Política
VIDEO: Concejal de GANA sí votó por deuda de $10 millones afirma alcalde Miguel Pereira
El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, reaccionó ante las declaraciones que brindara el concejal de GANA, Mauricio Campos, respecto a los $10 millones que fueron aprobados con el pleno durante la reunión del Concejo Municipal la noche del martes.
Campos es de la opinión que su voto fue para que se aprobaran fondos que serían destinados para la ejecución de proyectos comunitarios y no para generarle deuda a la comuna por $10 millones.
«En ningún momento he votado por la titularización de los $10 millones que se llevaron a cabo en esta sesión del Concejo Municipal», expresó Campos.
En ese contexto, sus palabras generaron polémica porque no estaba clara su participación en la reunión del Concejo porque cuando levantó la mano no quedó claro si era para pedir la palabra o para votar a favor de la titularización de los millones.
Por su parte, el alcalde Pereira brindó detalles durante una conferencia de prensa que dio la mañana del miércoles de lo que ―a su criterio ocurrió en esa reunión con los integrantes del Concejo Municipal la noche del martes.
El jefe municipal explicó que la titularización de los $10 millones fue aprobado con 11 votos de los concejales del FMLN, PDC y GANA, en este caso representado por Mauricio Campos.
“Él vota justamente conmigo, posteriormente baja su mano y después la vuelve a levantar para pedir la palabra”, manifestó Pereira.
La repentina acción para pedir la palabra era porque, según el alcalde, Campos atendió una llamada telefónica en la que se le habría indicado que no diera su aval para la titularización de los fondos.
“Es normal que quiera revertir su opinión a raíz de la llamada que tuvo por la presión del señor Salgado, yo quiero felicitar al capitán Campos porque tuvo la valentía de votar, él se lo expresó a los ciudadanos que estaba en disposición de votar y fue lo que materializó, fue ovacionado y aplaudido por la gente”, detalló Pereira.
Sin embargo, parte de los reclamos del concejal Campos era que el edil y el secretario municipal no siguieron los respectivos protocolos que establece la normativa de la comuna.
Ese punto también fue aclarado por el alcalde quien explicó lo que establece el Código Municipal y algunas preguntas que le hicieron periodistas que cubrieron la conferencia de prensa.
“El Código Municipal es claro y dice que una vez el alcalde somete a votación los puntos y votan los concejales en ese instante surgen efecto los acuerdos, no surgen efecto después que se lee el acta; ese es un formalismo posterior. En ese instante surtió el efecto por la aprobación de la mayoría calificada del financiamiento; el secretario está obligado a contar los votos que están a manos alzadas”.
Pero, ¿para qué serán destinados los fondos?
De acuerdo con las proyecciones dadas a conocer por el jefe edilicio, $3.5 serán destinados para la intervención de las calles; $1 millón para la adquisición de 200 cámaras de seguridad y $4.5 millones para la recuperación del parque Barrios y la construcción del primero módulo del mercado municipal.
El funcionario manifestó que para dar fe de la transparencia de todo el proceso, así como la ejecución de las obras mencionadas han conformado mesas de transparencia integradas por ciudadanos, líderes comunales, jefes de Adesco, líderes religiosos, La Policía, Fuerza Armada, personal del CAM y cuanto ciudadano quiera participar.
“Así, con la recuperación del parque Barrios y el primer módulo del mercado municipal, se instalará la mesa con los representantes de los diferentes sectores que venden en el parque Barrios y de esa manera vamos a tener garantizado todo un proceso de transparencia desde el inicio con el diseño de este módulo y del parque Barrios hasta finalizarlo con el primer módulo del mercado”, ejemplificó Pereira.
Entonces ¿cómo surge el dato de los $18 millones?
De acuerdo con el jefe edilicio, la cifra de los $18 millones hace referencia a la deuda que la comuna tenía con una titularizadora, aunque aclaró que en el documento firmado se establece que son $10 millones.
“Hace referencia a la deuda que teníamos con la titularizadora, pero en el párrafo posterior claramente se establece que lo que se está sacando de la municipalidad son $10 millones”, dijo.
Añadió que la capacidad financiera de la comuna les permite, incluso, haber titularizado hasta $30 millones.
“La capacidad financiera que tiene la municipalidad sobrepasa los $18 millones… Si nosotros quisiéramos podríamos endeudarnos como municipalidad por $18 o $30 millones porque somos clase A tanto para el Ministerio de Hacienda, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la titularizadora, pero hemos sido responsables y estamos sacando solo $10 millones para las obras que hemos mencionado”, explicó.
¿Cómo será el proceso de la titularización de los $10 millones?
Una vez obtenida la clasificación A, por las instituciones detalladas por el alcalde, incluyendo la titularizadora, el siguiente paso será certificar el acuerdo.
Después se envía a la Superintendencia del Sistema Financiero con la documentación de los análisis realizados por el Ministerio de Hacienda y la empresa titularizadora.
Una vez hecho el análisis financiero se brinda un dictamen; el tiempo en que se comience hacer efectivo la titularización de los fondos dependerá de las ofertas recibidas, estas pueden surgir en una semana, un mes y hasta más tiempo, según explicó el edil migueleño.
Por: El Salvador Times.
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La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
