Internacionales
Un informe de la ONU denunció los abusos de las tropas de Putín tras dos años de invasión rusa a Ucrania
Un informe de la ONU denunció los abusos de las tropas de Putín tras dos años de invasión rusa a Ucrania
Tras dos años de invasión de Ucrania, las autoridades rusas siguen cometiendo violaciones de la ley internacional constitutivas de crímenes de guerra, entre ellas ataques a zonas civiles y uso extendido de la tortura contra prisioneros, denuncia este viernes un informe de la ONU.
El nuevo documento de la Comisión Internacional Independiente para Ucrania, que se presentará la semana que viene ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que las fuerzas rusas ignoran habitualmente los efectos de sus ataques contra áreas civiles, o utilizan “sistemáticamente y de forma extendida” la tortura.
”Nos preocupa la escala, prolongación y gravedad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes que hemos investigado, y su impacto en víctimas y comunidades afectadas”, resumió al presentar el informe en una rueda de prensa el experto noruego Erik Mose, presidente de la comisión.
En lo referente a tortura, la comisión que completan el colombiano Pablo de Greiff y la india Vrinda Grover ha identificado tortura de prisioneros ucranianos en al menos cuatro provincias de Ucrania y tres de Rusia, donde prisioneros de guerra estuvieron detenidos entre 9 y 15 meses y sufrieron a menudo abusos durante todo ese periodo.
En la Federación Rusa, las torturas eran llevadas a cabo habitualmente por miembros de las Unidades de Usos Especiales, los denominados “spetsnaz”, en interrogatorios a menudo dirigidos por empleados del Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredero del soviético KGB.
En muchos centros de detención los prisioneros eran ya recibidos con palizas y electrochoques mientras les decían “bienvenidos al infierno”; las torturas proseguían durante meses, en cualquier parte del centro de detención, acompañadas en ocasiones de abusos sexuales, según el informe.
Las condiciones de detención eran inhumanas, y muchos ex prisioneros indicaron a la comisión que tuvieron que recurrir a alimentarse con gusanos, jabón, papel o comida de perro.
En el apartado de ataques indiscriminados a zonas civiles, el informe recuerda que al menos 10.582 civiles han muerto y 19.875 resultaron heridos en más de dos años de invasión, muchos de ellos por el impacto de bombardeos aéreos y con artillería.
El informe recuerda especialmente el asedio de Mariúpol, entre el 24 de febrero y el 20 de mayo de 2022, donde los ataques dañaron 15.555 estructuras y las autoridades ucranianas estiman que miles de civiles fallecieron.
El asedio incluyó ataques con tanques contra hospitales, indica el informe, que también refiere casos más recientes, como el ataque a un café en Hroza, provincia de Kharkiv, que causó la muerte de 36 mujeres, 22 hombres y un niño el 5 de octubre de 2022.
El 29 de diciembre del pasado año, una ola de ataques rusos contra ocho ciudades ucranianas provocó el fallecimiento de más de medio centenar de personas, y al día siguiente una ofensiva similar contra la ciudad rusa de Belgorod mató a 25 personas.
El informe documenta también ataques contra patrimonio cultural, incluidos bombardeos contra los centros históricos de Odesa y Lviv, parte de la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El informe también denuncia el traslado ilegal de niños ucranianos a zonas bajo control ruso, como la península de Crimea, y casos de violaciones y abusos sexuales contra mujeres ucranianas.
El documento habla en menor grado de abusos por parte de Ucrania en el conflicto,
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
