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Carla Ayala: se cumplen 100 días desaparecida
El 29 de diciembre de 2017 fue la última vez que se vio con vida a la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala. Fue en la fiesta navideña del Grupo de Reacción Policial (GRP) que la agente fue herida de bala y posteriormente desaparecida por Juan José Castillo Arévalo, miembro del GRP.
Relatos del hecho afirman que Ayala y Castillo discutieron al calor de las bebidas alcohólicas en la fiesta navideña, al punto que Castillo sacó su arma de equipo.
A eso de las 11:30 de la noche de ese día, la agente Ayala fue herida de bala dentro de una patrulla policial por Castillo cuando otros agentes se disponían a llevar a Ayala hacia su vivienda.
Castillo, en evidente estado de ebriedad, se subió a la patrulla donde iba la agente Ayala, y le disparó pocos minutos después cuando el vehículo iba en marcha sobre el bulevar Constitución.
Al ver la situación, los demás agentes que iban en la patrulla dieron vuelta y regresaron a la sede del GRP en la colonia San Francisco para informar del hecho, pero al llegar Castillo tomó el control de la patrulla y huyó con la agente herida a bordo.
Las autoridades afirman que Castillo manejó por más de 80 kilómetros desde San Salvador hasta llegar a su vivienda en el municipio de San Francisco Javier, Usulután. Ahí se estuvo pocos minutos, pues a esos de las 5:00 de la mañana regresó a San Salvador para entregar la patrulla, pero la agente Ayala ya no estaba dentro de ella.
Extrañamente, el agente Castillo Arévalo volvió a la sede del GRP y logró salir de ahí sin ser capturado por sus compañeros. A partir de ese momento, Castillo se volvió prófugo de la justicia y su nombre fue introducido a la lista de los 100 Más Buscados.
El tiempo avanza, la investigación no
El pasado 27 de febrero las autoridades dieron un paso en falso en las investigaciones. Exhumaron un cadáver en el cementerio municipal de San Francisco Javier, Usulután, pensando que se trataba de Carla Ayala; no obstante, tras varias horas, las autoridades afirmaron que se había equivocado y pidieron perdón.
Fue el mismo director de la PNC, Howard Cotto, quien durante una conferencia de prensa había asegurado que los familiares del miembro del GRP, Juan Josué Castillo Arévalo, habían fingido la muerte de un pariente para enterrar el cadáver de Carla Ayala; sin embargo, esa versión quedó descartada tras hacer la exhumación del cuerpo.
Incluso, el director de la PNC pidió disculpas a los familiares dolientes, ya que el cuerpo encontrado dentro de la tumba pertenecía a la señora a Paula Castro, tía de Castillo Arévalo.}
Desde esa fecha, no han surgido avances importantes en el caso de la agente.
Por. El Blog
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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