Judicial
Exsecretario de Comunicaciones en periodo de Funes y cinco más seguirán proceso en libertad
El exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, David Rivas y cinco más de la gestión del expresidente, Mauricio Funes Cartagena, seguirá su proceso en libertad por orden del juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, debido a que pasaron más de dos años en la cárcel sin ser condenados.
Se conoció esta tarde, que en audiencia especial cesó la detención provisional por el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) denominó como “Saqueo Público”, los imputados Luis Miguel Ángel García, Ana Elizabeth Coto, Jorge Alberto Herrera Castellano, Rigoberto Palacios Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza y David Marciano Rivas, este último exsecretario de Comunicaciones, cumplieron dos años de estar presos este 11 de junio y basado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, todos recuperan su libertad.
Los imputados que recuperaron la libertad estarán bajo la supervisión de una persona que se haga responsable para hacerlos comparecer al proceso, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidad penal en caso que ellos no se presenten a un requerimiento.
No obstante, antes de emitir la orden de libertad, el juzgado va a verificar quienes son las personas que se harán responsables de los procesados, el lugar donde se encontrará una vez se cumplan las medidas acordó el juez.
En el caso de los señores Francisco Rodríguez Artiaga, Pablo Gómez y el empresario José Miguel Meléndez Avelar, mejor conocido como Mecafé, el juez cesó la detención provisional por estar a la orden de otras sedes judiciales.
Por este caso, la fiscalía acusó a un total de 31 personas entre ellos al expresidente, Mauricio Funes Cartagena sus colaboradores más cercanos, familiares y otros.
Todos son acusados por el delito de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
Estas personas tenían la calidad de imputados presentes por tal razón el Juzgado Quinto de Paz les decretó detención provisional el 11 de junio del 2018.
Según la investigación de las autoridades, Funes Cartagena, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial, supuestamente utilizando diversos mecanismos y programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados y así hacer pagos a proveedores ficticios, en gastos operativos de la presidencia de la República y que posteriormente trasladaban fondos por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.
Los imputados supuestamente dispusieron del dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos, así como pagos en efectivo destinados a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según requerimiento fiscal.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
