Internacionales
Fiscalía mexicana investiga a expresidente Peña Nieto por corrupción
La Fiscalía General de México informó el martes de la existencia de tres líneas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de corrupción, semanas después de que se hicieran públicas las primeras denuncias formales en su contra interpuestas por la agencia mexicana contra el lavado de dinero por manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.
En un comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin dar el nombre completo del investigado, pero un funcionario federal, que pidió el anonimato por no poder hacer declaraciones de pesquisas en proceso, confirmó que se trata de Peña Nieto, quien gobernó México entre 2012-2018.
Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito, aunque el que la fiscalía informe públicamente de investigaciones en marcha no implica, todavía, el inicio de un proceso penal. Este departamento no aclaró desde cuándo están abiertas todas estas pesquisas.
Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la lucha contra la corrupción es un asunto prioritario en su gobierno y ha arremetido contra sus predecesores por corrupción, en lo que va de su administración no se había actuado contra ninguno de ellos.
Según el comunicado de la Fiscalía, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, multada en 2016 por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.
En esta investigación se buscan posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales y en ella «los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos», agrega la nota de prensa.
El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades hacendarias «por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales». La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso se precisan «dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables» para, eventualmente, poder abrir un proceso.
El funcionario aclaró que esta investigación es la originada por las denuncias de la agencia mexicana contra el lavado de dinero, que fue la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción que hubo durante su gobierno.
La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular para comprobar si durante su presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.
Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo. En julio, tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían «aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo».
«Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia», agregó en ese momento.
Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante su administración, afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Lozoya, en proceso por delitos de corrupción pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto.
Videgaray negó las acusaciones, pero en 2021 fue inhabilitado por 10 años por «falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales» .
Ese mismo año se inició un proceso contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el gobierno de Peña Nieto, por supuesto enriquecimiento ilícito. Actualmente es diputado federal y, por lo tanto, no le afecta porque tiene fuero.
La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles, está en prisión desde 2019 acusada de «ejercicio indebido del servicio público» relacionado con el supuesto desvío de hasta 260 millones de dólares de fondos públicos.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
