El “Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica” condenó la “violencia homicida” en contra de manifestantes en Guatemala, que este 16 de octubre cobró la vida de una persona, mientras participaba de las acciones pacíficas de calle en el municipio Malacatán, departamento de San Marcos.

En el incidente también se reportaron dos personas heridas, lo que consideró el Equipo Regional como una “muestra de la escalada que existe en Guatemala” en contra de la población, que ejece sus derechos de libertad de reunión pacífica y manifestación.

“Ellos piden la renuncia de la jefa (Fiscal General) del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, así como del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, como resultado de las ilegalidades cometidas en sus funciones, las cuales buscan dejar sin validez el proceso electoral actual, situación denunciada por este Equipo”, expresó en un comunicado.

El Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica está integrado por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), la Fundación de Estudios para Aplicación del Derecho (FESPAD) El Salvador, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de Guatemala. El Equipo manifestó que el “ataque en Malacatán” no es el único ocurrido en contra de la población organizada.

“Rechazamos la presunta complicidad de la Policía Nacional Civil (PNC) con los hechores de este crimen. De acuerdo con múltiples videos circulados en redes sociales, publicados por medios de comunicación locales, la PNC escoltó a los supuestos atacantes en una caravana de pick ups, y les resguardaron en el destacamento militar de la zona de dicha localidad”, detalla.

“Desde la agudización de las jornadas de protestas pacíficas, se han conocido otros intentos de intimidación y amenazas a la vida de manifestantes en Zaragoza, en Chimaltenango, donde las autoridades ancestrales denunciaron ataques con arma blanca, también en carretera a El Salvador, Cobán, San Pedro Carchá, entre otros”, denunciaron.

Como Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, expresaron su más claro “repudio” a este tipo de hechos violentos dirigidos a la ciudadanía manifestante, quienes han venido exigiendo por más de una semana el “respeto a la voluntad popular”, expresada en el recién pasado evento electoral.

Así mismo, se sumó a la petición de destitución de los altos cargos del Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que han sido identificados “como los promotores de la corrupción e impunidad” en el país vecino.

“Nos solidarizamos con la familia de la persona asesinada y con el movimiento popular de Guatemala, a quienes acompañamos en su lucha. Hacemos un llamado al cese a la represión institucionalizada del Estado de la protesta pacífica y a garantizar el ejercicio de la misma evitando que las personas participantes se les violen los derechos humanos”, reitera.

“Nos preocupa la narrativa política bélica y ausente del llamado a la paz del presidente Alejandro Giammattei, su falta de acciones ante las demandas del pueblo guatemalteco, así como la ausencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos que ha tenido una participación distante e indiferente”, señala.

El Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica exigió a las autoridades gubernamentales a que estos crímenes no queden en la impunidad, y que de inmediato realicen investigaciones exhaustivas a fin de dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de estos hechos violentos, para que enfrenten la justicia.

“Finalmente, alertamos a la Comunidad Internacional de la atrocidad de estos crímenes, los cuales muestran los niveles de intolerancia imperantes en la región”, puntualiza en su comunicado.