Judicial
Víctima logró denunciar a una ladrona de buses tras varios meses de verla atracando en la ruta 13 y reconocerla por no tener un brazo
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, la presunta ladrona espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
A Claudia V., no le importó seguir incorporando delitos a su lista criminal. Su vida era la delincuencia y delinquía en las unidades del transporte público hasta que una de sus víctimas, cansada de verla todos los días en las mismas fechorías, decidió denunciarla pues logró reconocerla debido a que no tenía un brazo.
La delincuente es una mujer de 42 años de edad y dice ser una vendedora en el mercado de Soyapango, en San Salvador. Claudia era una mujer que no podría pasar desapercibida entre la gente ya que su porte robusto, su cabellera rapada, muchos tatuajes, un lunar en el ojo izquierdo y una mano amputada era su característico del resto de las personas. Era su estilo del cual se sentía orgullosa, pero que tiempo después le traería grandes consecuencias.
Según el expediente judicial, los hechos sucedieron el 10 de abril de 2018 a mediodía. Ana (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa después de su jornada habitual, abordó la ruta 13 y como era usual se sentó al medio del bus al lado del pasillo. Confiada en que nada sucedería, se relajó y disfruto del viaje.
Mientras esto pasaba, Claudia ya estaba dispuesta a dar uno de sus primeros atracos. Estaba en una de las paradas de la colonia Los Alpes, en San Salvador, y le hizo parada a la ruta. Se subió, pagó su pasaje y, cual águila, observó a su víctima desde el frente del autobús.
El vehículo comenzó a caminar y sin andar con rodeos se puso a un lado de Ana, quien creyó que necesitaba permiso para sentarse al lado de la ventana, pero la mirada seria de Claudia advertía otra cosa.
“Hazte para allá y cállate. No vayas a estar diciendo nada”, le dijo Claudia con un tono amenazante, según lo plasmado en el expediente judicial. Esto provocó que inmediatamente la mujer obedeciera, y sin titubear, logró acorralarla al fondo del asiento.
“Somos cuatro y ya viste que ando armada”, fue la amenaza mientras levantaba con sigilo su camisa para dejar ver su arma mohosa, seguido de esto comenzó a hacer señas de la Mara Salvatrucha (MS), expone el expediente judicial.
“Abrí la cartera”, ordenó. Ana dejó entrever todas sus cosas a la ladrona quien, con temor a ser descubierta, comenzó a sacar todas las pertenencias de valor que pudiera encontrar. Con un gran apuro le robó su billetera con $200, una celular propiedad de la empresa en la que trabajaba y todos sus documentos. La delincuente se levantó y se bajó corriendo de la unidad en una parada de la línea férrea sobre la calle Agua Caliente.
Ana no volvió a ver atrás, estaba asustada y sin saber qué hacer. De pronto, echó un vistazo por la ventana y vio como Claudia se cruzaba la calle con tranquilidad para abordar otra ruta 13 que estaba estacionada.
La captura
Según el expediente judicial sobre el caso, el largo historial de Claudia se remontaba incluso a un caso de agresiones por el cual fue procesada. Esto ocurrió contra una persona en la colonia La Campanera en 2010 y había sido catalogada como una delincuente común.
Desde entonces, continuó atracando en los buses. Ana, de hecho, a pesar del robo no dejó de usar esa misma ruta y eventualmente encontraba a su asaltante a quien prefería no mirar. Una vez marcada la rutina de la criminal, decidió interponer una denuncia para evitar que otras víctimas cayeran en sus garras.
Claudia pesar de sus precauciones jamás pensó volver a caer en las manos de la justicia. Sin embargo, durante un procedimiento en las cercanías de la colonia 5 de Noviembre luego de que Ana la denunciara.
Su captura fue efectiva cinco meses después del ataque durante un patrullaje preventivo de la Policía, ya que gracias a sus características fue fácil determinar que era ella. Ahora se encuentra resguardada en el centro penal de mujeres en Ilopango.
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, Claudia espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
