Internacionales
Organizaciones de DDHH de la región condenan violencia en Guatemala
El “Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica” condenó la “violencia homicida” en contra de manifestantes en Guatemala, que este 16 de octubre cobró la vida de una persona, mientras participaba de las acciones pacíficas de calle en el municipio Malacatán, departamento de San Marcos.
En el incidente también se reportaron dos personas heridas, lo que consideró el Equipo Regional como una “muestra de la escalada que existe en Guatemala” en contra de la población, que ejece sus derechos de libertad de reunión pacífica y manifestación.
“Ellos piden la renuncia de la jefa (Fiscal General) del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, así como del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, como resultado de las ilegalidades cometidas en sus funciones, las cuales buscan dejar sin validez el proceso electoral actual, situación denunciada por este Equipo”, expresó en un comunicado.
El Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica está integrado por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), la Fundación de Estudios para Aplicación del Derecho (FESPAD) El Salvador, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de Guatemala. El Equipo manifestó que el “ataque en Malacatán” no es el único ocurrido en contra de la población organizada.
“Rechazamos la presunta complicidad de la Policía Nacional Civil (PNC) con los hechores de este crimen. De acuerdo con múltiples videos circulados en redes sociales, publicados por medios de comunicación locales, la PNC escoltó a los supuestos atacantes en una caravana de pick ups, y les resguardaron en el destacamento militar de la zona de dicha localidad”, detalla.
“Desde la agudización de las jornadas de protestas pacíficas, se han conocido otros intentos de intimidación y amenazas a la vida de manifestantes en Zaragoza, en Chimaltenango, donde las autoridades ancestrales denunciaron ataques con arma blanca, también en carretera a El Salvador, Cobán, San Pedro Carchá, entre otros”, denunciaron.
Como Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, expresaron su más claro “repudio” a este tipo de hechos violentos dirigidos a la ciudadanía manifestante, quienes han venido exigiendo por más de una semana el “respeto a la voluntad popular”, expresada en el recién pasado evento electoral.
Así mismo, se sumó a la petición de destitución de los altos cargos del Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que han sido identificados “como los promotores de la corrupción e impunidad” en el país vecino.
“Nos solidarizamos con la familia de la persona asesinada y con el movimiento popular de Guatemala, a quienes acompañamos en su lucha. Hacemos un llamado al cese a la represión institucionalizada del Estado de la protesta pacífica y a garantizar el ejercicio de la misma evitando que las personas participantes se les violen los derechos humanos”, reitera.
“Nos preocupa la narrativa política bélica y ausente del llamado a la paz del presidente Alejandro Giammattei, su falta de acciones ante las demandas del pueblo guatemalteco, así como la ausencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos que ha tenido una participación distante e indiferente”, señala.
El Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica exigió a las autoridades gubernamentales a que estos crímenes no queden en la impunidad, y que de inmediato realicen investigaciones exhaustivas a fin de dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de estos hechos violentos, para que enfrenten la justicia.
“Finalmente, alertamos a la Comunidad Internacional de la atrocidad de estos crímenes, los cuales muestran los niveles de intolerancia imperantes en la región”, puntualiza en su comunicado.
Israel y Hamás se acusaron mutuamente de obstruir las negociaciones que se reanudaron ayer en El Cairo, Egipto, con mediación internacional para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, tras casi siete meses de guerra.
Los mediadores (Qatar, Egipto y Estados Unidos) se sentaron con la delegación del movimiento islamista para escuchar su respuesta a la última propuesta de tregua, sometida a finales de abril. Esta oferta incluye el cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre por palestinos presos en Israel.
Un dirigente de Hamás reiteró a última hora de ayer que el movimiento islamista palestino no aceptará «bajo ninguna circunstancia» un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra. «Las negociaciones de hoy [sábado] terminaron y habrá una nueva ronda mañana [domingo]», añadió.
En tanto, el Ministerio de Salud palestino informó ayer el balance de 34,654 muertos en el enclave desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista el 7 de octubre. Precisó que «en las últimas 24 horas al menos 32 personas fallecieron». En total, se contabilizan 77,908 heridos en casi siete meses de conflicto.
La cifra de muertos por la tragedia climática histórica en el estado de Rio Grande do Sul (sur) ascendió a 56, en tanto que hay 67 desaparecidos, 32.900 evacuados y al menos 356.000 personas sin electricidad, informó la Defensa Civil.
Las fuertes lluvias que vive el estado desde hace casi una semana, han provocado el desborde de ríos, incluyendo el Guaiba, además de que el centro histórico y otros barrios de Porto Alegre, capital del estado, se encuentran prácticamente bajo el agua, por lo que están inhabilitados la estación de autobuses y el aeropuerto internacional Salgado Filho.
En total son 281 municipios afectado por el fenómeno meterológico, indicó la Defensa Civil.
«Las cifras podrían cambiar sustancialmente en los próximos días, a medida que logremos acceder a los lugares e identificar otras vidas perdidas», dijo a la prensa el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó abrir en Porto Alegre una oficina de emergencia del Gobierno nacional para facilitar la ayuda técnica y financiera, luego de enviar el viernes 100 miembros de la Fuerza Nacional, tropa de elite policial, para ayudar en las tareas de rescate.
El estado es un punto clave en el transporte terrestre del comercio del bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur) y es además uno de los principales productores de arroz, soya y carnes de Brasil, que tiene su economía frenada desde hace una semana.
Según la Policía Federal de Caminos, 188 tramos de carreteras enfrentan algún tipo de bloqueo o bloqueos totales.
El Gobierno de Ecuador estableció estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, durante 60 días para combatir a los grupos armados organizados ante «el incremento de hostilidades», de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 250 publicado el martes.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajan conjuntamente para «mantener la soberanía y la integridad del Estado».
Con la medida quedó suspendido el derecho de la inviolabilidad de domicilio, esto significa que las autoridades de seguridad pueden llevar a cabo inspecciones, allanamientos y requisas en las propiedades en las que consideren se ocultan miembros vinculados a los grupos armados.
También decomisarán «materiales o instrumentos» con lo que se puedan cometer delitos para neutralizar las amenazas.
Ante la operatividad del crimen en el territorio, el Gobierno también creará en los próximos días la Fuerza de Investigación Anticriminal para reducir los homicidios intencionales.
El director nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), Freddy Sarzosa, detalló que el principal motivo de la violencia criminal asociada al tráfico de drogas y de armas.
