Judicial
Demandan a Roberto Dʼabuisson y su familia por Enriquecimiento Ilícito
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que ha demandado civilmente a Roberto Dʼabuisson y a su grupo familiar por el Enriquecimiento Ilícito de por la suma de 992,699.52 dólares, de los cuales no pudieron justificar su origen legal.
La fiscalía solicita a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla que Dʼabuisson devuelva dicho monto al Estado.
De acuerdo con la institución fiscal, lo defraudado corresponde al tiempo en que fungió como diputado de la Asamblea Legislativa y alcalde de la ciudad de Santa Tecla, Libertad, entre los años 2012 y 2018.
En dicho periodo se le determinaron 25 irregularidades que suman la cantidad de 898,032.02 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Mientras que, a su esposa, Jaqueline Janeth López de Dʼabuisson, durante todo este tiempo se le encontraron un total de 24 irregularidades que suman la cantidad de $513,428.64
A su hija Johana Dʼabuisson López, se le encontraron 8 irregularidades por $12,939.87. A su hijo Roberto José Dʼabuisson, López se le encontraron irregularidades por $15,480.00
Hoy se instaló el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Funes es acusado de realizar negociaciones ilícitas entre el 2012 y 2014, en la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, en Chalatenango, aceptando como dádiva una avioneta.
El ente fiscal cuenta con más de 230 documentos, 34 testigos y prueba pericial, los cuales serán aportados como prueba contra el exmandatario, a quien se le imputa el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, por lo que se pedirá la pena máxima.
Judicial
FGR pretende que exfuncionario de la presidencia, José Cáceres, reintegre al Estado $3,892.095.46 dólares
La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar por un monto total de $3,892,095.46 dólares.
El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes entre el año 2009 y el 2014. A Cáceres se le reclama un monto de $3,541.407.87, por 44 irregularidades presentadas en depósitos en efectivo y por medio de cheques en cuentas de ahorro, por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
La demanda también incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien se le señalan 11 inconsistencias en depósitos a cuenta de ahorro, adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85 dólares.
Y a su hija, Mariana Cáceres Flores se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74 dólares.
El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La documentación de la demanda está conformada por 32 piezas que contiene información patrimonial de los demandados.
El proceso civil tiene como base un informe de la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, en el año 2024, un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.
En los Tribunales Primero y Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó una nueva solicitud para agrupar en un solo expediente a 1,128 terroristas de la Mara Salvatrucha de seis clicas que por décadas habían estado extorsionando y asesinando en varias localidades del departamento de La Libertad.
Se trata de las clicas Porteños Locos Salvatruchos, con 106 pandilleros, Kaskajeras Locos Salvatruchos, que incluye a 126 de sus miembros, 94 mareros de la clica Villa Madrid Locos Salvatruchos, de la Cinco Cedros Locos Salvatruchos son 318, de la Quezaltecos Locos Salvatruchos, 323 y de la Zaragoza Locos Salvatruchos, la Fiscalía agregó a 161.
Todos fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 y que ha permitido a las fuerzas de seguridad capturar a más de 80,000 pandilleros y colaboradores.
Los 1,128 agrupados en un solo proceso ante los dos tribunales son acusados de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y de guerra, casos especiales de lavado de dinero y posesión y tenencia.
El ministerio público informó que entre los acusados hay pandilleros de diferentes rangos dentro de la estructura, incluyendo corredores de clica y de programa.
A los miembros de pandilla con el rango de homeboy de ser encontrados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas, la reformada Ley contra el Crimen Organizado ordena que se les debe imponer 30 años de cárcel y a los corredores de clica y programas, por ser cabecillas, la normativa establece que pueden ser condenados hasta con 60 años de prisión.
El 26 de julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo.
Para procesar en grupo a los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción.
Las medidas buscan agilizar los miles de expedientes que comenzaron a ser presentados en los tribunales la segunda semana de abril de 2022. Al aprobarse la reforma quedó establecido que los procesos deben ocurrir en un plazo máximo de 24 meses, y que los detenidos en el marco del régimen de excepción deben ser agrupados según sus clicas (estructuras) y canchas (lugares donde delinquían).
En un esfuerzo permanente por desmantelar las estructuras criminales, la @FGR_SV continúa presentado solicitudes para que varios pandilleros sean agrupados en un mismo proceso.
Estas solicitudes han sido presentadas ante los Tribunales Primero y Segundo Contra el Crimen… pic.twitter.com/SYHOjqWGty
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 14, 2024
