Política
Colocar Juntas Receptoras de Votos al interior de las cárceles, es la propuesta de ARENA
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Colocar Juntas Receptoras de Votos (JRV) al interior de los diferentes Centros Penales del país, es la propuesta que presentarán los diputados del partido ARENA, ya que según ellos, se les facilitaría ejercer el voto a los privados de libertad.
La iniciativa involucra a los reos que no han sido condenados. Esto también se aplicaría dentro de los hospitales para que las personas con discapacidad puedan votar.
De acuerdo con el parlamentario tricolor, René Portillo Cuadra, quien además es miembro de la comisión de Reformas Electorales, la propuesta se estudiará en la Asamblea Legislativa.
Portillo Cuadra dijo que existe un aproximado de 40,000 internos en las cárceles. De esa cantidad, cerca de 19 mil ya cumplen condenas, mientras que 21 mil no han recibido sentencias condenatorias, por lo que tendrían derecho de votar.
El parlamentario agregó que «los que no están en esos 19 mil sí pueden votar, en ese sentido vamos a estudiar en la comisión la posibilidad de que se instalen JRV en los Centros Penales para las personas que están guardando prisión, pero que no han sido condenadas».
Portillo Cuadra detalló que será la Comisión que él integra la que definirá si esta iniciativa incluirá las elecciones para alcaldes y diputados del 2021. Aunque, de acuerdo a lo establecido por la ley, no se pueden realizar reformas a menos de un año de las elecciones, por lo que solo tendrían algunos días para aprobar dicha normativa.
«Lo vamos a discutir, se va a presentar en los próximos días y la vamos a someter al escrutinio de las demás fracciones políticas tenemos los votos y lo aprobamos», agregó el diputado.
La idea de que los reos que no han sido condenados ha recibido muchas críticas anteriormente, por lo que Portillo Cuadra afirmó que la propuesta surge luego de una observación hecha por la Unión Europea, la cual sostiene que una persona en penales solo pierde sus derechos hasta recibir condena.
Basado en ello, el parlamentario afirmó que al no poder acceder ellos a votar, nosotros le estaríamos violando los derechos políticos y eso sí riñe con la Constitución porque ellos no han sido condenados».
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
