Política
Diputados votan a favor de aumentar penas para quienes dañen la integridad y el honor de las mujeres
Con los votos de 78 diputados, se aprobaron reformas a los artículos 50 y 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), orientadas a aumentar las condenas para quienes dañen la integridad y honor de las mujeres.
La presidenta de la comisión, Alexia Rivas, señaló la gravedad de las consecuencias para las mujeres víctimas de estos delitos: “Esto genera la muerte civil para las mujeres. Antes de que haya daños físicos y feminicidios, queremos proteger a las mujeres y a sus familias”.
En el caso del artículo 50, la pena actual es de uno a tres años por difundir de forma ilegal información personal que dañe la imagen de la mujer; la reforma planteada sube de tres a cinco años y especifica que se trata de una condena en prisión, lo cual no se expresaba en la ley.
En el artículo 51, las penas por la difusión de material pornográfico son de tres a cinco años; la propuesta es incrementarlas de cinco a 10 y añadir un agravante equivalente al aumento de dos terceras partes de la condena máxima si el material se obtiene aprovechándose de una relación sentimental, de poder o de confianza.
“Es importante que en esta lucha los hombres nos apoyen para erradicar estas acciones y cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Como legisladores tenemos la obligación de realizar reformas pertinentes y armonizar tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte”, afirmó.
Las modificaciones a la normativa armonizan con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, debido a la necesidad de contemplar las tecnologías de la información y comunicación, en donde están incluidas las redes sociales.
Con las reformas, el artículo 50 quedaría de la siguiente manera: Difusión ilegal de información: “Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de prisión de tres a tres cinco años”.
La difusión a que se refiere el artículo comprenderá el uso de cualquier forma de comunicación, sea esta verbal, escrita e impresa, o mediante el uso de imágenes, videos, redes sociales, correos electrónicos, servicios de mensajería o cualquier otro medio, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.
La Ley Especial contra los Delitos Informáticos establece lo que se incluye dentro de las tecnologías de la información y comunicación en su artículo 3, literal “L”: “Es el conjunto de tecnologías que permiten el tratamiento, la comunicación de los datos, el registro, presentación, creación, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio, transmisión o recepción de información en forma automática, de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, entre otros”.
La redacción para el artículo 51 sería la siguiente: “Quien publicare, compartiere, enviare, distribuyere o exhibiere material pornográfico utilizando recursos informáticos, electrónicos, redes sociales, tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio de comunicación en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer, real o simulada, sin su consentimiento, será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años”.
El agravante añadido: “Cuando el material pornográfico se produjere u obtuviere, aprovechándose de una relación sentimental, de poder o de confianza, la sanción se incrementará dos terceras de la pena máxima estipulada en el inciso anterior”.
“Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres es un deber de todos que, día a día, debemos cumplir en esta sociedad. No se trata de politizar el tema de la mujer, se trata de garantizar un respeto igualitario para todos”, añadió.
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
