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2 de cada 5 cigarrillos que se consumen en El Salvador son de marcas ilegales
En El Salvador, la circulación de cigarrillos ilegales representó un 34% de total de cigarrillos que se consumieron en el país en 2022. En los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán, estos cigarrillos – que no pagan impuestos – representan el 56% y el 50% respectivamente, del total de cigarrillos que se consumieron. Así lo reveló la última investigación realizada por la firma Total Research Network S.A.
Bajo la metodología de recolección de paquetes de cigarrillos encontrados en las diferentes calles y lugares de alto tráfico en el país, se determinó la presencia de marcas ilegales, como Modern, Marvel, Richman Royal y THIS. La investigación fue desarrollada durante el tercer trimestre del 2022 en ocho zonas de El Salvador.
Según el coronel Carlos Avilés, experto técnico de seguridad de ADES: “El problema del comercio ilícito de cigarrillos tiene graves consecuencias para la seguridad del país. Generan pérdida fiscal, son productos que no tienen controles y genera un ambiente de inestabilidad ya que se relaciona con otras actividades delictivas como crimen organizado, trata de personas y narcotráfico.”
De acuerdo con la investigación, en el departamento de Santa Ana, el comercio ilícito de cigarrillos creció en el 2022 un 20% con respecto al año anterior. Esto significa que estas localidades se venden más cigarrillos ilegales (56%) que los que cuentan con permisos sanitarios y están debidamente registrados.
La marca que lidera el mercado ilegal de cigarrillos es Modern, acapara el 24.3% del total de cigarrillos que se consumieron en el 2022. Marvel y Richman Royal representan el 3.4% de total cada una. Por último, la marca THIS empieza a reflejar un patrón de crecimiento pasando de 0.3% en 2021 a 1.5% para 2022.
“La falta de controles, el ingreso de productos por varias vías y ambientes restrictivos o altamente impositivos en cuanto impuestos, por lo general tienden a favorecer la comercialización de productos ilegales. Es importante continuar los esfuerzos que se realizan para controlar esta problemática”, afirmó el coronel Avilés.
En lo que va de este 2023, como parte del Plan Anticontrabando, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron 79 cajas que contenían 790,000 cigarrillos de la marca Modern y tres vehículos, utilizados para el contrabando, en el municipio de Aguilares, San Salvador.
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de El Salvador, estos cigarrillos ilegales están valorados en $188,880.04, solamente en este primer decomiso. El esfuerzo articulado del sector público y privado, a nivel nacional e internacional, permitirá reducir el daño del contrabando, brindar mejores productos a los consumidores y proteger la recaudación fiscal.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
