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Organizaciones de DDHH de la región condenan violencia en Guatemala

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El “Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica” condenó la “violencia homicida” en contra de manifestantes en Guatemala, que este 16 de octubre cobró la vida de una persona, mientras participaba de las acciones pacíficas de calle en el municipio Malacatán, departamento de San Marcos.

En el incidente también se reportaron dos personas heridas, lo que consideró el Equipo Regional como una “muestra de la escalada que existe en Guatemala” en contra de la población, que ejece sus derechos de libertad de reunión pacífica y manifestación.

“Ellos piden la renuncia de la jefa (Fiscal General) del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, así como del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, como resultado de las ilegalidades cometidas en sus funciones, las cuales buscan dejar sin validez el proceso electoral actual, situación denunciada por este Equipo”, expresó en un comunicado.

El Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica está integrado por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), la Fundación de Estudios para Aplicación del Derecho (FESPAD) El Salvador, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de Guatemala. El Equipo manifestó que el “ataque en Malacatán” no es el único ocurrido en contra de la población organizada.

“Rechazamos la presunta complicidad de la Policía Nacional Civil (PNC) con los hechores de este crimen. De acuerdo con múltiples videos circulados en redes sociales, publicados por medios de comunicación locales, la PNC escoltó a los supuestos atacantes en una caravana de pick ups, y les resguardaron en el destacamento militar de la zona de dicha localidad”, detalla.

“Desde la agudización de las jornadas de protestas pacíficas, se han conocido otros intentos de intimidación y amenazas a la vida de manifestantes en Zaragoza, en Chimaltenango, donde las autoridades ancestrales denunciaron ataques con arma blanca, también en carretera a El Salvador, Cobán, San Pedro Carchá, entre otros”, denunciaron.

Como Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, expresaron su más claro “repudio” a este tipo de hechos violentos dirigidos a la ciudadanía manifestante, quienes han venido exigiendo por más de una semana el “respeto a la voluntad popular”, expresada en el recién pasado evento electoral.

Así mismo, se sumó a la petición de destitución de los altos cargos del Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que han sido identificados “como los promotores de la corrupción e impunidad” en el país vecino.

“Nos solidarizamos con la familia de la persona asesinada y con el movimiento popular de Guatemala, a quienes acompañamos en su lucha. Hacemos un llamado al cese a la represión institucionalizada del Estado de la protesta pacífica y a garantizar el ejercicio de la misma evitando que las personas participantes se les violen los derechos humanos”, reitera.

“Nos preocupa la narrativa política bélica y ausente del llamado a la paz del presidente Alejandro Giammattei, su falta de acciones ante las demandas del pueblo guatemalteco, así como la ausencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos que ha tenido una participación distante e indiferente”, señala.

El Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica exigió a las autoridades gubernamentales a que estos crímenes no queden en la impunidad, y que de inmediato realicen investigaciones exhaustivas a fin de dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de estos hechos violentos, para que enfrenten la justicia.

“Finalmente, alertamos a la Comunidad Internacional de la atrocidad de estos crímenes, los cuales muestran los niveles de intolerancia imperantes en la región”, puntualiza en su comunicado.

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Costa Rica endurece controles en cárceles: destruyen seis consolas PlayStation decomisadas a reclusos

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El Gobierno de Costa Rica reforzó las medidas de seguridad en sus centros penitenciarios tras decomisar y destruir seis consolas PlayStation, junto con controles y accesorios, que eran utilizadas por privados de libertad en el Centro Especializado para el Adulto Joven, en Alajuela.

La medida forma parte del programa «Cero Ocio», impulsado por el Ministerio de Justicia y Paz, que busca eliminar privilegios dentro de las cárceles y sustituir las actividades recreativas por programas de trabajo y reinserción social. Como parte del plan, los reclusos serán incorporados a labores de mantenimiento en carreteras, escuelas y espacios públicos.

Los privados de libertad serán incorporados al programa "Cero Ocio", que contempla labores de mantenimiento de vías, escuelas y otros espacios públicos. Crédito: Ministerio de Justicia y PazLos privados de libertad serán incorporados al programa «Cero Ocio», que contempla labores de mantenimiento de vías, escuelas y otros espacios públicos. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Las autoridades señalaron que las consolas habían ingresado con permisos otorgados en administraciones anteriores, pero la nueva política penitenciaria eliminó ese beneficio al considerar que estos dispositivos no son compatibles con los objetivos del sistema carcelario.

El decomiso ha generado un amplio debate en Costa Rica sobre el equilibrio entre los derechos de los privados de libertad, la disciplina en los centros penales y los procesos de rehabilitación.

