Cerca de 7.000 migrantes avanzan por el sur de México hacia Estados Unidos, en una de las mayores caravanas que han salido de la localidad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, en más de un año. Los migrantes se quejan de la falta de acción luego de los anuncios hechos en la Cumbre Migratoria de Latinoamérica, el pasado 22 de octubre. Muchos de ellos llevaban meses varados por la falta de permisos para transitar por territorio mexicano hacia la frontera norte.

«En Venezuela las cosas están muy duras, no podemos vivir con el dinero que tenemos, no nos alcanza, y por eso nos vamos a Estados Unidos», dice Óscar Gutiérrez, un migrante venezolano que viaja con su esposa y dos hijas.

Gutiérrez forma parte de la caravana de migrantes, en su mayoría centroamericanos y venezolanos, que el lunes 30 de octubre partió desde la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, sur de México, con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Los migrantes han decidido mantener su recorrido pese a la formación de la tormenta tropical Pilar, que puede provocar fuertes lluvias en Centroamérica y partes del sur de México, país recién azotado por el huracán Otis.

“Aquí nos vamos a quedar, vamos a valorar cómo viene el huracán y aquí vamos a quedarnos a descansar”, señaló Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos sin Fronteras y organizador de la caravana, justo cuando cuando los migrantes llegaron hasta la comunidad de Álvaro Obregón, a unos 15 kilómetros de Tapachula.

Escoltado por funcionarios de protección civil y ambulancias, el grupo, integrado por cerca de 7.000 personas, según Pueblos Sin Fronteras, avanza este 31 de octubre hacia el norte de México, muchos de ellos luego de haber esperado sin respuesta por varios meses un permiso de tránsito del Instituto Nacional de Migración (INM).

Mujica dijo a los periodistas que la mayoría de los integrantes de esta última caravana son ciudadanos de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.

La localidad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas y epicentro de una persistente crisis migratoria por su cercanía con Guatemala, se ha convertido en un punto de concentración de extranjeros que se ven obligados a esperar durante meses por sus permisos de tránsito.

Miles de esos migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica o que han atravesado la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, se aventuran cada año a caminar luego de meses de espera sin respuesta por el permiso del Gobierno mexicano para poder transitar por el país.

El de ahora es, sin embargo, el grupo más grande que se lanza a hacer ese recorrido desde la Cumbre de las Américas de junio de 2022, cuando la cita se centró, precisamente, en el tema de la migración y se armó una caravana, luego disuelta, de al menos 6.000 personas que buscaban llamar la atención de los líderes continentales sobre su situación.

Irineo Mujica explicó a periodistas que, en esta ocasión, los migrantes decidieron dejar Tapachula ante la imposibilidad de obtener los documentos migratorios. Según el director de la ONG, algunos migrantes varados en Tapachula se ofrecieron a viajar a Acapulco, el balneario mexicano azotado por el huracán Otis, para trabajar como obreros en la reconstrucción de los municipios afectados, pero no recibieron una respuesta.

Sin embargo, este 29 de octubre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que aglutina al sector privado mexicano, anunció la instalación de una mesa de trabajo, junto con la ONU y la organización Agenda Migrante, para detectar ofertas laborales para esta población.

Exigen una respuesta regional a la crisis migratoria
La salida de esta caravana tiene lugar en medio de un flujo migratorio “sin precedentes”, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El Gobierno mexicano estima que hasta 16.000 migrantes llegan cada día a las fronteras de México.

Y varios albergues de Tapachula se han declarado en emergencia.

“Todo por ellos” explicó que recibe a unos 6.000 migrantes de manera mensual, mientras que el refugio Belén, ubicado en la entrada de la ciudad, tiene alrededor de 500 migrantes, con lo que supera su capacidad tres veces.

Mientras, datos oficiales de Panamá indican que para septiembre pasado habían cruzado la selva del Darién más de 385.000 personas, frente a los 248.000 de todo 2022, el mayor número hasta ahora.

En la búsqueda de soluciones, una decena de gobiernos de países latinoamericanos, entre ellos algunos de los principales emisores de migrantes en la región, como Venezuela, Honduras o Cuba, presentaron el pasado 22 de octubre un plan para reducir el flujo migratorio hacia el norte del continente.

En una reunión, en Chiapas, México, acordaron impulsar el empleo digno, la autosuficiencia alimentaria y solicitar la ampliación de visas y programas de trabajo en Estados Unidos y Canadá.

Frente a ello, este 30 de octubre el Departamento de Estado presentó un informe sobre su programa de Oficinas de Movilidad Segura, creado para agilizar los trámites de refugiados y otros permisos migratorios.

Según ese balance, unas 61.000 personas solicitaron acceder a los centros de procesamiento de migrantes abiertos por Estados Unidos en Colombia, Costa Rica y Guatemala.

Sin embargo, solo el 8 % de los inscritos han sido remitidos para un «posible reasentamiento» en EE.UU., dijo a periodistas la encargada de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que busca la reelección en 2024, ha planteado abordar el tema con varios líderes latinoamericanos. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene planeado hablar con Biden sobre las conclusiones de la cumbre migratoria del 22 de octubre.