Internacionales
Fiscalía mexicana investiga a expresidente Peña Nieto por corrupción
La Fiscalía General de México informó el martes de la existencia de tres líneas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de corrupción, semanas después de que se hicieran públicas las primeras denuncias formales en su contra interpuestas por la agencia mexicana contra el lavado de dinero por manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.
En un comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin dar el nombre completo del investigado, pero un funcionario federal, que pidió el anonimato por no poder hacer declaraciones de pesquisas en proceso, confirmó que se trata de Peña Nieto, quien gobernó México entre 2012-2018.
Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito, aunque el que la fiscalía informe públicamente de investigaciones en marcha no implica, todavía, el inicio de un proceso penal. Este departamento no aclaró desde cuándo están abiertas todas estas pesquisas.
Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la lucha contra la corrupción es un asunto prioritario en su gobierno y ha arremetido contra sus predecesores por corrupción, en lo que va de su administración no se había actuado contra ninguno de ellos.
Según el comunicado de la Fiscalía, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, multada en 2016 por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.
En esta investigación se buscan posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales y en ella «los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos», agrega la nota de prensa.
El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades hacendarias «por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales». La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso se precisan «dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables» para, eventualmente, poder abrir un proceso.
El funcionario aclaró que esta investigación es la originada por las denuncias de la agencia mexicana contra el lavado de dinero, que fue la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción que hubo durante su gobierno.
La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular para comprobar si durante su presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.
Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo. En julio, tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían «aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo».
«Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia», agregó en ese momento.
Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante su administración, afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Lozoya, en proceso por delitos de corrupción pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto.
Videgaray negó las acusaciones, pero en 2021 fue inhabilitado por 10 años por «falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales» .
Ese mismo año se inició un proceso contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el gobierno de Peña Nieto, por supuesto enriquecimiento ilícito. Actualmente es diputado federal y, por lo tanto, no le afecta porque tiene fuero.
La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles, está en prisión desde 2019 acusada de «ejercicio indebido del servicio público» relacionado con el supuesto desvío de hasta 260 millones de dólares de fondos públicos.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