El ministro Gabriel Aguilar aseguró que quienes deseen acceder al beneficio del "dos por uno" deberán hacerlo mediante trabajo, orden y disciplina. Crédito: Transmisión Presidencia de la RepúblicaEl ministro Gabriel Aguilar aseguró que quienes deseen acceder al beneficio del «dos por uno» deberán hacerlo mediante trabajo, orden y disciplina. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

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27 años de prisión por asesinar a su esposa y dispersar sus restos en un parque de París

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Un tribunal de París condenó este viernes a 27 años de prisión a un hombre de 53 años por el asesinato de su esposa, un crimen ocurrido en la capital francesa.

De acuerdo con la investigación, trabajadores del parque Buttes Chaumont, un popular lugar frecuentado por familias y corredores en el noreste de París, encontraron una bolsa de plástico con partes del cuerpo de la víctima. La cabeza de la mujer fue localizada al día siguiente.

Los investigadores determinaron que la pareja era originaria de Argelia y tenía tres hijos. Ambos residían en las afueras de París, pero su relación se había deteriorado y atravesaban dificultades económicas.

Según los elementos recopilados durante la investigación, tras asesinar a su esposa, el hombre colocó el cuerpo en el sofá, lo cubrió con una manta y les dijo a sus hijos que no la molestaran porque estaba cansada. Posteriormente, salió a comprar una amoladora angular.

El condenado también envió mensajes al teléfono de la víctima preguntándole dónde se encontraba, con el objetivo de desviar las sospechas. Sin embargo, posteriormente confesó el crimen ante la policía.

El caso se da a conocer en un contexto de violencia contra las mujeres en Francia. Según cifras oficiales, en 2024 un total de 107 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en ese país, lo que representa un aumento del 11 % respecto al año anterior.

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Incendio en Almería deja 12 fallecidos y 23 personas sin localizar mientras continúan las labores de emergencia

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Un incendio forestal de gran magnitud registrado en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, dejó 12 personas fallecidas que intentaban escapar de las llamas, mientras que 23 continúan sin localizar, según informaron autoridades regionales.

El fuego se propagó rápidamente el jueves en la zona de Los Gallardos, un área con una orografía escarpada, caracterizada por barrancos y viviendas dispersas en zonas forestales, lo que habría dificultado la evacuación y atrapado a algunas personas que intentaban huir.

El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó el viernes que el balance preliminar era de 12 fallecidos y 23 personas no localizadas, aunque pidió prudencia debido a que algunas podrían no haber logrado comunicarse con sus familiares o autoridades.

«Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas», declaró Moreno Bonilla ante los periodistas, al tiempo que calificó la situación como «una tragedia».

Posteriormente, en una entrevista con la radio andaluza, el presidente regional indicó que aún se buscaba a 19 personas que permanecían sin localizar.

El incendio, que continúa fuera de control y es considerado uno de los más graves de la historia reciente de España, también dejó ocho personas heridas, cuatro de ellas con lesiones de mayor gravedad.

La rápida propagación de las llamas convirtió la zona, ubicada a pocos kilómetros de la costa Mediterránea, en una especie de «ratonera», según describió Moreno Bonilla.

El responsable de Emergencias, Antonio Sanz, señaló que todo apunta a que la mayoría o la totalidad de las víctimas podrían ser extranjeras, aunque aclaró que esta información no puede confirmarse hasta completar la identificación de los fallecidos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de las víctimas se encontraban dentro de un vehículo que tenía el volante al lado derecho, por lo que se investiga si podrían ser de nacionalidad británica. Este dato aún no ha sido confirmado.

Las otras siete personas habrían intentado escapar caminando por los caminos escarpados de la zona, donde quedaron rodeadas por el avance del fuego.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que las autoridades alertaron a los habitantes «puerta por puerta» sobre el peligro, pero señaló que un grupo de personas no atendió las recomendaciones de vecinos que les pedían permanecer en sus viviendas, situación que habría dejado siete fallecidos.

Ante la emergencia, Antonio Sanz insistió en la importancia de acatar las indicaciones oficiales. «No son recomendaciones, son instrucciones», afirmó, al señalar que cuando las autoridades ordenan evacuar y establecen las rutas de salida, es fundamental seguirlas.

Más de 400 efectivos de diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando para controlar el incendio, que ya consumió 3,150 hectáreas.

Las autoridades indicaron que las labores han sido complicadas debido a la compleja orografía del terreno. Además, consideran como una de las hipótesis que el incendio pudo originarse por la caída de una línea de tendido eléctrico que provocó la ignición de la vegetación y su rápida expansión impulsada por el viento.

Mientras continúan los trabajos de control, numerosas personas permanecen desalojadas, y cerca de 200 están siendo ubicadas en distintos puntos municipales.

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