y detectar a través del seguimiento de las cámaras que en el caso estaba involucrado un hombre que en 2012 había sido procesado por violación y que en mayo del presente año fue deportado de Estados Unidos.
Según señaló el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, para esclarecer el caso se utilizaron las antenas telefónicas que lograron establecer el recorrido de la enfermera y las conversaciones que Vides mantuvo con su progenitora.
Dos meses después, la PNC procedió con la captura del imputado para iniciar el proceso judicial por el feminicidio de la profesional de salud que ha sido repudiado publicamente por autoridades y colegas del gremio que exigen que al acusado le caiga todo el peso de la ley.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
