Internacionales
17 años de prisión para líder de asalto al Capitolio
Los fiscales habían pedido 33 años de prisión contra Joseph Biggs, un veterano de Irak y Afganistán que llevó a unos 200 miembros de Proud Boys al Capitolio para intentar anular por la fuerza la declaración de victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente republicano saliente, Donald. Trump . Se trata de la segunda pena más larga pronunciada por la justicia estadounidense por este caso.
El juez Timothy Kelly tuvo en cuenta las circunstancias agravantes por actos de terrorismo solicitados por los fiscales, pero subrayó que el acusado «no tenía intención de matar gente».
El imputado había expresado previamente su arrepentimiento, al asegurar que ahora estaba apartado de la política y de toda militancia. En mayo, fue declarado culpable de seis cargos, incluido el de sedición, junto con otros líderes de Proud Boys.
Aunque el asalto al Capitolio no provocó un gran número de muertes, el fiscal Jason McCullough había destacado ante el tribunal la gravedad del hecho y la necesidad de sentencias disuasorias. Los atacantes «querían intimidar y aterrorizar» a todos los que se les opusieran, dijo.
El ataque del 6 de enero de 2021 «rompió nuestra tradición de transferencia pacífica del poder, una de las cosas más preciadas que teníamos como estadounidenses», dijo también el juez. Joseph Biggs pasó más de dos años en prisión preventiva, y en ese lapso estuvo en régimen de aislamiento, 22 horas del día sin salir de su celda.
«Creo que entendió el mensaje», alegó su abogado, Norman Pattis. «Sé que actué mal ese día, pero no soy un terrorista», aseguró a su vez Biggs, de pelo y barba grises, vestido con un uniforme carcelario naranja que deja ver tatuajes en sus antebrazos.
Más de 1.100 personas han sido arrestadas y acusadas por la asonada. Más de la mitad han recibido sentencias, en su mayoría a penas de prisión. El fallo más severo fue contra Stewart Rhodes, fundador de la milicia de extrema derecha Oath Keepers, Stewart Rhodes, quien también fue declarado culpable de sedición y condenado a 18 años de prisión.
Al menos cinco personas murieron al margen del asalto al Capitolio y 140 policías resultaron heridos.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
