Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
Video muestra cómo se vivió el doble terremoto en la costa de Venezuela
Un video difundido en redes sociales muestra cómo se vivió el doble terremoto que afectó a Venezuela y que ha dejado miles de víctimas, según el más reciente balance de las autoridades.
Las imágenes fueron grabadas por un pescador desde su lancha frente a la costa venezolana, en el océano Atlántico.
En el video se observa el momento en que las olas golpean con fuerza la costa, generando abundante espuma blanca mientras ocurre el fenómeno.
De acuerdo con el más reciente recuento de las autoridades venezolanas, hasta la mañana de este viernes se contabilizan más de 2,500 personas fallecidas a causa del doble terremoto.
Internacionales
Venezuela recibirá médicos y ayuda humanitaria de Argentina, Qatar y Jordania tras los sismos del 24 de junio
Venezuela recibirá un contingente de 40 médicos, personal especializado y una planta potabilizadora de agua enviados por Argentina para fortalecer la atención a las comunidades afectadas por los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, informó este viernes la Cancillería venezolana.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez, y el representante de la Fuerza Armada de Argentina, Gustavo Errobidart, tras un recorrido por el estado La Guaira, en el centro-norte del país, la entidad más afectada por los movimientos telúricos.
De acuerdo con la Cancillería, Ramírez supervisó el despliegue técnico e internacional en las zonas afectadas de La Guaira, donde se coordinan acciones con brigadas argentinas para acelerar la recuperación del litoral.
La institución también informó sobre la recepción de 28 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Qatar y Jordania, compuestas por insumos médicos, camas hospitalarias y alimentos destinados a atender a la población afectada.
Según el más reciente reporte oficial, los dos sismos que sacudieron el centro de Venezuela el 24 de junio dejaron un saldo de 2,295 personas fallecidas y más de 11,000 heridas.
Internacionales
Hallan muerta a periodista secuestrada en México
Las autoridades de México informaron este viernes que fue encontrado el cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada por dos hombres armados a principios de junio en el estado de Veracruz.
De acuerdo con la fiscalía estatal, el secuestro de la comunicadora quedó registrado en un video captado en su vivienda. Sus restos fueron localizados hace varios días en una casa y posteriormente identificados, según informó la institución mediante un comunicado.
La fiscalía también reportó la captura de ocho personas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen.
Según las investigaciones, los agentes «proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo» responsable del secuestro de la periodista.
Roxana Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados de México con mayor incidencia de crímenes contra periodistas.
El portal informativo que administraba opera a través de Facebook y difunde noticias y denuncias relacionadas con Nanchital, una comunidad de aproximadamente 30,000 habitantes.
De acuerdo con la información proporcionada, otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ha documentado más de 150 comunicadores asesinados en el país desde 1994.






