En una audiencia especial de revisión de medidas, se conoció de forma extraoficial, que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, giró orden de captura para los guatemaltecos Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como la salvadoreña María Isabel Umaña Velásquez, procesados en un expediente por el delito de administración fraudulenta.

A los tres imputados que no se presentaron a la audiencia les modificaron las medidas, ya que en la audiencia inicial no les habían decretado detención provisional.

Otros acusados son: Jorge Leonel Gaitán Paredes, un empresario guatemalteco extraditado hacia El Salvador, el 30 de septiembre de 2025 y quien falleció por problemas de salud en el Hospital Nacional San Juan de Dios, Santa Ana, el 19 de enero de 2026.

Su hijo, Jorge Alberto Gaitán Castro, junto a otros procesados identificados como: Jeni Celina Torres Zepeda, Selvin Martín Torres Andrade, son señalados por la Fiscalía General de la República de pertenecer a una estructura que defraudaron a las empresas, Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.

Según la investigación fiscal, los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos relacionados con su trabajo, por un monto $1.2 millones entre 2016 y 2020.

En septiembre de 2024, fue juramentado un experto en informática para extraer información del proceso penal en contra de las siete personas acusadas de administración fraudulenta en perjuicio de las dos sociedades.

Al experto le encomendaron analizar una base de correos electrónicos enviados entre los procesados para verificar la autenticidad y acceder al sistema contable de las sociedades víctimas.

Las ejecuciones realizadas por la Mara Salvatrucha fueron grabadas por los pandilleros, así lo evidencias videos incorporados como prueba por la Fiscalía General de la República, en el juicio contra 486 cabecillas que enfrentan audiencia única, acusados de 47,420 delitos consumados entre el 2012 y 2022.

Los videos obtenidos mediante el vaciado de información realizada a teléfonos celulares decomisados a terroristas fueron certificados por peritos quienes han confirmado la veracidad ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado.

Los fragmentos de videos también fueron extraídos del teléfono de un corredor de programa [jefe de varias clicas], en los que se observa como torturaban y asesinaban a las víctimas.

En más de cinco jornadas los fiscales han presentado escuchas telefónicas del accionar criminal de la Mara Salvatrucha, con la reproducción de audios se evidencia la multiplicidad de crímenes, la mayoría homicidios que fueron avalados por los 22 fundadores de la estructura terrorista.

En las últimas grabaciones de hechos consumados entre el 2017 y 2018, se escucha cuando los pandilleros asesinan a las víctimas, los disparos y el uso de armas blancas.

Seguido de las detonaciones, se oye que los criminales gritan su pertenencia a la Mara Salvatrucha, eso ocurrió luego de asesinar a un custodio del Centro Penal de Ciudad Barrios.

Al empleado penitenciario le dieron vigilancia y seguimiento; en un primer momento decidieron no matarlo porque iba con sus hijos, esperaron el momento oportuno para ejecutarlo.

En los audios captados mediante escuchas telefónicas se oye que hablan de la vigilancia hacia las víctimas, sabían su rutina, días de descanso, como se vestían y todas las características físicas.

A algunas personas las fotografiaban y compartían con los demás pandilleros para que al momento de asesinarlas no se fueran a equivocar y asegurar el buen resultado del crimen ordenado y avalado por los cabecillas de la organización criminal.

En los audios se escucha a los cabecillas ordenar el asesinato de personas que afectaran sus intereses criminales, para no ser detectados utilizaban palabras claves como «trabajitos»”, «cancha abierta» y «jugar», de esa forma se referían a los crímenes que debían ejecutarse contra la población civil.

La economía venezolana atravesó un periodo prolongado de recesión desde 2014 y hasta cerca de 2022, sumado a un proceso de hiperinflación. A pesar de la mejora de estos indicadores, persisten problemas en el acceso a la educación y a la salud, así como a servicios de electricidad y agua potable.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció recientemente un aumento del «ingreso mínimo integral» para los trabajadores a 240 dólares, monto que se encuentra muy por debajo de los casi 700 dólares que cuesta la canasta alimentaria para una familia de cinco personas, según estimaciones privadas.

Rodríguez ocupa la presidencia interina desde enero tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, y ha llevado a cabo reformas legales que dan paso a privados nacionales y extranjeros en petróleo, gas y minería.

En el caso de la pobreza extrema en el país, el estudio señala una reducción de 11 puntos porcentuales al cerrar 2025 en 31,7%.

«Todavía en uno de cada tres hogares, los ingresos son insuficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias», dijo Anitza Freitez, coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Los servicios públicos son el dolor de cabeza de los venezolanos. Solo el 10% de los hogares reportó que nunca se va la electricidad. Mientras que el 19% de los hogares disponen de un servicio diario y continuo del servicio de agua.

El estudio resalta que 44% de los estudiantes acuden regularmente a clases. La investigadora acotó que la capital Caracas perdió su «posición privilegiada» como proveedora de servicios educativos a más de la mitad de su población joven.

Freitez afirmó que el empobrecimiento generalizado hizo que muchas familias no pudieran seguir asumiendo los costos de servicios educativos.

Por otra parte, solo 6.6 % de los hogares cuenta con un seguro médico.

El estudio indicó que solo 10 % de los venezolanos dijo tener planes de regresar al país.