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Gobiernos Municipales solicitan FODES y $75 millones BID ante alerta roja decretada a nivel nacional por Huracán ETA
Los Gobiernos Municipales del país, ante el retraso de cinco meses en el depósito del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y del desembolso de $75 millones del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sumamente preocupados por las dificultades financieras y sociales ocasionadas, agregándole la afectación que generaría el Huracán Eta en el territorio nacional. A través de la Junta Directiva de la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), exigieron esta mañana en Conferencia de Prensa al Ministerio de Hacienda haga entrega inmediata de estos recursos.
Las Municipalidades de todo el país han activado ya los Comités Municipales de Protección Civil, que presiden los Alcaldes y Alcaldesas, a efecto de coordinar y atender las emergencias en los municipios que puedan ocasionar las tormentas y vientos producto del fenómeno climatológico; así como, los posibles daños a la infraestructura, a las personas afectadas, funcionamiento de albergues y otras actividades, por inundaciones y deslaves; para lo cual es urgente contar con estos recursos.
La Junta Directiva de COMURES explicó, que hasta la fecha han realizado diferentes acciones administrativas y legales a fin de agilizar la entrega del FODES y los $75 millones, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta, por lo que piden se cumpla la Constitución de la República, la Ley de Creación del FODES, la Ley del Presupuesto 2020 y el Decreto Legislativo 728 (que designa los $75 millones).
Una de las últimas gestiones de COMURES, fue una solicitud presentada este 30 de octubre, dirigida al Ministro de Hacienda, mediante la cual se le pide dar cumplimiento a DL 728, para que los $75 millones sean transferidos directa e inmediatamente a Gobiernos Municipales, con criterios de Ley FODES, tal como lo establece el Decreto 728, y considerando que la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 760 que modifica Ley del Presupuesto 2020, incorporando $52,6 millones que completan $250 millones del crédito BID, haciéndole ver que con ello se supera impedimento legal expresado por el Titular de esa cartera de Estado públicamente. Se le solicitó tambien, informar la fecha de entrega del FODES pendiente.
Por otra parte, los Alcaldes y Alcaldesas dijeron que el Presidente y Magistrados Propietarios de la Corte de Cuentas de la Republica, en medios de comunicación social y redes oficiales dieron a conocer que en respuesta a solicitud presentada por COMURES, esta entidad realiza dos exámenes especiales al Ministerio de Hacienda, que están en proceso, en relación al retraso en entrega del FODES, y desembolso de $75 millones del crédito BID, en este último explicaron, entre algunos hallazgos han identificado que los fondos están disponibles desde agosto 2020, pero no han sido trasladados a las Municipalidades.
Esta Gremial y los Consejos Departamentales de Municipalidades (CDA), han presentado también tres Avisos y dos denuncias ante la Fiscalía General de la República sobre dichos retrasos, enviado notas a la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa y BID, sostenido reuniones con el órgano legislativo, Titular de Hacienda, Cuerpo Diplomático, CCR, y recientemente con el Nuncio Apostólico, para que actué como mediador en esta problemática; entre otras gestiones que se vienen ejecutando desde junio del presente año.
En ese sentido, reiteraron que hoy más que nunca, es imperativo que se haga entrega del FODES y los $75 millones a las 262 Municipalidades, ya que el Gobierno emitió ayer Alerta Roja a nivel Nacional.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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