Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado por un grupo de sujetos armados la mañana del miércoles 22 de julio al interior de las instalaciones de la alcaldía.
De acuerdo con los reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del edificio municipal, ubicado en el centro de la localidad. Un grupo de hombres armados lo interceptó, abrió fuego y posteriormente huyó del lugar.
Tras la agresión, Lavín Romero resultó herido, por lo que equipos de emergencia acudieron para brindarle atención médica. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó posteriormente su fallecimiento a consecuencia de los hechos delictivos.
La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó sobre el ataque y anunció el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para localizar a los responsables.
Como parte de las investigaciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo, que permanecía en las instalaciones de la alcaldía.
Las autoridades señalaron que las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables del homicidio.
Este es el segundo atentado que sufría Valentín Lavín Romero durante el año. El primero ocurrió el 31 de enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.
En aquella ocasión, testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.
Según los reportes, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos que se desplazaba en motocicleta. Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no puso en riesgo su vida, por lo que solicitó una licencia temporal al cargo mientras recibía atención médica y retomó sus funciones cerca de un mes después.
Medios locales también informaron que, en marzo, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios presuntamente propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada «El Gallo», donde únicamente se reportaron daños materiales.
La violencia contra Valentín Lavín Romero se remonta a 2018, cuando era alcalde electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El 14 de septiembre de ese año, tres de sus familiares fueron asesinados por sujetos armados que irrumpieron en un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre del poblado de Huazulco.
Las víctimas fueron identificadas como Isabel «N», de 89 años de edad, suegra del entonces alcalde electo; Eva «N», de 58 años; y una menor de edad identificada con las siglas L.Y.C.R., de 7 años.
Dos jóvenes pertenecientes a la congregación de los Testigos de Jehová fueron víctimas de un asalto mientras realizaban labores de predicación en el municipio de Francisco Morazán, Honduras.
El hecho quedó registrado en imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde se observa a sujetos a bordo de una motocicleta que interceptaron a las jóvenes y les quitaron sus pertenencias.
Tras cometer el asalto, los individuos escaparon del lugar, mientras que las jóvenes quedaron sorprendidas por lo ocurrido.
Las intensas lluvias registradas esta semana en Virginia Occidental provocaron inundaciones repentinas que afectaron viviendas, comercios y carreteras, dejando al menos dos personas desaparecidas en el condado de Upshur, informaron las autoridades estatales.
El gobernador Patrick Morrisey explicó que, durante las operaciones de búsqueda y rescate, la Policía Estatal localizó un vehículo volcado que estaría vinculado con las dos personas reportadas como desaparecidas. No obstante, indicó que los equipos de emergencia aún no han podido acceder al automóvil debido a las peligrosas condiciones y a la gran cantidad de escombros acumulados en la zona, según información de The Guardian.
Las autoridades señalaron que el estado continúa en fase de búsqueda y rescate, con equipos desplegados para localizar a posibles sobrevivientes en las áreas más afectadas por las crecidas.
Ante la magnitud del temporal, Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental y emitió una alerta de preparación para que las agencias estatales respondieran a las condiciones meteorológicas severas.
