Política
Embajador de EE.UU., Ronald Johnson, desestima críticas al Gobierno del presidente Bukele
El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, aseguró que el Departamento de Estado ha certificado al país como destino de la cooperación de Washington, y desestimó las partes del informe oficial que critican el irrespeto a la separación de poderes y a la prensa crítica.
En una conferencia de prensa y junto al presidente de la República, Nayib Bukele, el embajador fue cuestionado por un periodista sobre un informe del Departamento de Estado en el que se expresan preocupaciones por el incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional, la libertad de prensa y la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero
“Todo mundo me pregunta por nuestra amistad, el presidente Bukele y su familia son mis amigos. No estamos de acuerdo en todo, pero si tiene un amigo que está de acuerdo con usted en todo, necesita encontrarse un nuevo amigo, porque usted necesita tener una relación honesta», inició el embajador su intervención.
Destacó que tiene amigos también en la Asamblea Legislativa, en el sector privado y en «cada partido político de El Salvador», con quienes tampoco está de acuerdo «en todo», y continuó justificando que El Salvador, de hecho, sí recibió el aval para ser destino de cooperación en el mismo informe.
El documento, dirigido a las cámaras del Congreso de Estados Unidos, sirve para determinar hacia dónde se aprueban los fondos y ratificar la política exterior estadounidense. Aunque El Salvador cumple los nueve criterios que utiliza la institución para calcular la idoneidad de un país para ser receptor, también hace críticas al Gobierno por poner en riesgo el Estado de Derecho.
Johnson omitió estos señalamientos y decidió destacar que el Departamento de Estado también ve éxitos de la administración Bukele, sobre todo en materia de seguridad y reducción de la migración irregular.
«Cuando usted ve la situación en El Salvador y las cosas que se han hecho últimamente, puede ver uno de los progresos más importantes, que es la seguridad y la reducción de los homicidios en el país, y también vemos la cooperación que hemos tenido en el área de la migración ilegal», indicó Johnson.
Además, recordó que el año pasado «este no era el caso», pues cuando Bukele llegó al poder, «se congeló el apoyo a El Salvador». Esta decisión respondió, sin embargo, a cambios en la política exterior del presidente Donald Trump.
El embajador de Estados Unidos indicó además que «es injusto que empecemos a ver los desafíos que se están teniendo cuando estamos en medio de la pandemia».
«Estados Unidos apoya a las tres ramas del Estado de esta democracia», aseguró el diplomático estadounidense al ser cuestionado por el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco de la pandemia de COVID-19. Pidió, además, que los tres poderes «encuentren una manera de trabajar juntos».
«Una de las cosas que sucede con la democracia es que van a haber desacuerdos y discusiones, así es como funciona. En los países comunistas no hay desacuerdos, todos aplauden, todo el mundo hace lo que el dictador le dice, y aquí en El Salvador sí tenemos desacuerdos», afirmó Johnson.
Para el embajador, los tres Órganos de Estado deben tener desacuerdos «de manera respetuosa» y llamó a escuchar los planes de cada uno. «Es probable que no sean tan diferentes», añadió.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.





