Internacionales
Guatemala podría enviar a mareros a cárceles militares
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
Internacionales
Juez de Miami dicta orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996
Un juez de Miami dictó una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. En el incidente murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.
La orden, firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan del Undécimo Circuito Judicial de Florida, se basa en la determinación de que existen indicios suficientes de que Castro conspiró con agentes cubanos que operaban en el estado. Según la investigación reabierta por las autoridades de Florida, espías infiltrados recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el ataque por parte de militares cubanos. Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es señalado como parte de la cadena de decisión.
Esta medida estatal es independiente de los cargos federales presentados en mayo de 2026 contra Castro y otros exmilitares cubanos por asesinato y conspiración. La orden no contempla fianza y autoriza a las autoridades de Florida a procurar su extradición si es localizado fuera del estado. Hermanos al Rescate, con sede en Miami, se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
El caso, reabierto décadas después de los hechos, mantiene el interés de las autoridades estatales y de sectores del exilio cubano en Florida. Castro, de 95 años, se retiró de sus cargos formales en 2021, aunque conserva influencia en la isla. Las autoridades de Florida anunciaron públicamente la orden este lunes.
El barril de petróleo Brent se cotiza este lunes por encima de los 107 dólares, luego de registrar una leve disminución cercana al 1,9 %. El precio se mantiene en niveles elevados tras haber rozado los 110 dólares el viernes, en un mercado que continúa mostrando alta volatilidad en el crudo y sus derivados.
Las cotizaciones se mantienen presionadas al alza por las tensiones vigentes en Medio Oriente, en particular por el cierre y los riesgos de tránsito en el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que circula una parte importante del petróleo mundial. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reducido los flujos de crudo del Golfo en las últimas semanas y ha generado preocupación por posibles interrupciones adicionales del suministro.
A pesar de la corrección de este lunes, los precios siguen reflejando un entorno de riesgo geopolítico elevado. El Brent es la principal referencia internacional para el comercio de petróleo y suele influir directamente en los costos de combustibles y derivados a nivel global. En lo que va del año, la cotización acumula ganancias significativas impulsadas por factores de oferta y demanda, además de los episodios de inestabilidad regional.
Los mercados seguirán atentos a la evolución de la seguridad marítima en la zona del Golfo y a cualquier desarrollo que pueda alterar los flujos de exportación. Mientras persistan las restricciones en rutas clave como Ormuz, se espera que la volatilidad continúe marcando el comportamiento del precio del barril en las próximas sesiones.
Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
