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Política

Asamblea Legislativa aprueba con 76 votos Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia

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La Asamblea Legislativa aprobó anoche, con 76 votos, la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia que crea toda una institucionalidad para garantizar los derechos de cada etapa de la vida humana en lo concerniente al crecimiento y desarrollo integral, derechos de protección y derechos de participación.

La Comisión de Familia del parlamento emitió el dictamen favorable a la norma el pasado lunes, luego de incorporar al articulado las observaciones hechas durante la amplia discusión y debate donde tuvieron participación funcionarios del gobierno, jueces, representantes de oenegés y de organismos de cooperación internacional.

Suecy Callejas, presidenta de la comisión y diputada de Nuevas Ideas, anunció que las sugerencias tomadas en cuenta representan aproximadamente el 21 % de los más de 300 artículos que tiene el proyecto de decreto.

«La primera infancia, niñez y adolescencia no son el futuro, son el presente y debemos trabajar por ellos. No podemos seguir perdiendo generaciones y negando la posibilidad de que crezcan en un Estado que garantiza sus derechos», expresó la diputada Callejas.

La comisión de la familia, previo a la aprobación de la legislación, sostuvo ayer una última reunión de trabajo para realizar algunas mejoras en la redacción de algunos artículos de la futura normativa.

Los diputados de la mesa legislativa de trabajo también aprovecharon la sesión para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de que los plazos que rigen en los procedimientos administrativos públicos no sean los mismos cuando se tenga que proteger y tutelar derechos en la primera infancia, la niñez y adolescencia.

«En la Ley Crecer Juntos los plazos son más expeditos, rondan en las 24 y 72 horas, porque resuelven situaciones urgentes en la vida», de la primera infancia, niñez y adolescencia, dijo Callejas.

La legisladora recordó que en la Ley de Procedimientos Administrativos los plazos son más extensos, por lo que es necesario reformas en esa ley introduciendo un nuevo artículo que regule la materia de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que «es imposible comprender el fenómeno de la violencia sin entender el abandono que nuestra niñez ha sufrido. Los gobiernos tuvieron la ocasión y el deber de garantizar sus derechos y darles una nueva oportunidad, pero no lo hicieron».

La Ley Crecer Juntos por primera vez define qué es la primera infancia y establece garantías para su desarrollo integral y establece además que los beneficiarios son las personas desde el instante de la concepción hasta cumplir los 18 años de edad.

La legislación desarrolla derechos de crecimiento y desarrollo integral como el derecho a la vida, la protección al nacer, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, derecho a la lactancia materna, derecho a un ambiente sano y derecho a la identidad.

Asimismo, el derecho a la identificación, el derecho a crecer y convivir en familia, el derecho a la educación, el derecho a la integridad personal, el derecho al buen trato, entre otros.

La legislación también toma como punto de vital importancia el enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos en todo su contenido, así como también obliga al Estado a invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia.

La normativa también deroga de forma inmediata la ley de salas cuna y crea los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) que serán los espacios de estimulación y educación inicial para la niñez desde los primeros meses hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad.

Las instituciones públicas, privada con más de 100 empleados deberán de instalar CAPI así como los 262 gobiernos municipales para lo cual deberán de contar con un tiempo que va desde los seis a los dieciocho meses.

La Ley Crecer Juntos también da vida al Sistema Nacional de Protección de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia dando con ello fortalecimiento al Sistema Nacional de Protección para una mejor y mayor claridad en sus fines.

Además, la legislación crea todo un modelo de gestión que facilita la articulación del nivel nacional con el local, así como define el planteamiento claro para el diseño de políticas públicas, programas, medidas bajo el enfoque de la protección integral.

La normativa también crea la institucionalidad especializada en primera infancia, así como un ente rector del sistema para tal fin.

Asimismo, se establecen los procedimientos de Juntas de Protección y Procesos de la Administración de Justicia definiendo con claridad las atribuciones de las Juntas de Protección y Juzgados Especializados, logrando con ello la protección efectiva de la niñez y la adolescencia.

El proyecto de ley fue impulsado por la primera dama de la República, Gabriel de Bukele, que en el pasado reciente ya impulsó la Ley Nacer con Cariño que da un trato digno a la mujer y a su hijo antes, durante y después del parto.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció el mes pasado el liderazgo de la primera dama de la República por el trabajo realizado en pro de la niñez salvadoreña, a través de normas como la Política Crecer Juntos y la Ley Nacer con Cariño.

La Comisión de La Familia del congreso, previo a la emisión del dictamen favorable, sometió a sendas consultas y debate el proyecto de legislación, el cual fue prioridad en las últimas semanas de trabajo.

La Ley Crecer Juntos fusiona el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y el a Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), para crear el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

La normativa también lleva a la creación del Instituto Crecer Juntos, que se enfocará solo en la atención de la primera infancia y su funcionamiento se basa en las necesidades de la niñez y adolescencia, en el enfoque preventivo y en la ejecución de mecanismos previamente establecidos.

La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2023, más no así la derogación de la ley de salas cuna que comienza a tener efecto ocho días de la publicación de la Ley Crecer Juntos en el Diario Oficial.

Opinet

Analista Rafael Góchez considera que el mapa político no cambiará antes de las elecciones

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El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.

Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.

El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.

Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.

Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.

Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.

 

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Política

FMLN y ARENA avanzan con nuevas inscripciones de precandidatos

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Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.

Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.

Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.

El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.

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Política

CCR revisa procesos para constancias de candidatos de 2027

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La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.

El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.

«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.

Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».

La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».

Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».

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