Judicial
Exsecretario de Comunicaciones en periodo de Funes y cinco más seguirán proceso en libertad
El exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, David Rivas y cinco más de la gestión del expresidente, Mauricio Funes Cartagena, seguirá su proceso en libertad por orden del juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, debido a que pasaron más de dos años en la cárcel sin ser condenados.
Se conoció esta tarde, que en audiencia especial cesó la detención provisional por el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) denominó como “Saqueo Público”, los imputados Luis Miguel Ángel García, Ana Elizabeth Coto, Jorge Alberto Herrera Castellano, Rigoberto Palacios Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza y David Marciano Rivas, este último exsecretario de Comunicaciones, cumplieron dos años de estar presos este 11 de junio y basado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, todos recuperan su libertad.
Los imputados que recuperaron la libertad estarán bajo la supervisión de una persona que se haga responsable para hacerlos comparecer al proceso, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidad penal en caso que ellos no se presenten a un requerimiento.
No obstante, antes de emitir la orden de libertad, el juzgado va a verificar quienes son las personas que se harán responsables de los procesados, el lugar donde se encontrará una vez se cumplan las medidas acordó el juez.
En el caso de los señores Francisco Rodríguez Artiaga, Pablo Gómez y el empresario José Miguel Meléndez Avelar, mejor conocido como Mecafé, el juez cesó la detención provisional por estar a la orden de otras sedes judiciales.
Por este caso, la fiscalía acusó a un total de 31 personas entre ellos al expresidente, Mauricio Funes Cartagena sus colaboradores más cercanos, familiares y otros.
Todos son acusados por el delito de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
Estas personas tenían la calidad de imputados presentes por tal razón el Juzgado Quinto de Paz les decretó detención provisional el 11 de junio del 2018.
Según la investigación de las autoridades, Funes Cartagena, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial, supuestamente utilizando diversos mecanismos y programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados y así hacer pagos a proveedores ficticios, en gastos operativos de la presidencia de la República y que posteriormente trasladaban fondos por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.
Los imputados supuestamente dispusieron del dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos, así como pagos en efectivo destinados a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según requerimiento fiscal.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
