Sucesos
Carga laboral provocan derrame facial a joven de Cuidad Delgado
Sólo 15 minutos para comer; menos de dos para ir al baño. Siete horas de trabajo. Un teléfono que no para de sonar, insultos constantes y promesas de una carrera, es la vida de quienes trabajan en un centros de llamadas.
Mauricio jamás pensó que su vida cambiaría tan radicalmente en apenas una noche. Era septiembre de 2018 cuando una mañana, después de levantarse, se percató de que la mitad de su rostro estaba completamente inmóvil.
Lo primero que este empleado de un centro de llamdas de 34 años pensó fue que había sufrido un accidente cerebrovascular. “Tenía que cubrir mi oído por el dolor, y me di cuenta que no podía mover mi boca ni cerrar mi ojo derecho”, explica el originario de Ciudad Delgado.
Sin embargo, se percató que no podía ser un ataque cerebrovascular, ya que sólo había afectado a su rostro. “Yo aún podía hablar, aunque no se me entendía muy bien”, precisó.
Al pasar consulta en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), los médicos lo diagnosticaron con la parálisis de Bell, relacionada al estrés o la carga laboral.
“Fue un derrame relacionado al estrés del trabajo, eso me dijeron los médicos porque en mi caso yo no tenía infección o algún antecedente”, afirma.
A Mauricio le tomó más de dos meses poder recuperarse del padecimiento, cada semana tuvo que acudir alrededor de dos veces al ISSS para recibir fisioterapias.
“A simple vista no se me nota, pero yo sé que no soy el de antes. Aún no recupero la sensibilidad en una parte de mi rostro y un ojo me quedó más pequeño que el otro”, expresa.
Para Mauricio, fue un conjunto de cosas las determinantes para que él sufriera de la parálisis de Bell; las contantes exigencias, las metas por cumplir y los problemas entre agentes abonaron para que se enfermara en el trabajo.
“Muchos dicen que en los centros de llamadas pagan bien, pero no se ponen a pensar que no solo se trata de ir a sentarse y contestar llamadas. Hay muchos requisitos, como aguantar la presión de resolver casos, cumplir metas, cumplir con los tiempos estipulados y más”, dice.
A parte, afirma que en dicho trabajo “tenés que aguantar el carácter de cada cliente, aguantar la furia de los que llaman, puteadas y ofensas. Hay que calmarlos, y resolverles a como sea y si te cuelga volverle a llamar. Vos quisieras mandarlos a la mierda pero te tienes que armar de paciencia”.
En promedio, un centro de llamadas en El Salvador paga un salario de $600 al mes. Pero los empleados tienen que someterse a una serie de requisitos, a veces, hasta ridículos.
“Te dan una hora exacta para comer, 10 minutos para ir al baño en todo el día. Si entras un minuto tarde te descuentan y el celular o cualquier otra cosa la tienes que dejar en la entrada”, afirma.
Ya cuando Mauricio se logró recuperar y ya estaba listo para regresar al trabajo, la unidad de recursos humanos le notificó que la cuenta para la que él trabajaba había cerrado y lo indemnizaron.
“Nunca supe si en verdad la cuenta había cerrado, eso fue lo que a mí me dijeron y me indemnizaron. Al final fue lo mejor, ahora tengo un trabajo donde la paso más al suave y puedo ir al baño a la hora que yo quiera”, dice.
¿Qué es la parálisis de Bell?
La repentina pérdida de control muscular en un lado de la cara se asocia con un derrame cerebral. Esto último ocurre cuando un coágulo corta el suministro de sangre al cerebro, aunque la mayoría de las veces este síntoma corresponde a la llamada parálisis de Bell, inflamación de un nervio facial que causa debilidad o parálisis en la cara.
En la parálisis de Bell, sólo la cara está implicada y no hay confusión o debilidad en un brazo. Además, implica todo ese lado de la cara y la persona no es capaz de cerrar un ojo, la boca cae sólo en esa parte y no puede arrugar la frente en esa mitad del rostro.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
